Bárcenas dice ahora que no tiene papeles porque se los "sustrajeron" y pide un careo con Rajoy

El fiscal anticorrupción Antonio Romeral ha pedido esta mañana a la Sección Penal Segunda de la Audiencia Nacional que deje fuera del juicio sobre la reforma de la sede del PP los delitos electorales y varios delitos fiscales incluidos por las acusaciones populares, así como todo lo relativo a las presuntas donaciones opacas recibidas por el partido, ya que aún están siendo objeto de investigación en otro procedimiento penal.

Los magistrados José Antonio Mora, María Fernanda García y Fernando Andreu juzgan a partir de este lunes al extesorero del PP Luis Bárcenas, al exgerente del partido Luis Páez y a Gonzalo Urquijo, Belén Pérez y Laura Montero, que fueron directivos de la empresa Unifica. Esta sociedad, prácticamente inactiva en la actualidad a consecuencia de proceso penal iniciado en 2013, fue la que realizó la reforma de la sede de la calle Génova.

El PP se encuentra en este procedimiento como responsable civil subsidiario para hacer frente a la indemnización a Hacienda en el supuesto de que los acusados fueran condenados por delitos fiscales y no hicieran frente al pago de lo indebidamente no declarado.

En coincidencia con la tesis de la defensa del PP, el fiscal ha arrancado su primera intervención en la vista pidiendo a la Sala que centre el objeto del juicio en los hechos acotados por el juez instructor: el presunto empleo de 888.000 euros de la caja B del PP para pagar parte de las obras realizadas en la sede central y de 139.700 euros para comprar, por parte del extesorero Álvaro Lapuerta (ya fallecido), acciones de Libertad Digital.

Romeral recordó que las donaciones de empresarios, incluidas en los escritos de acusación de las acciones populares, "son objeto de investigación en el Juzgado Central de Instrucción numero 5".

En ello coincidió el abogado de Bárcenas, Gustavo Durán, que dijo que "en esta pieza no se debaten las donaciones".

"Se plantea si existe documentación o no y si se va a aportar o no", dijo el letrado en referencia al escrito que presentó el pasado día 2 anunciando la intención de su cliente de "colaborar" con la Justicia.

" Bárcenas ya aportó documentación", añadió. "Lo hizo el 15 de julio de 2013 [cuando entregó parte de la contabilidad B del PP], lo que supone ya un acto de colaboración con la Justicia".

Según Galán, Bárcenas "ha tenido una ingente documentación -papeles, grabaciones pendrives- que le ha sido sustraída, lo que está siendo objeto de instrucción en la pieza Kitchen, en la que existen claros indicios de que algunos miembros del Gobierno y de la Policía habrían participado en la sustracción de esa documentación que Bárcenas se había reservado para hacerlos valer en el momento procesal oportuno".

Por ello, para "verificar la credibilidad" del extesorero, el abogado propuso la declaración de los periodistas Francisco Mercado, Ernesto Ekaizer, María Luisa Bernal y Eduardo Inda.

Además, y "aunque no me gusta generar circo", aseguró, propuso que declare como testigo el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy, "y que pudiese practicarse un careo" con Bárcenas. 

Rajoy ya está citado a declarar como testigo por las acusaciones populares que ejercen Izquierda Unida, militantes socialistas y las asociaciones Adade y Desc.

Galán también ha pedido que, después de declarar, se dispense a Bárcenas de asistir al juicio, "salvo cuando comparezca Rajoy".

"Un circo"

Las peticiones del abogado de Bárcenas fueron contestadas por el letrado que defiende al PP, Jesús Santos, que consideró que el extesorero quiere "contribuir" a la estrategia de las acusaciones populares basada en "el desgaste y el escarnio del adversario político, obtener el titular mediático y convertir este foro judicial en un circo".

Santos describió detenidamente la "vinculación política" de las acusaciones populares que ejercen IU, militantes socialistas y las asociaciones Adade y Desc, esta última representada por el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Y concluyó que actúan en este proceso "con una finalidad espuria" y de carácter político, no jurídico.

El defensor del PP ha pedido al tribunal que expulse del juicio los "excesos y extralimitaciones sonrojantes de los escritos de acusación, que inexplicablemente han sido consentidos por el auto de apertura de juicio oral" que dictó el juez José de la Mata.

A su parecer, esos escritos no sólo contienen consideraciones "infamantes" (como la afirmación de IU de que "el PP fue una organización criminal desde su constitución") sino que incluyen calificaciones jurídicas y hechos ajenos al auto de transformación en procedimiento abreviado del juez Pablo Ruz; delitos que no estaban tipificados en el momento de los hechos; acusaciones de falsedades documentales "por infracciones tributarias que no dan cuota para ser delito"; imputaciones de tráfico de influencias "sin mencionar un solo funcionario" y hechos que el juez instructor no consideró delictivos, como el supuesto cobro de sobresueldos por cargos del PP.

También solicitó a la Sala que cribe la extensa prueba testifical propuesta por las acusaciones populares. Santos dijo que hay 31 personas "de las que las acusaciones populares no dan el más mínimo dato de por qué tienen que ser llamadas al juicio". Otras estuvieron vinculadas a hechos que han sido archivados recibieron sentencias absolutorias, como los acusados por el caso de los ordenadores.

También se encuentran citados indebidamente, a juicio de la defensa del PP veinte empresarios presuntamente donantes de fondos que tienen abierta una investigación en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

El "honor del PP"

Hay, igualmente, excargos de PP como José María Aznar, Mariano Rajoy, Ángel Acebes, Dolores de Cospedal o Pío García Escudero llamados a declarar "como presuntos destinatarios de complementos salariales, hecho que no forma parte del enjuiciamiento y respecto al que el juez instructor ya dijo que no era delictivo", indicó Jesús Santos.

El letrado pidió al tribunal que resuelva estas cuestiones previas ahora y no en la futura sentencia porque "se producirá una lesión injustificada al derecho al honor del PP".

La Sala escuchará mañana la contestación de las acusaciones populares y suspenderá la vista hasta el lunes, dado que uno de los acusados, Cristóbal Páez, terminará, en principio, ese día su confinamiento por la Covid-19.