La regularización fiscal de Juan Carlos I despeja su horizonte penal pero no se vincula a su regreso

La decisión de Juan Carlos I de regularizar su situación fiscal "no tiene nada que ver" con su deseo de regresar a España, afirman a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del proceso de regularización que se ha materializado este miércoles con el pago de 678.393,72 euros a la Administración tributaria de la Comunidad de Madrid.

La 'declaración tributaria fuera de plazo y sin requerimiento previo', como denominan estas fuentes a la operación fiscal realizada "acogiéndose al derecho que tiene cualquier contribuyente", se ha preparado durante semanas y se ha formalizado "cuando se han conseguido todos los datos y se han cuadrado las cifras".

Su finalidad -afirman- no es propiciar la vuelta del rey emérito, que se encuentra desde agosto en los Emiratos Árabes Unidos y que lleva queriendo regresar a su residencia en el palacio de La Zarzuela desde octubre.

La vuelta del exjefe del Estado depende de otras variables y, especialmente, de la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, dentro del cual los socios de Unidas Podemos han utilizado la regularización fiscal para volver a atacar a la Monarquía.

"El rey emérito intenta comprarse la inmunidad para él y toda la trama real con el dinero de la ciudadanía", ha escrito en Twitter Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso.

Tuit de Jaume Asens./ Twitter

"No podemos permitir que Juan Carlos se ría de la igualdad ante la Justicia. Debe responder penalmente por sus actos y compensar a la ciudadanía todo lo defraudado", ha subrayado.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, ha manifestado que la cantidad pagada por Juan Carlos I equivale a 51 años de salario mínimo interprofesional y es "sólo uno de los pufos que tiene".

"Por los 65 millones de Corinna no ha pagado nada, por ejemplo. Y los que tendrá y no sabemos... Menuda vergüenza internacional", ha apostillado el diputado de la formación morada.

Tuit de Pablo Echenique./ Twitter

La ministra de Defensa, en cambio, rehusó valorar el pago que el rey emérito ha realizado a Hacienda y ha subrayado que lo importante es que la monarquía está "perfectamente" representada por el rey Felipe VI.

"No quiero hacer ningún comentario sobre el rey. Él sabrá lo que tiene que hacer", dijo Margarita Robles en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press antes de asistir a los Premios de la Asociación de Periodistas de Defensa.

Aunque la ministra eludió pronunciarse sobre esa regularización fiscal, sí destacó que "lo importante es la institución". "La monarquía, que está en este momento perfectamente representada por Felipe VI", ha subrayado Robles, quien ha indicado que no le consta que el rey emérito tenga intención de regresar a España de cara a las fechas navideñas.

Evitar un proceso penal

La regularización tributaria será ahora analizada por la Fiscalía, a la que el defensor de don Juan Carlos, Javier Sánchez Junco, ha comunicado la declaración realizada en relación con el impuesto de donaciones de los años 2017, 2018 y 2019.

En esos ejercicios, que no están bajo el amparo de la inviolabilidad que protegía a Juan Carlos I cuando era jefe del Estado, el rey emérito recibió algo más de 800.000 euros donados por el multimillonario Allen Sanginés-Krause.

Los fondos, no declarados a Hacienda en su día, se destinaron a sufragar gastos ordinarios de miembros de la familia de Don Juan Carlos, entre ellos algunos de sus nietos.

Los fondos se canalizaron a través del coronel Nicolás Murga, en cuya cuenta bancaria personal se ingresaron y desde la que se abonaron esos gastos.

Las donaciones de Sanginés se han traducido en una deuda tributaria de casi 500.000 euros, el 60% de la cantidad recibida. Se han pagado, además, cerca de 200.000 euros correspondientes a intereses y recargos.

Con ello se trata de evitar que la Fiscalía pudiera interponer una denuncia o querella por presunto delito fiscal en el marco de las diligencias que abrió Anticorrupción en 2019 y que el pasado noviembre pasaron a manos del fiscal de Sala coordinador de delitos económicos, Juan Ignacio Campos.

La defensa considera aplicable el artículo 305 del Código Penal, que neutraliza la persecución por delito fiscal cuando el infractor "hubiere regularizado su situación tributaria".

La norma penal considera regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al "completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria" antes de que por la Administración se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación. En este caso, ni la Agencia Tributaria estatal ni la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid habían iniciado ese tipo de comprobaciones.

El precepto penal añade que, en el caso de que las actuaciones administrativas no se hayan producido, la regularización debe realizarse "antes de que el Ministerio Fiscal, el abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".