"Si el vaso no está limpio, lo que derrames en él se corromperá", reza una metáfora atribuida al poeta romano Horacio. La corrupción —y la preocupación por ella— es mucho más antigua que los telediarios y las Gürtel, Filesas, Noós, Malayas y EREs. Es tan vieja como algunos de los primeros proto-Estados. Y, en las últimas décadas, parece haber encontrado en la antigua Hispania romana un ecosistema afín —sobrecostes en obras públicas, partidos jerarquizados, nombramiento a dedo, regulaciones laxas...— que se resiste a abandonar.
El juez Joaquim Bosch (Cullera, Valencia, 1965), no obstante, descarta que las corruptelas formen parte del ADN patrio. "Eso sería una mala noticia", indica. Pero sí ve el vaso español aún algo sucio, con trazas de una corrupción heredada de los tejemanejes del franquismo, que la Transición olvidó deliberadamente limpiar y que los sucesivos gobiernos democráticos tampoco quisieron depurar.
Así lo constata en su último libro, La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España (Ariel), a la venta desde el pasado día 26, en el que la analiza desde las ópticas de la Ética, el Derecho, la Historia o la Sociología. Sobre el tercer tiempo verbal —el futuro—, sugiere algunas recetas para que "el problema más lacerante de nuestra política" quede desterrado de las instituciones españolas.
Cuenta en su libro que la corrupción en España no se debe a unos genes pícaros, a un ADN sinvergüenza.
No hay causas genéticas ni climatológicas que expliquen la corrupción de ningún país. Tampoco de España. Es un problema de cómo están configuradas las instituciones. De hecho, podemos comparar a España con algunos países asiáticos, africanos o latinoamericanos, que también tienen problemas de corrupción, y no hay un nexo cultural común que nos una a ellos. Lo que sí hay común es un problema de configuración de los organismos públicos o de los equilibrios institucionales que favorecen la actuación de las tramas corruptas. Hay países que tuvieron problemas de corrupción en el pasado y que, gracias a ciertas reformas, han mejorado bastante.
Echa parte de la culpa del problema a la corrupción heredada del franquismo.
Yo creo que la corrupción del presente es responsabilidad exclusiva de los gobernantes democráticos y de la propia ciudadanía. Ahora bien, estos problemas se entienden bastante mejor si analizamos cómo se expandió la corrupción durante la dictadura. Para hacer un buen diagnóstico, el historial clínico es muy importante. Por ejemplo, las redes clientelares del régimen de Franco se reconvirtieron en las redes clientelares de los principales partidos políticos. Esas continuidades nos sirven para entender mejor el problema y también las resistencias a las reformas necesarias.
Habla de que la Transición esquiva, deliberadamente, las reformas.
Era muy complicado poner sobre la mesa el problema de la corrupción del franquismo durante la Transición. En gran parte, este periodo fue dirigido por antiguos cargos de la dictadura y era complejo reprocharles los crímenes del franqusimo, las violaciones de derechos humanos... Porque se estaban cerrando grandes pactos de Estado con ellos. Las circunstancias de España en ese contexto eran muy complejas.
Creo que hay que cuestionar las lecturas simplistas de la Transición, en un sentido y en otro: las que dicen que fue idílica y las que dicen que fue un periodo de traiciones. Tuvo muchas virtudes y hubo cuestiones que no se pudieron tocar, como abordar reformas contra la corrupción.
Ya en el sistema democrático de partidos, algunas reformas quedan pendientes. Y así hasta hoy.
La Transición lo tuvo muy difícil para romper con la corrupción del franquismo. Pero, en los años posteriores, hubiera sido relativamente más sencillo. A pesar de las inercias que había, como que gran parte de los cargos del franquismo continuaron en política o acabaron en sectores empresariales vinculados a la corrupción...
Los dirigentes antifranquistas tampoco tenían experiencia de gestión democrática de las instituciones como la de otros países europeos. Con esos mimbres se tuvo que crear el nuevo cesto de la democracia y, de alguna forma, improvisar el sistema democrático.
"En España no ha habido voluntad política suficiente para acabar con la corrupción"
El sistema de partidos generado en la Transición —con cúpulas muy jerarquizadas con poder enorme, poca transparencia interna en la gestión económica...— acabó favoreciendo la corrupción porque, en parte, se aprovecharon las estructuras institucionales que ya había: para financiarse ilegalmente, para controlar sus organizaciones... Esas dinámicas, en lugar de ser cuestionadas y reformadas tras el franquismo, se transformaron.
