El CGPJ cumple hoy tres años en prórroga sin perspectiva de un acuerdo inminente ente PSOE y PP

Ni los vocales del órgano de gobierno de los jueces ni los actores implicados en la renovación ven perspectivas de un desbloqueo inminente de la situación ante el desacuerdo de fondo existente entre el Gobierno y el PP.

"Antes de fin de año no parece posible", dicen desde el partido que preside Pablo Casado, reprochando a los socialistas su negativa cerrada a contemplar cualquier fórmula que permita cambiar el sistema de designación de los 12 consejeros que deben proceder de la Judicatura con el fin de devolver al conjunto de los jueces la elección directa de esos vocales.

La modificación del sistema de elección de los miembros del CGPJ, que ahora está en manos del poder político —los 20 vocales son designados por el Congreso y el Senado—, es una apuesta personal de Casado, convencido de que es el camino que hay que seguir de acuerdo con los estándares de la Unión Europea.

Las instituciones europeas —la última, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa en un nuevo informe emitido el pasado septiembre— llevan años reclamado a España que "elimine la intervención de los políticos en la selección de los miembros judiciales del CGPJ".

Carlos Lesmes, presidente del CGPJ. Efe

La recomendación europea es clara: cuando un país miembro cuenta con un órgano de gobierno del Poder Judicial y ese órgano es de composición mixta (lo integran tanto jueces como juristas y autoridades ajenas al Poder Judicial), se aconseja "que los vocales judiciales sean elegidos por sus pares —siguiendo métodos que garanticen la representación más amplia del Poder Judicial en todos los niveles— y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el Poder Ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección".

Todas las asociaciones de jueces y magistrados están de acuerdo en la necesidad de recuperar la elección directa de los 12 vocales judiciales y tan sólo discrepan en el orden temporal de los factores. Mientras la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente quieren que se legisle sobre la nueva fórmula de elección antes de la sustitución del actual CGPJ (con independencia de que el nuevo sistema no se aplique para el próximo Consejo sino a los futuros), Jueces y Juezas para la Democracia creen que la renovación debe preceder a la reforma del sistema.

"No tocaremos la ley"

"Casado no puede pactar ahora cualquier cosa, tiene un compromiso con los jueces", afirman las asociaciones. Pero el líder del PP no tiene, al menos por ahora, una fórmula clara que pueda resultar aceptable al PSOE, que ha repetido hasta la saciedad que "no vamos a tocar el sistema de elección de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente".

El actual sistema, basado en una preselección de candidatos judiciales votados por la propia carrera entre los que luego eligen los grupos políticos del Congreso y del Senado, "es fruto del pacto del Estado PP-PSOE", recuerdan los negociadores socialistas.

"Creemos en el modelo vigente. La elección parlamentaria lleva 35 años. Es la única que garantiza equilibrio y evita el corporativismo en un poder democrático del Estado", afirman. "Estudiar podemos estudiar todas las fórmulas que quiera el PP, pero no vamos a crear falsas expectativas: no vamos a cambiar la elección parlamentaria".

Las posiciones están tan enquistadas que nadie se atreve a pronosticar cuándo ni cómo será renovado un CGPJ "cada vez más mortecino", describen los actuales consejeros. Los órdenes del día de los plenos son cada mes más raquíticos y, aunque la maquinaria de gestión de la carrera judicial sigue funcionando, la supresión de competencias sustanciales impuesta por PSOE y Unidas Podemos a través de la reforma legal realizada el pasado marzo tiene maniatado al Consejo.

La imposibilidad de realizar nombramientos discrecionales está afectando, singularmente, al Tribunal Supremo. En este momento hay 11 vacantes, pero en octubre de 2022 habrá un total de cinco más por jubilación, por lo que el 20,25% de la plantilla del alto tribunal estará vacante.

Los negociadores del Gobierno y del PP no se han sentado a hablar desde finales de octubre, unos días después de la renovación del Tribunal Constitucional. Y no se produjo ningún avance, sino que simplemente se emplazaron para nuevas conversaciones, que no se han producido.

En el PSOE se cree que Casado está "enfrascado en sus líos internos" -en referencia a las desavenencias con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso- pero aseguran que el CGPJ estaría renovado "en 48 horas" si el PP "flexibilizara" su posición sobre el sistema de designación de los vocales judiciales.

No se ha entrado a hablar de ningún nombre, pero los socialistas lanzan ya una advertencia en relación a la eventualidad de que se vuelvan a vetar candidatos rechazados el pasado febrero, como el magistrado José Ricardo de Prada: "Entendemos que el PP no está en disposición de vetar a nadie", afirman en referencia a la defensa que el Gobierno ha hecho del pacto alcanzado con los populares sobre el Tribunal Constitucional, pese al desacuerdo interno existente en PSOE y Unidas Podemos con el nombramiento de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.