Anticorrupción acusa de organización criminal a seis cargos de CDC y pide hasta 21 años de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción imputa un delito de organización criminal en calidad de dirigentes a Germá Gordó, exsecretario de Gobierno y exconsejero de Justicia del Gobierno catalán, y a Andreu Viloca, Francesc Xavier Sánchez Vera y Daniel Osácar, exresponsables de finanzas de CDC, en el escrito de acusación que ha presentado este miércoles en la Audiencia Nacional por el caso del 3%.

Tanto CDC como su sucesor, el PDeCAT, son acusados de un presunto delito de blanqueo de capitales por el que Anticorrupción pide que sean condenados a pagar una multa de tres millones de euros. Cuando se produjeron los hechos objeto de acusación, entre 2008 y 2015, CDC estaba presidida primero por Jordi Pujol y después por Artur Mas.

La acusación se dirige también contra otros dos exresponsables financieros de CDC —Carles del Pozo y Anna Dolors Benítez— así como distintos responsables de Autoridad Portuaria de Barcelona, Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) e Infraestructures.Cat.

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Anticorrupción acusa, asimismo, a 17 empresarios y a las sociedades Teyco, Urbaser, Fundación ACS, Soler Constructora, Copisa, Tec-Cuatro, Oproler Obras y Proyectos, Ayesa Enginyeria i Serveis, Impulsa Ortiz, Certos Obres y Serveis, Pasquina, Romero Gamero, Benito Arnó e Hijos y Construcciones Deco.

De acuerdo con el escrito de acusación, firmado por el fiscal José Grinda, durante ocho años (de 2008 a 2015), "altos cargos del partido Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta".

Según el fiscal, fue una "actuación sistemática" de financiación ilegal de CDC para la recepción de dinero de parte de empresarios y la transformación de esos fondos en ingresos que no tuvieran "la mácula de su origen ilícito".

No están todos

Anticorrupción sostiene que "al menos" desde 2008, CDC implementó y mantuvo un procedimiento mediante el cual las cantidades percibidas de los empresarios en concepto de donaciones a CatDem y Forum Barcelona eran trasladadas al partido "de modo que podía beneficiarse y disfrutar de ellas".

Anticorrupción reconoce que no todas las personas que están implicadas han sido descubiertas: "el sistema fue sustentado y ejecutado, además de por otras personas que no han podido ser identificadas, por Gordó, Sánchez Vera, Viloca, Del Pozo y Benítez", afirma.

Anticorrupción atribuye un papel central al exconsejero catalán de Justicia. Según el escrito, "los acusados adscritos a CDC, bajo la dirección de Gordó, llevaban a cabo un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios ofertadas por diferentes Administraciones del ámbito autonómico catalán bajo la esfera de poder de CDC (Ayuntamientos, Diputaciones, municipios u organismos dependientes de la propia Generalitat)".

Los cargos de CDC acusados "influían" en los responsables de esas Administraciones para conseguir que los concursos fueran adjudicados a las "empresas conniventes", cuyos responsables "propiciaban y autorizaban hacer afluir dinero a dicho partido político".

El escrito de acusación contempla otros nueve delitos además de los de organización criminal y blanqueo. Entre ellos figuran varios cohechos continuados, fraude continuado a la Administración, tráfico de influencias, corrupción entre particulares y prevaricación continuada.

Penas

El fiscal pide penas muy leves, que les permitirían no ingresar en prisión en el supuesto de que fueran condenados, para dos excargos del CDC —Francesc Sánchez Vera y Daniel Osácar— y para los empresarios Jordi Soler, Sergio Lerma y Josep Manel Bassols.

"Durante la investigación han tenido un comportamiento de activa y eficaz colaboración con la Administración de Justicia", dice Grinda. "No solo reconocen los hechos, sino que han aportado datos que han determinado esclarecer también otros hechos investigados y personas responsables de los mismos".

Igualmente, se piden penas mínimas para los empresarios Pedro Javier del Llano, José María Zaragoza, Ramón Anglada, Jordi Durán y Emilio Carpintero, "que reconocen también los hechos con anterioridad a la finalización de la actual fase intermedia", esto es, antes de abrirse el juicio oral. "De esta manera, dichos acusados han permitido simplificar la investigación, de manera muy relevante", señala.

Respecto a los demás acusados, la solicitud de penas llega hasta los 21 años y cuatro meses de cárcel en el caso de Viloca, considerado «el centro neurálgico de la estructura». 

Viloca "controlaba los concursos y las reuniones, relacionándose con políticos, responsables de organismos públicos y empresarios", afirma el escrito de acusación.

La Fiscalía pide 18 años y diez meses de prisión para Germá Gordó; 14 años de prisión para Carles del Pozo y 10 años de prisión para Anna Dolors Benítez.

Respecto a las autoridades administrativas, la petición de penas del acusador público es de 11 años de cárcel para Ángel Sánchez Rubio, que fue director general de BIMSA; siete años y seis meses para Ernest Santolaria, exdirector técnico de BIMSA; cuatro años y seis meses para Constantí Serrallonga, exgerente de BIMSA; 10 años de prisión para Josep Antonio Rosell, exdirector general de Infraestructures.Cat, y cinco años para Joan Lluis Quer, consejero delegado de Infraestructures.Cat.

Para Sixte Cambra, que fue presidente de Autoridad Portuaria de Barcelona durante los hechos, el fiscal pide cuatro años y seis meses de prisión.

Antoni Vives Tomás, teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona bajo el mandato de Xavier Trías, además de expresidente de BIMSA y exvicepresidente de Autoridad Portuaria de Barcelona, se enfrenta a una solicitud de penas de seis años y un mes de cárcel.