Duro varapalo judicial al PSOE de la Comunidad de Madrid. La alcaldesa socialista de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha sido condenada a cinco años de inhabilitación para gestionar empresas debido a la quiebra de Emgiasa, la compañía municipal de la vivienda de la localidad madrileña. En mayo de 2012, la mercantil acordó el concurso de acreedores.
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, inhabilita a la regidora socialista para administrar bienes ajenos tanto de titularidad pública como privada, así como a "representar o administrar cualquier persona pública o privada, ejercer el comercio o tener cargo o intervención administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales".
El motivo de la condena es su participación en la insolvencia de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa) durante el mandato de Enrique Cascallana, al que este fallo también impone la misma inhabilitación, pero por un periodo de diez años.
Junto a De Andrés y Cascallana, han sido, a su vez, inhabilitados durante tres años ocho miembros del anterior Pleno de la localidad que formaban parte —como la regidora y el exalcalde— del consejo de administración de la entidad, que estaba integrado de forma representativa, según la representación política.
La resolución, fechada el 30 de diciembre de 2021, recuerda que el Ayuntamiento de Alcorcón debe ser considerado como "administrador de hecho [de Emgiasa]", ya que su Pleno "ha venido realizando de modo constante, continuo y directo, actos de gestión, de dirección, de administración y disposición" de la compañía pública.
La Fiscalía atribuía a todo el consejo de administración de la mercantil, donde se integraba Natalia de Andrés, una administración "gravemente negligente" que provocó la insolvencia de la empresa.
Entre estos comportamientos, destacan el "indebido e irreal pago de dividendos", sin existir "beneficio real repartible", o la concesión administrativa para la construcción y explotación de un faraónico centro cultural en el municipio, para lo que hubo que dedicar, entre el año 2008 y 2012, unos cien millones de euros de sus ingresos regulares.
Según indica la resolución del Juzgado, Emgiasa destinó parte de sus beneficios por actividades a corto plazo a esta mastodóntica inversión "a muy largo plazo". Y carecía de un estudio financiero que fijase un plan para recuperar dicha inversión durante los siguientes 50 años que estaba previsto que durase la concesión. Esta "brutal inversión", señala el juez, suponía adquirir "obligaciones claramente perjudiciales" para el patrimonio de la mercantil.
"La labor del Pleno no era de mera fijación de instrucciones y directrices generales, sino de directa gestión y administración de los asuntos cotidianos, siendo quien programaba y convocaba las juntas de accionistas, al tiempo que asumía a través de nueve de sus concejales constituidos en consejo de administración la dirección y desarrollo de la actividad empresarial, a quien rendían cuentas los empleados y directivos de la concursada", subraya la sentencia.
En ella, el magistrado Francisco Javier Vaquer también cita los estatutos de la empresa pública, que conferían al Pleno, máximo órgano municipal, la capacidad de administrar los criterios de venta, adjudicación y cesión de viviendas. Contra esta sentencia, aún cabe recurso de apelación.
¿Dimisión?
Por todo lo expuesto, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha solicitado la dimisión inmediata de la regidora socialista. Ana Camíns, secretaria general de los populares madrileños, ha dicho que "es una vergüenza que, con esta sentencia, Natalia de Andrés continúe al frente del Ayuntamiento de Alcorcón": "No puede seguir ni un minuto más gestionando un municipio de más de 170.000 habitantes".
Pero Natalia de Andrés ya adelantó en marzo de 2020 que no tenía ninguna intención de dimitir aunque una condena así se produjera. "En ningún caso voy a dejar de ser alcaldesa durante estos cuatro años. Lo digo porque en el caso de que tuviera una sentencia muy desfavorable nunca afectará a la actividad política. Estamos hablando del ámbito mercantil, cosa que siempre se oculta", dijo entonces.