Dos vocales propuestos por el PSOE votaron contra Pablo Iglesias en el CGPJ por atacar a los jueces

Unidas Podemos ha salido en tromba para respaldar a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y líder del partido, tras el toque de atención que le dio este jueves el Consejo General del Poder Judicial por descalificar a los jueces a propósito de la sentencia que condena a Isabel Serra por delitos de atentado a la Policía, daños y lesiones a dos agentes, apedreados durante una protesta por un desahucio.

El órgano de gobierno de los jueces expresó su "profundo malestar" y su "absoluto y rotundo rechazo" por las manifestaciones vertidas por Iglesias en Twitter, en las que afirmaba que "las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”.

El CGPJ considera rechazable que un alto miembro del Gobierno propague una "sospecha inaceptable" sobre la imparcialidad de los jueces y le recordó que "la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas", entre ellas un poder del Estado constitucionalmente independiente.

Unidas Podemos ha impulsado una campaña en las redes sociales con el lema "#CondenaInjustaIsaSerra" y varios de sus dirigentes han cargado contra el CGPJ. Algunos, como Pablo Echenique, han personalizado su crítica en Carlos Lesmes, presidente de este órgano y del Tribunal Supremo.

Pero lo cierto es que el acuerdo fue adoptado por un órgano colegiado de siete miembros -la Comisión Permanente del CGPJ- en el que el valor del voto de Lesmes es el mismo que el de los vocales salvo que tenga que dirimir una situación de empate, que no fue el caso: el reproche por la actuación del vicepresidente segundo del Gobierno salió adelante por una amplia mayoría de seis votos y sólo el vocal Rafael Mozo se opuso por razones de "oportunidad". A su parecer, "con la dramática situación que se está viviendo en España no es oportuno que el CGPJ se meta en esto, que puede considerarse una manifestación de la libertad de expresión". 

A favor de la declaración votaron dos consejeros propuestos por el PSOE, Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda.

Cuesta fue diputado en el Congreso durante 27 años y ha sido miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. Durante el debate de la Comisión Permanente del CGPJ, que se reunió con carácter ordinario a través de videconferencia, se mostró abiertamente partidario de que el órgano de gobierno de los jueces dejara claro que es impropio que desde el Gobierno se descalifique al Poder Judicial. "Es intolerable", dijo.

La necesidad de reaccionar ante las manifestaciones del vicepresidente segundo del Ejecutivo -que no es la primera vez que desacredita al Poder Judicial- fue planteada por los vocales Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya, ambos designados por el PP. El primero había preparado un borrador que luego sirvió de base para redactar el texto aprobado, pero al comienzo de la reunión ninguno de los dos consejeros tenía la seguridad de que la propuesta fuera a salir adelante.

Fue la posición de Cuesta -un vocal clave en el equilibrio de poderes dentro del Consejo- la que no sólo despejó la incertidumbre sino que permitió endurecer el borrador, incluyendo la expresión "sospecha inaceptable" y la ejemplificación de procesos penales en los que se ha condenado a "poderosos" (en expresión de Iglesias), desde el cuñado del jefe del Estado a dirigentes de distintas formaciones políticas y exaltos miembros del Gobierno del PP como Rodrigo Rato o Jaume Matas.

El borrador tuvo otros cambios, como la supresión de la alusión que se hacía a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Finalmente se valoró que su tuit no era equiparable al de su pareja porque Montero se limitó a hacer una defensa de Serra, sin entrar en descalificaciones a los jueces.

Con posterioridad al acuerdo del CGPJ se conoció un tuit de otra miembro del Gobierno, la titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.