El comisionista Alberto Luceño recurre el análisis de la calidad de sus mascarillas por "inútil"

El Ayuntamiento de Madrid pagó 6,6 millones de dólares (6,4 millones de euros) por un millón de mascarillas KN95 adquiridas en la fase más dura de la pandemia del coronavirus, cuando todas las Administraciones públicas peleaban por conseguir material sanitario para hacer frente a la Covid-19.

Luceño y su socio, Luis Medina "ocultaron" al consistorio —sostiene la Fiscalía— que el 60% de precio pagado por los cubrebocas se lo iban a llevar ellos. La comisión de Luceño por las mascarillas ascendió a tres millones de dólares y la de Medina, a un millón.

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La Fiscalía, que atribuye a Luceño y Medina un presunto delito de estafa agravada, entre otros, sostiene que fueron esas comisiones lo que encareció un producto que el vendedor —la empresa asiática Leno— "habría estado dispuesto a vender a un precio inferior, el 40% de lo que el Ayuntamiento pagó".

El precio

Pero la dificultad jurídica de construir una tesis incriminatoria exclusivamente sobre la base del precio del producto en las circunstancias que se vivieron durante la primera fase de la pandemia ha hecho bascular las diligencias hacia la calidad de las mascarillas.

En esas fechas no existía un mercado que pudiera ofrecer información de precios de los productos sanitarios debido al caos provocado por la crisis de la Covid-19 y existía una demanda mundial muy por encima de la capacidad de producción.

En esos mismos días, y también en Madrid, el Gobierno regional llegó a pagar 6,5 euros por mascarilla (en un contrato firmado el 30 de marzo de 2020 con Palex Medical), cifra superior a lo que le costaron al Ayuntamiento las mascarillas de Leno (6,4 euros).

Una de las últimas diligencias practicadas ha sido la declaración del jefe de Prevención de Riesgos Laborales de Madrid Salud, Mario Tabasco. Manifestó que tiró de las gomas de una mascarilla y se rasgó, aunque también indicó que no hubo quejas de ningún funcionario y él no se opuso a que se utilizasen.

El instructor ha acordado encargar a la certificadora Aenor que "tras el análisis de las muestras de mascarillas que obran en la causa, informe sobre el grado de idoneidad de dichas mascarillas en relación con la normativa vigente en el año 2020".

El defensor de Luceño, Javier Sánchez-Vera, del bufete Oliva-Ayala, se ha opuesto a esa diligencia y ha llevado el asunto a la Audiencia de Madrid tras ver rechazado su recurso de reforma por el instructor.

"La diligencia es inútil e innecesaria", sostiene. Inútil, "porque en ningún caso va a contribuir a esclarecer los hechos". E innecesaria, porque "ya existe en la causa un informe realizado por la Policía Municipal de Madrid que da precisa respuesta a lo que ahora se solicita de Aenor".

"Sobre todo", añade, "es un hecho notorio la simplicidad de los hechos: las mascarillas fueron utilizadas y, a tiempo real, fueron consideradas 'las mejores', de muy buena calidad".

Así lo ha mantenido reiteradamente la funcionaria que negoció la compraventa, Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. La propia Fiscalía Anticorrupción afirma en su querella que las mascarillas eran "de buena calidad".

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La defensa de Luceño rescata el testimonio de Mario Tabasco para aclarar que "nunca afirmó que las mascarillas no tuviesen la calidad requerida, ya que él no hacía un análisis de calidad, sino reglamentario, y que al estar la documentación de las mascarillas en chino no podía leerlo para comprobar su adecuación reglamentaria".

El interrogatorio de Tabasco fue así:

Juez: ¿En su informe dice que esas mascarillas deben ser desechadas completamente o no?

Tabasco: No, no, yo no digo eso.

Juez: ¿Y por qué no lo dijo si tan mal estaban?

Tabasco: No, porque yo no lo sabía. Yo decía de los papeles chino: 'Yo no digo nada, si cumple con el KN95, vale'.

"La prueba documental ya obrante en la causa establece con claridad la idoneidad de las mascarillas en relación con la normativa vigente en el año 2020. Obra [en ese sentido] el informe de la Policía Municipal de Madrid", subraya la defensa, que reprocha el encargo de un nuevo informe "por el hecho de que las conclusiones del ya obrante no casen con las pretensiones acusatorias. Está tratando de ponerse en duda, un elemento fáctico ya acreditado".

Cadena de custodia

El recurso de apelación cuestiona, además, la fiabilidad que pueda tener el test encargado por el instructor, debido a la falta de garantías sobre la cadena de custodia de las mascarillas sobre las que se va a realizar.

"Según parece", dice, "obrarían en la causa dos muestras". La primera fue la mascarilla que Collado entregó al fiscal durante su declaración en Anticorrupción el 16 de marzo de 2021. Pero la funcionaria advirtió de que estaba "tuneada". "Es decir", señala la defensa, "que se trata de una supuesta muestra distinta de las remitidas [por Leno], por haber sido ya manipulada".

"Decimos 'supuesta' muestra por cuanto tal mascarilla carecía de cualquier tipo de trazabilidad o de cadena de custodia de ser realmente una de las mascarillas de Leno. Es claro que una mascarilla 'tuneada' no puede servir como base para hacer un informe científico, y menos aún si no existe seguridad sobre si tal mascarilla es una de las mascarillas de Leno. No miles, millones, de mascarillas hubo y ha habido durante la pandemia y postpandemia".

"Sin una acreditada trazabilidad, documentada, fehaciente, de la mascarilla que Collado dejó en Fiscalía, no es posible realizar el análisis que se pretende", argumenta.

La segunda muestra procede de un 'archivador con material sanitario' remitido por el Ayuntamiento de Madrid al fiscal. "Sucede lo mismo: este archivador carece absolutamente de cadena de custodia, lo que invalida dichas muestras para la realización de informe alguno", considera la defensa.

Muestras insuficientes

El recurso defiende, asimismo, la "ausencia de cientificidad de la 'pericia' que se pretende".

Explica que "para realizar un informe con pretensiones de cientificidad sobre el envío de un millón de mascarillas que ostente un mínimo de garantías, debería necesariamente realizarse un muestreo de dicho envío, es decir, realizar una selección de mascarillas de las múltiples cajas enviadas".

Así se hace en las periciales de toxicología, para las que se toman muestras en diversas zonas del producto incautado. "Se entiende que, si únicamente se toma una muestra de un lugar, ello no es coherente con afirmar que se ha analizado el conjunto de la sustancia incautada. No se analiza la pureza o características de una tonelada de sustancia incautada tomando unos pocos gramos de uno de los paquetes, el que se tenga más a mano, y por lo demás la cadena de custodia debe ser exquisita: propia de un proceso penal".

"Lo mismo ocurre, o debería ocurrir, en nuestro caso", concluye. "Unas pocas mascarillas, de un pedido de un millón, nunca podrán constituir un muestreo suficiente para que el resultado del análisis sea extrapolable al millón completo de mascarillas".