La empresa pública que pagó a Luceño y Medina revela que no conoce al extraño comisionista chino

La funeraria municipal de Madrid, la empresa pública que compró los productos sanitarios a los imputados Luis Medina y Alberto Luceño, ha comunicado al juez del caso Mascarillas que no sabe quién es Lin Shin.

Este nombre figura en una tabla, entregada al Juzgado por Medina, como la tercera de las personas que cobró una comisión por esta compraventa, además de los dos investigados en esta causa.

Por ello, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el magistrado instructor Adolfo Carretero ordenó tanto a Luceño como a la funeraria municipal que aportasen todos los datos sobre esta persona.

[El juez pide a Luceño que aclare quién es Lin Shin, el asiático que habría cobrado otra comisión]

Y, en un escrito dirigido al magistrado, fechado este jueves y al que ha tenido acceso este periódico, la empresa pública asegura que "no tener conocimiento de la participación en la operación de quien se refleja en el cuadro de comisiones como Lin Shin". Es más, manifiesta "no tener conocimiento de quién puede ser" este asiático.

En el caso Mascarillas, el juez investiga la supuesta estafa sufrida por el Ayuntamiento de Madrid en esta compra de mascarillas, guantes y test contra el coronavirus, efectuada al inicio de la pandemia, en 2020. Luis Medina y Alberto Luceño están imputados por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Fotomontaje de los dos imputados en el 'caso Mascarillas: Luis Medina (i) y Alberto Luceño (d) Europa Press

Fue este último quien habría entregado a Medina la tabla que muestra el reparto de comisiones en la operación. Ahí figura el nombre de Lin Shin, desconocido hasta entonces.

Podemos, personado en este caso como acusación popular, solicitó al juez que ordenase recabar todos los datos sobre esta persona. Y así lo hizo el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.

En el escrito en el que lo solicitaba, la formación izquierdista señalaba su "sorpresa" al comprobar que la suma de las cantidades que aquella tabla asignaba a Alberto, a Lin Shin y a Leno (la empresa malasia suministradora del material sanitario) "sean prácticamente coincidentes con las que fueron finalmente percibidas por el investigado Luceño".

Además, en la querella que dio inició a esta causa judicial, la Fiscalía Anticorrupción señalaba que este último habría ocultado a Luis Medina, su socio en la operación, que sus comisiones no eran idénticas, sino que la del primero era tres veces superior a la del segundo.

San Chin Choon

Y el de Lin Shin no es el único nombre asiático sobre el que planean ciertas dudas. El responsable de la compañía Leno es San Chin Choon, el empresario malasio que suministró a Luceño y a Medina el material sanitario que ambos hicieron llegar al Ayuntamiento, a cambio de suculentas comisiones.

Antes del verano, el Juzgado recibió un e-mail atribuido a Chin Choon que confirmó, punto por punto, la tesis de la defensa de los dos imputados: negó cualquier irregularidad en la venta al consistorio y presentó a ambos investigados como "agentes de venta" exclusivos de Leno.

Fragmento del 'e-mail' remitido al Juzgado de Instrucción 47. EL ESPAÑOL

Pero la Fiscalía sospecha del lenguaje —un spanglish más propio de un hispanohablante— en el que está redactado este correo electrónico. Por ello, solicitó al juez Carretero que averigüe más datos sobre la relación entre Luceño y San Chin Choon. Ello provocó la apertura de una pieza secreta en el caso Mascarillas.

El pasado mes de septiembre, en el marco de esta pieza secreta, la Policía accedió al domicilio y a la sede de una de las empresas propiedad de Alberto Luceño. Los agentes encontraron allí, entre otros objetos, hojas con "impresiones" del CNI y una supuesta placa del Centro Nacional de Inteligencia. El comisionista Luceño alegó que era de juguete, parte de un disfraz.

'Caso Mascarillas'

A principios del pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.

Lo habrían hecho —a ojos del Ministerio Público— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Además, entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado. 

La funeraria municipal, encargada de esta compra, pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público. Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada.

Su labor se habría limitado a ofrecer un catálogo de material al Ayuntamiento y a facilitar un contacto que, a su vez, recibió por parte de un primo del alcalde de Madrid. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.

Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias.

Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero y varios coches deportivos—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal, siempre según la querella de la Fiscalía.

Ambos están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. 

El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez fue interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.

En un auto del pasado 20 de octubre, el juez del caso Mascarillas ha optado por mantener la imputación de Luis Medina por este último delito, el de alzamiento de bienes. El aristócrata ofreció al Juzgado la parte que le corresponderá de la herencia de su abuela, pero Carretero recuerda en su auto que el litigio en un juzgado sevillano por los bienes de la difunta aún no ha concluido. Por ello, hasta que la sentencia no sea firme, dichas propiedades no pueden embargarse.