Imagen de archivo de las togas de varios magistrados.

Imagen de archivo de las togas de varios magistrados. Efe

Tribunales PODER JUDICIAL

El juez que investiga las calumnias a la cúpula judicial cita en septiembre a otros cuatro imputados

La Audiencia Nacional pone fecha a los interrogatorios de otros cuatro imputados en la investigación de las supuestas calumnias a jueces.

28 julio, 2022 03:07

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encargado de investigar las supuestas calumnias vertidas contra miembros de la cúpula judicial y otros miembros de las instituciones del Estado, ha citado como investigados a cuatro personas los días 13 y 15 de septiembre.

Se trata de Juan Martínez Grasa y Álvaro Arteaga, quienes deberán acudir el día 13 a las 11.00, y de Alberto Royuela y Santiago Royuela, citados para el día 15 a las 10 de la mañana. Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Todos ellos se suman al exjuez Fernando Presencia, ya investigado en este caso.

Un reciente auto de Joaquín Gadea, magistrado de refuerzo del Juzgado, ordenó bloquear el canal de YouTube de Santiago Royuela. Se trata de una plataforma, con más de mil vídeos y 50.000 seguidores, en la que este investigado difunde una teoría conspiranoica que lleva su apellido —el Expediente Royuela y que implica a miembros de las altas instituciones del Estado.

En aquella resolución, el juez Gadea también menciona a Martínez Grasa como firmante de varias denuncias ante la Agencia Tributaria que señalan a varios jueces como depositarios de cuentas bancarias en el extranjero. 

Asimismo, tal y como consta en dicho auto, Álvaro Arteaga remitió una carta a la Embajada de Alemania en España en la que aportaba "datos relativos a una supuesta organización criminal de políticos y juristas españoles de reconocida competencia". Su relato acabó archivado por parte de la UDEF, ya que "parece carecer de toda verosimilitud indiciaria como medio de prueba" y tampoco aportaba "elementos objetivos que apoyen la verosimilitud de la información".

Por su parte, Alberto Royuela dirigió a esta unidad policial, la encargada de combatir la delincuencia económica, una carta "en la que indicaba que había recibido una documentación anónima sobre unos pagos en una entidad bancaria de la Isla de Man a nombre de [el expresidente del Gobierno] José Luis Rodríguez Zapatero".

A ojos del juez Gadea, "puede concluirse la participación" estos cuatro individuos "en los hechos investigados en el presente procedimiento, por lo que debe procederse a su citación como investigados".

Exjuez Presencia

En el marco de este caso, el Juzgado ya citó a declarar al exjuez Fernando Presencia, imputado por supuestas injurias y/o calumnias y por un posible delito contra las altas instituciones del Estado.

El pasado 7 de julio, Presencia se acogió a su derecho a no declarar y rechazó ser examinado mentalmente por un perito forense de la Audiencia Nacional, como le había ofrecido previamente Joaquín Gadea. Por contra, presentó un informe de un psiquiatra que certificaba su estabilidad.

En el auto con el que imputó a Fernando Presencia, el magistrado recordaba que el investigado, quien fue decano de los Juzgados de Talavera de la Reina (Toledo), sigue atribuyéndose "falsamente" la condición de juez, pese a que fue expulsado de la carrera judicial.

Calumnias a jueces

Esta investigación se inició con la denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Presencia, después de que, por orden de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el Ministerio Público abriera una investigación.

Antes, la Fiscalía había recibido una alerta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a petición de un magistrado del Tribunal Supremo, que advirtió de las "falsas imputaciones" que Fernando Presencia dirigía contra varios jueces. Algunos de ellos fueron quienes optaron por su expulsión de la carrera judicial.

Los contenidos que recogía la web de la organización que encabeza Presencia (Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública; Acodap) han acabado replicados en portales digitales de ultraderecha, además de en varios canales de YouTube.

El juez Gadea ya ordenó el bloqueo cautelar de esta web. Y volvió a hacerlo una vez la página varió su dominio —de puntocom a puntoorg— y sus contenidos, por tanto, volvieron a ser accesibles para el público.

No obstante, ya se habían registrado intentos de modificar el perfil de Wikipedia de alguno de los magistrados o dirigentes a los que se atribuía estas conductas para incluirlas en su biografía.