El CGPJ encarga un informe jurídico ante la ley que le impide hacer nombramientos judiciales

En el primer pleno que celebra tras la aprobación definitiva de la reforma, el Consejo ha requerido un dictamen técnico para saber qué margen de actuación tiene ante la restricción de sus competencias constitucionales.

El pasado miércoles, el Senado dio el visto bueno por 150 votos a favor, 3 abstenciones y 108 en contra (estos últimos emitidos por PP, Vox y Ciudadanos) a la proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos. Sólo queda la publicación en el Boletín Oficial del Estado para que la norma entre en vigor. 

El vocal Rafael Fernández Valverde ha planteado en el turno de ruegos y preguntas cuál iba a ser la reacción del CGPJ ante el cambio legal que le impide ejercer una de sus competencias esenciales, como es la de realizar nombramientos discrecionales.

El consejero sugirió la conveniencia de encargar un estudio jurídico que permita al Consejo debatir si es procedente o no plantear un conflicto constitucional frente al Parlamento.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, acogió la idea del dictamen aunque más bien enfocado a la determinación de qué es lo que puede hacer o no el órgano de gobierno del Poder Judicial hasta que sea renovado. Se trata de resolver incertidumbres como si puede tramitar los procesos selectivos y pararlos cuando llegue el momento de los nombramientos o qué ocurre con los que convocó y ha calificado antes de la aprobación de la reforma.

No hay clima en el Consejo General del Poder Judicial para plantear un conflicto constitucional frente a las Cortes, un instrumento que equivale a lanzar una bomba nuclear en las relaciones entre las más altas instituciones del Estado, algo que el propio Lesmes no quiere y de cuya viabilidad hay serias dudas entre los vocales.

La aventura no sería novedosa. Hace ahora 36 años, el 27 de marzo de 1985, el CGPJ presidido por Federico Carlos Sáinz de Robles acordó, por 13 votos a favor y 8 en contra, plantear un conflicto frente al Parlamento por la 'sustracción' a la carrera judicial de la elección de los 12 vocales que deben proceder de la Magistratura.

El conflicto fue desestimado en abril de 1986 por el Tribunal Constitucional, que tres meses después avaló -con advertencias- la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que entregó al Parlamento la elección de los 20 consejeros el CGPJ.

La mayoría de los vocales no está de acuerdo con el recorte de sus competencias, restricción que afecta, además de a los nombramientos, a otras materias como la Memoria anual de funcionamiento, que no podrá ser elaborada a partir de ahora. Pero muchos de ellos consideran que entra dentro de las facultades de las Cámaras regular las competencias del CGPJ cuando haya superado su mandato y esté en prórroga.

Pleno extraordinario

Lesmes convocará un pleno extraordinario para el próximo 22 de abril con el fin de analizar el informe que elabore el gabinete técnico. El pleno ordinario está previsto para una semana después, es decir, fuera del plazo de un mes desde que el Senado aprobó la controvertida reforma.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que, en el caso de que uno de los órganos constitucionales legitimados estime que otro "adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las Leyes orgánicas confieren al primero, éste se lo hará saber así dentro del mes siguiente a la fecha en que llegue a su conocimiento la decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y solicitará de él que la revoque".

Si la reunión del Pleno del Consejo no fuera anticipada, el posible debate sobre el conflicto sería estéril porque éste ya no podría plantearse de ninguna forma.

La Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han acordado este jueves "instar" al CGPJ a que "a la mayor brevedad adopte las medidas oportunas y ejerza las acciones a su alcance en defensa de sus competencias y, por tanto, en defensa de la Constitución".

Fuentes del CGPJ aseguraron que los vocales conocieron el comunicado conjunto de las asociaciones tras el pleno.

Las asociaciones judiciales señalan que "en una democracia real, es obligación básica de los poderes del Estado garantizar el funcionamiento de los órganos e instituciones constitucionales, en particular aquellas diseñadas para asegurar el respeto a los valores y pilares que sustentan el Estado de Derecho y actuar como contrapeso frente a cualquier intento de control o desestabilización, incluidos los que eventualmente pudieran proceder de esos mismos poderes".

"Tras más de dos años a lo largo de los cuales las formaciones políticas han evidenciado su incapacidad para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y que sean los jueces quienes elijan democráticamente a 12 de los 20 miembros del órgano de gobierno de los jueces, así como cumplir las obligaciones que les impone la Constitución y renovar en plazo las instituciones, ahora trasladan las consecuencias de su incompetencia al órgano de gobierno del Poder Judicial, privándole de una de sus funciones principales y, de paso, impidiendo que pueda desarrollar su labor con normalidad y al margen de la política".

"Ya se ha conseguido lo que se pretendía: reducir al CGPJ a un simple órgano de gestión, asimilado a una simple dirección general, y manteniendo, eso sí, la inspección y el régimen disciplinario", critican.