El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado por pertenencia a organización terrorista a los trece presuntos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) vinculados con la denominada "Operación Judas" practicada en septiembre de 2019, en vísperas de conocerse la sentencia del procés y a nueve de ellos, además, por tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.
El magistrado hace suya la tesis recogida en el informe definitivo elaborado por el Servicio de información de la Guardia Civil. Este arrojaba la conclusión de que todos ellos configuraban "una organización con finalidad terrorista", de "carácter clandestino y estable", cuyo objetivo sería "llevar a cabo acciones violentas" e incluso "atentados contra objetivos previamente seleccionados ".
Utilizaban, para ello, "sustancias incendiarias fabricadas en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares". Según el documento, los investigadores afirman ahora que todos ellos cumplían "una labor fundamental en la planificación del asalto, ocupación y defensa del Parlament de Cataluña". Allí pretendían, entre otras cosas, encerrarse con el expresidente catalán Quim Torra como respuesta a la previsible condena de la sentencia del procés.
En su auto de procesamiento, que ha podido consultar EL ESPAÑOL, el magistrado considera que este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT) era una célula que estaba integrada por un grupo reducido de individuos de diferentes CDR, que "evidencian una gran radicalidad".
El magistrado señala que los investigados, como miembros del ERT, "habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares".
La creación de esta célula viene motivada, prosigue el juez, por la necesidad de contar dentro de la estructura de los CDR con un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza y que se muestran totalmente entregados a "la causa", habiéndole sido encargadas la realización de las acciones más sensibles.
Los investigados, todos ellos, dice el instructor, comparten "principios ideológicos favorables a la independencia" y el activismo radical como medio para conseguirla: su objetivo final como organización, continúa García Castellón, no era otro que conseguir la independencia de Cataluña empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España.
Ocupación del Parlament
El magistrado entiende que los miembros de este grupúsculo en los CDR han tenido "participación activa" en la materialización de algunas de las acciones más contundentes que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha (cortes de carretera, vertido de aceite la calzada de la C-55 en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba los presos desde el Centro Penitenciario de Lledoners, levantamiento de las barreras de los peajes, etc.).
Ello ha podido constatarlo a través de las llamadas, las imágenes, las grabaciones y los mensajes que obran en la instrucción de la causa, recabados por la Guardia Civil tras una ardua investigación que impidió que llegasen a emplear realmente los explosivos que estaban confeccionando.
Los investigados, como miembros del ERT, continúa el escrito, participaron en la creación y desarrollo de los CECOR (centro de coordinación) para las acciones de los CDR. Asumieron además el encargo recibido de un denominado "CNI Catalán" para que aportasen la infraestructura logística necesaria con el objeto de acometer una acción en la que se pretendía ocupar el Parlament de Cataluña y defenderlo posteriormente.
Los agentes, en las 103 páginas del informe, no definen o esclarecen quién integra el llamado 'CNI Catalán', pero insisten en que esos encargos, a tenor de las pruebas, fueron "asumidos" por la violenta facción. Las pesquisas permitieron conocer también los más minuciosos detalles sobre cómo se estaba cocinando el asalto al Parlament. Estaba previsto que la ocupación se realizase "por la puerta principal". Sabían que se les facilitaría "el acceso desde el interior".
"Un nivel superior"
Todo ello dada la capacidad técnica y humana del citado grupo, debido a que para realizar los mismos, serían necesarias importantes conocimientos en redes ilícitas y clandestinas securizadas de telecomunicaciones, así como una importante capacidad de movilización.
En la imagen, Jordi R., uno de los detenidos, trabaja en el "laboratorio" de Sant Fost.
Estos son algunos de los detalles que acreditarían la existencia del plan, tal y como explica la resolución. Junto a un reducido grupo de personas, cooperarían con el tal grupo denominado "CNI", y se encargarían del alquiler de inmuebles y locales que les proporcionasen seguridad y el establecimiento de bases de "intendencia". Permanecerían al menos una semana en el interior del edificio, montando antenas de larga distancia para mantener las comunicaciones, todo ello bajo un presupuesto estimado en 6.000 euros.
De este modo, los investigados, aprovechándose de los contactos propiciados en el seno de la militancia en los CDR, "se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior", asegura el juez
Pruebas documentales
La organización terrorista, en el momento de su desarticulación, ya había llevado a cabo informaciones precisas de sus posibles objetivos. En concreto, el juez apunta que Jordi Ros y otros miembros de la organización habrían desarrollado actos preparatorios, consistentes en una labor de reconocimiento de objetivos, vigilancia y control de instalaciones policiales, toma de fotografías y vídeos de los objetivos predeterminados.
En las fotografías de los objetivos seleccionados, indica, se recogen determinados aspectos de las instalaciones, como accesos, cámaras de vigilancia, localización de torres eléctricas (entre otros), agentes policiales y placas de matrículas de vehículos policiales.
Vista exterior de una de las viviendas investigadas por la Guardia Civil, en un municipio del Vallés Oriental. Jordi Ros, tras adquirir material químico e ir a este punto, tomó medidas para evitar su seguimiento, principalmente con su teléfono móvil.
El auto del Juzgado de Instrucción 6 relaciona los objetivos de los que se han obtenido evidencias en distintos soportes de imagen sobre los que el grupo pretendía perpetrar algún tipo de acción o atentado, entre ellos, la Comandancia Naval de Barcelona, Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación de Gobierno de Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Barcelona, miembros, vehículos e instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, torres de alta tensión, instalaciones en autopistas, peajes o el Parlament de Cataluña.
Destaca el magistrado, en este sentido, la prueba existente que permite constatar cómo realizaron un viaje de reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona.
Además de los anteriores objetivos, sostiene la resolución, Jordi Ros Solá habría realizado diferentes búsquedas en Internet a través de sus dispositivos, de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente del cuerpo de Mossos d’Esquadra. Uno de ellos era Pablo Casado, presidente del Partido Popular.