Fotos del Rey, sugerencias para atentar y 'pendrives' cifrados: el rol del 'frente de abogados' de ETA
La sentencia del 'caso Halboka' detalla la cooperación de varios letrados con los dirigentes de la banda terrorista y su labor de "cohesión" de los presos.
4 abril, 2022 02:11Noticias relacionadas
Cuando la Guardia Civil detuvo a Arantza Zulueta en 2010, encontró en su bolso un USB con datos del rey Juan Carlos I. De Bilbao, nacida en 1962, célebre en los entornos de la izquierda radical vasca, Zulueta era una de las letradas habituales a la que recurrían los presos de ETA.
El mismo día, la Benemérita registró el despacho de Jon Enparantza. En una mesa de este otro abogado, los agentes encontraron un disco duro Toshiba de 80 GB. Dentro había varias fotografías encriptadas del yate Fortuna fondeado en las aguas cristalinas de Menorca. La embarcación era la que usaba a menudo la Familia Real en los veranos de aquel entonces.
Enparantza también había sido abogado de presos de la banda terrorista. Y no sólo eso. La Audiencia Nacional le condenó el pasado jueves, junto a Zulueta, por ser miembros del llamado frente jurídico de ETA.
La larga sentencia, de 549 folios, desgrana los múltiples contactos entre este frente, denominado Halboka, y la cúpula y presos de la banda. Tal y como consta en la resolución, Arantza Zulueta, apodada Marxel o Bixer, se convirtió en 2006 en la "máxima dirigente" del colectivo de abogados de ETA, por lo que tenía una "comunicación permanente con la dirección" de la banda.
Los jueces reiteran una y otra vez que ambos no eran meros letrados de los presos, sino que dicha estructura estaba "plenamente integrada" en la organización terrorista. Incluso, gozaban de nombres en clave y eran denominados bertsolaris (poetas) o apaizak (curas).
Sugerir atentados
Los datos sobre el monarca y las imágenes del barco son sólo una muestra de los blancos que ambos letrados sugirieron a la banda para que atentasen contra ellos. Más allá de la Corona, propusieron al líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba —averiguaron qué restaurante frecuentaba en Madrid el entonces ministro—, la dirigente del PP vasco María San Gil, su compañero de partido Ramón Rabanera, el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa o el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Así lo plasmaron en un informe sobre Enparantza Agirre tres agentes de la Guardia Civil. Y así lo ratificaron en la Audiencia Nacional, durante el juicio al frente jurídico de la banda, que quedó visto para sentencia el pasado noviembre. Acerca de este abogado, los guardias civiles indicaron que hacía propuestas a los etarras sobre "potenciales objetivos".
Por ejemplo, Enparantza sugirió en 2009 atentar contra el lehendakari Íñigo Urkullu, del PNV. E, incluso, contactó con la dirección de la banda para trasladar que "algunos políticos pasan días de vacaciones por la zona de La Rioja", como San Gil, teniente de alcalde del ayuntamiento de San Sebastián en el periodo 1999-2002 y diputada autonómica, además de presidenta del PP del País Vasco.
El abogado propuso también un atentado contra la comisaría de la Ertzaintza del Barrio del Antiguo de San Sebastián, usando una bicicleta con una bomba adosada en la silla supletoria. Así sugirió golpear a "los zipaios", el término despectivo con el que denominaban a los ertzainas.
Cuando en 2008 se detuvo en Francia al responsable del aparato político de ETA, Francisco Javier López Peña (Thierry) se le incautó un documento con esas mismas instrucciones. Aquel papel indicaba que "la fuente de esta información es Mik", el alias que los investigadores atribuyen a Jon Enparantza Agirre.
En otra de estas "comunicaciones orgánicas", en 2009, el letrado propuso a ETA convertir en "un ataque trampa" las fotografías de los presos que se colocaban en diversos espacios públicos, con el objetivo de herir a "los zipaios" si intentaban retirarlas.
La sentencia reitera la estrecha vinculación del frente jurídico con la actividad de la banda. La resolución recoge que, en octubre de 2006, ETA pidió a Arantza Zulueta que redactase un informe sobre las medidas de seguridad de la sede de la Audiencia Nacional en Madrid para cometer un atentado contra el organismo judicial. Tres años después, en 2009, la cúpula de la banda le encargó la dirección de una suerte de servicio de inteligencia, al que bautizaron tela de araña.
'Pendrives' encriptados
Al registrar el despacho bilbaíno de la letrada, la Guardia Civil encontró un pendrive de 4 gigabytes tras un cuadro. El aparato albergaba varios archivos que contenían imágenes de la ubicación precisa de cuatro zulos que custodiaban armas y explosivos. Estaban en una zona boscosa al sur de Francia, cercana al monte Jara, entre las localidades de Baigorri y Garazi.
Por ello, la Audiencia ha condenado a Zulueta, además de por el delito de integración en organización terrorista (4 años), por depósito de armas y explosivos (3 años y 6 meses).
Pero no era éste el único pendrive oculto en el despacho y la vivienda de la abogada. En la funda de una tabla de surf, la Guardia Civil halló otro dispositivo cifrado, con comunicaciones entre la letrada y la dirección etarra sobre la defensa de varios miembros de ETA, operaciones policiales contra la banda y el proceso de negociación con el Gobierno español en 2007.
Otra de las condenadas, Naia Zuriarrain Mendiguren (alias Lierni), trabajaba como secretaria e informática en el despacho de Arantza Zulueta. La sentencia le atribuye la dirección del colectivo de presos de la banda, dependiente de Halboka. Entre sus funciones, destaca la de introducir en las prisiones un boletín clandestino que difundía entre los presos la "dinámica de lucha" carcelaria.
También tenía un rol destacado en una de las principales labores del frente jurídico: "mantener el control sobre la homogeneidad en el pensamiento y en la acción" de los reos de ETA.
¿De qué manera? Los investigadores encontraron varias pruebas dentro de un secador de manos hueco ubicado en el baño del despacho de otro de los acusados, Iker Sarriegi Etxabe. Allí, localizaron dinero y "numerosos documentos, algunos de ellos enrollados en forma de canutillos y envueltos en plástico, forma habitualmente utilizada para introducir o sacar [de la cárcel] las comunicaciones entre los presos de ETA y la dirección de la organización terrorista". "Aupa, burkide" ("Hola, camarada"), rezaba el encabezado de uno de esos manuscritos.
A "disposición" de ETA
Por todo ello, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideran que los miembros de Halboka no eran meros letrados de los terroristas, sino que mantuvieron "la vinculación de los mismos con la dirección de la organización terrorista y les transmiten las directrices de ésta". Y, tal y como añade la sentencia, pusieron sus servicios y sus despachos "a disposición de la banda, desde cuyos emplazamientos enviaban y recibían encargos".
Los cuatro condenados —Arantza Zulueta, Naia Zurriarain, Jon María Enparantzae e Iker Sarriegi— facilitaron una "fluida y constante" comunicación entre este brazo jurídico, la dirección de ETA y el colectivo de presos y expresos de la banda.
Al conocerse la sentencia, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ) manifestaron su satisfacción. "Avala la tesis acusatoria que hemos mantenido desde el principio: todo ese entramado político, económico y social es ETA", reza un comunicado de la AVT.
DyJ celebra las condenas, ya que "demuestran que, detrás de los asesinos que aprietan el gatillo, siempre hay otros autores que coordinan la actividad terrorista". Y añaden: "Esta vez, es la trama civil de la banda, los autores con corbata y toga que se escondían tras quienes apretaban el gatillo".