Y la corrupción siguió, pero adaptada a los tiempos...
Siguió habiendo corrupción. Y hay casos de continuidad clarísima. Pensemos en la corrupción urbanística durante el franquismo vinculada al turismo: pelotazos, megaconstrucciones en el litoral, recalificaciones de terrenos...
O fíjate en que los altos cargos se nombraban, en dictadura, en función de su adhesión al Movimiento Nacional y, en democracia, se designan por afinidad a los partidos políticos...
Hay un hilo por el cual se siguen produciendo prácticas muy parecidas. Y mucha impunidad. Al menos, hasta que medios de comunicación, a finales de los 80 y durante los 90, empiezan a denunciar casos de corrupción gravísimos. Y, posteriormente, la percepción ciudadana se vuelve más crítica, como se aprecia en las encuestas del CIS.
Leyendo su libro, pensé varias veces en Jesús Gil. Por aquello del reajuste de la corrupción del franquismo a la democracia.
Hubo toda una cultura empresarial de los negocios y de la política orientada a un reparto del presupuesto público. Hay bastantes altos cargos del franquismo que continuaron en democracia y se vieron implicados en casos de corrupción. Pero, a diferencia de la dictadura, fueron condenados por tribunales democráticos. Esa es una primera diferencia. Y se demostró que no tenía por qué haber impunidad.
Vamos con la corrupción desde un punto de vista más... Más metafísico. ¿El poder corrompe o sólo atrae a quienes son tendentes a corromperse?
El poder corrompe, por definición, cuando no tiene límites. Límites como las elecciones libres, la prensa...
No podemos confiar los límites del poder a la virtud de los gobernantes. Lo más razonable es contar con contrapesos, sistemas de horizontalidad. Es peligroso que el poder esté concentrado en pocas manos.
Por eso hay tanto riesgo en que los partidos colonicen todas las instituciones y los organismos de control y vigilancia: la cúpula judicial, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas...
¿Ayudaría a combatir la corrupción cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces? O de organismos fiscalizadores como el Tribunal de Cuentas. Hacerlos menos políticos...
Es un elemento muy importante en la lucha contra la corrupción, como nos recuerdan organismos europeos como el Greco (Grupo de Estados contra la corrupción) o la propia Comisión Europea, que nos indica que España tiene un problema de desarrollo institucional con cómo se nombra la Fiscalía o cómo está configurado el CGPJ. Pero no deben ser éstas medidas aisladas; hacen falta otras de democratización, como en el interior de los partidos políticos. Y también, de prevención, para que la corrupción no llegue a producirse.
Pero sí, en ese conjunto, la imparcialidad y la independencia de los órganos de control —entre ellas, la cúpula judicial— serían medidas importantísimas.
¿Cuál es la responsabilidad del votante? Habla usted en el libro de "electorados corruptos".
Esto es un problema educativo. Necesitamos una ciudadanía que expulse también, con su voto, a los corruptos de la política. Pero el tema es complejo. No basta con decir que un partido está implicado en casos de corrupción para que la gente le deje de votar. Porque influyen otros factores.
"La Transición lo tuvo muy difícil para romper con la corrupción del franquismo"
Pero, por eso, sería muy importante que España dejara de ser una singularidad en materia electoral: nos hemos acostumbrado a votar en listas cerradas y bloqueadas [elegir una papeleta en bloque, en la que el orden de los candidatos ya ha sido configurado por el partido y no se puede alterar]. Pero, en los países europeos, lo habitual es votar directamente al candidato en listas desbloqueadas, lo que permite castigar la corrupción, excluyendo a quienes no se han comportado correctamente.
A veces, alcaldes clarísimamente implicados en temas de corrupción han sido reelegidos varias veces. Y eso es porque los ciudadanos creen que eso les va a beneficiar o que no es para tanto. Por ello, tenemos que mejorar nuestras concepciones éticas para que la ciudadanía sea capaz de expulsar a los corruptos.
Una directiva europea nos obliga a proteger a los whistleblowers, los conocedores de la corrupción que la denuncian. España va tarde...
En España, las reformas que se han hecho en este ámbito han llegado tarde y mal. Por ejemplo, no se reguló el delito de financiación de los partidos políticos hasta 2015. Con todo lo que había pasado antes, como el caso Filesa. Otra directiva europea nos obligó a cambiar la normativa sobre contratación pública, que es una de las claves del problema. Se aprobó tarde también. Lo mismo con los denunciantes de corrupción...
"Las redes clientelares del franquismo se reconvirtieron en las de los principales partidos políticos"
Todo esto nos muestra que en España no ha habido voluntad política suficiente para acabar con la corrupción. Una muestra clara es que hemos tenido pactos de Estado para otras materias necesarias, pero vivimos en el país con más políticos corruptos de Europa y no se ha aprobado uno contra la corrupción. Y que aún no tengamos un ley de protección de denunciantes, incumpliendo una directiva europea, es otro síntoma de la falta de sensibilidad sobre el asunto.
El vaso que no está limpio...
No me gustaría que se interpretara lo que expongo en el libro como que todos los políticos son corruptos. La gran mayoría son personas honestas. Pero basta con que haya una minoría de cierta entidad —que es la que tenemos— instalada en espacios relevantes de decisión para que, lamentablemente, afecte al sistema. Lo que falla es el sistema institucional en su conjunto, que debería ser objeto de reformas de calado.
Como te comentaba, tenemos un sistema de separación de poderes y de conformación de la cúpula judicial único en Europa. Con una salvedad: hace poco se nos ha unido Polonia, que no es la mejor compañía en estos asuntos.
También tenemos un sistema de configuración interna de los partidos que, en líneas generales, no cumple con los principios democráticos. Un partido debería ser un Estado democrático de Derecho en miniatura y no lo son. Y, en ocasiones, hay militantes que se han quejado de que pueden ejercer más derechos democráticos en cualquier otro sitio que en sus partidos.
Somos, probablemente, el país europeo cuyos dirigentes tienen más poder —no sólo en los partidos, sino en la configuración de la cúpula judicial, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo...— pero, al mismo tiempo, estamos en los niveles más bajos de afiliación y de vida interna en las formaciones políticas.
¿Le prepcupan las externalidades, por llamarlo así, de la lucha contra la corrupción? Las llamadas penas de telediario en casos complejos y muy largos, por ejemplo.
Uno de los principales problemas de la falta de medios de la Justicia es que los procesos se dilatan muchísimo. Hay procesos de diez o quince años. Y, a veces, encima, es posible que se queden en nada y se haya sufrido esa pena de telediario.
"Un partido debería ser un Estado democrático de Derecho en miniatura y no lo son"
Lo que me parece una actitud especialmente hipócrita es la de los políticos que se quejan de la duración de los procedimientos pero no han hecho la más mínima aportación para dotar de medios a la Justicia.
Hemos tenido largos e intensos debates sobre cómo se controla —e, incluso, manipula— la cúpula judicial o sobre un Consejo General del Poder Judicial que lleva más de tres años caducado y en funciones. Pero yo no he visto ningún debate, a esos niveles acústicos, sobre la falta de medios. O sobre que un trabajador, para cobrar su despido, deba esperar a que se celebre un juicio varios años después. Y esto es un grave problema. A los políticos sólo les ha interesado la Justicia para manipularla y no para dotarla de medios.
Y, también, a menudo, en materia de corrupción, se debería ser más respetuoso con la presunción de inocencia hasta que no existan condenas. Pero mi impresión es que este fenómeno no sólo afecta a los casos de corrupción. Somos también un caso raro, porque exponemos a una persona detenida a los medios de comunicación. O cuando un caso se archiva o hay sentencia absolutoria, el ruido mediático inicial disminuye.
No soy muy optimista. Me imagino la corrupción del futuro con políticos blanqueando dinero mediante criptomonedas...
(risas) Si no acometemos reformas estructurales, no tiene por qué haber ningún cambio. Si no hay reformas, yo tampoco puedo ser optimista. Y tenemos a la vista situaciones preocupantes. Las inversiones de los fondos europeos, por ejemplo. Son peligrosas si no se ejercen mecanismos de control. El despilafarro generalizado no ha sido un problema de negligencia, sino que es el espacio más habitual donde se produce la corrupción. Por tanto, cuando hay mucho dinero que gastar, deberían activarse todas las alarmas. Y es el caso de los fondos europeos, que debería ser especialmente vigilado.