Una jueza de Gerona pide al Supremo que abra una nueva causa a Puigdemont por delitos de corrupción

El Juzgado de Instrucción número 2 de Gerona ha elevado a la Sala Penal del Supremo una exposición razonada en la que afirma que existen "indicios de criminalidad" contra Carles Puigdemont por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental por irregularidades relacionadas con la utilización de fondos de la empresa de aguas de Gerona, Agissa. Puigdemont fue alcalde de Gerona desde 2011 y hasta enero de 2016, cuando fue elegido presidente de la Generalitat de Cataluña.

El Juzgado ha investigado este asunto desde 2016 a raíz de una querella de la CUP referida a la gestión de Agissa, una sociedad mixta participada en un 20% por los ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarrià de Ter, mientras que el 80% restante pertenece a la empresa privada Girona S.A., en la que participan Aqualia, Sociedad General de Aguas de Barcelona y Caixabank.

Desvío de fondos

La exposición razonada que firma la magistrada Elena Román, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se refiere en concreto al desvío de fondos municipales procedentes de un canon extraordinario por agua que se impuso a los ciudadanos (fondos cuya naturaleza legal obligaba a que revirtieran en el propio servicio de suministro de agua, lo que no sucedió) para comprar en plena crisis económica una colección de obras de arte valorada en 4,7 millones de euros.

El escrito afirma que, además de vulnerar la normativa reguladora de las haciendas locales, se utilizó un "artificio" para "ocultar" que la adquisición de la colección de arte se hacía con fondos procedentes del canon del agua mientras se reducían drásticamente las inversiones en el mantenimiento de la red de suministro.

"Se ideó un artificio que llevó a una merma en el patrimonio del Ayuntamiento en un área tan sensible como el agua", afirma la magistrada.

La exposición razonada, elevada a la Sala Penal a propuesta de la Fiscalía, relata que el Ayuntamiento de Gerona, presidido por Puigdemont, acordó el 11 de marzo de 2013 la prórroga del contrato de prestación del servicio del agua con Agissa sobre la base de un convenio en el que se introdujo el pago de un canon extraordinario.

Mediante dicho canon, los Ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarriá de Ter recibieron de Agissa entre abril de 2013 y marzo de 2015 un total de 3.750.000 euros. La Corporación que regía Puigdemont percibió 2.625.000 euros.

Un informe elaborado por el secretario municipal en julio de 2017 y un dictamen pericial de la Intervención General del Estado de mayo pasado pusieron de manifiesto que "existe una afectación del canon pagado por Agissa a los gastos del ciclo del agua, tanto por afectación legal como por afectación presupuestaria" efectuada por la Corporación municipal de Gerona.

Ello quiere decir que la causa del pago del canon debe estar relacionada con las prestaciones del convenio y, además, su importe debe revertir en el propio servicio. "Afecta al servicio público y debe revertir al propio servicio objeto de la concesión", afirma la IGAE.

Más carga al consumidor

El canon fue financiado en su totalidad por la parte privada de Agissa, la empresa Gerona S.A., a cambio de la recepción por ésta de 468.750 euros anuales desde 2013 a 2020.

"Los ingresos que genera Agissa provienen fundamentalmente de la venta de agua y el mantenimiento de contadores. De esta forma, se cargó al consumidor final con el importe del canon y, además, con los intereses derivados de la financiación del mismo", afirma la magistrada.

El 6 de febrero de 2014, prosigue la exposición razonada, Puigdemont firmó, como alcalde de Gerona, el acuerdo de compraventa de la colección de arte denominada Fons Santos Torroella en favor del Ayuntamiento. La compra fue aprobada por el pleno de la corporación tras ejercer el propio Puigdemont su voto de calidad para desempatar el resultado dada la división de los concejales

Para el pago a los herederos de Torroella se ideó un "artificio" con el fin de "ocultar" que iban a utilizarse "ilícitamente" los ingresos provenientes del canon extraordinario del agua, "causando un perjuicio en el patrimonio del Ayuntamiento, en la red de saneamiento y agua potable".

"Para comenzar a ocultar el origen del dinero usado para el primer pago de la colección", ascendiente a un millón de euros, se hizo un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento aprobando un expediente de modificación de crédito por transferencia entre partidas y se dice que ello permitía liberar el crédito previsto en el presupuesto municipal correspondiente a las partidas "mantenimiento de la red de saneamiento", "plan de saneamiento" y "servicio de agua potable".

Se hizo, así, una transferencia negativa de esas tres partidas y luego una transferencia positiva para adquirir la colección Torroella. Pero, según la exposición razonada, las transferencias negativas "suponen un quebrantamiento de la normativa aplicable" de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Otro informe incorporado a la causa, elaborado por la Agencia Tributaria, subraya que "el estado de la red de agua, desde hacía años, se vino deteriorando" y añade: "A la vez que se ha incrementado al doble el canon (dinero que va a parar a los Ayuntamientos) las inversiones a realizar se han reducido casi a la mitad en detrimento de la calidad y del estado de las instalaciones".

"De esta manera", señala la AEAT, "el consumidor final del servicio de agua durante estos años va a pagar más, pero dichos fondos no van a determinar una mejora de la calidad de las instalaciones y servicios".

Valoración de la colección

Las 1.320 piezas que conforman la colección Torroella fueron valoradas por un anticuario e historiador del arte en 4.725.810 euros en un informe fechado el 17 de abril de 2013 y por el que el Ayuntamiento de Gerona pagó 7.260 euros.

El 22 de mayo siguiente, es decir, 35 días después, Puigdemont firmó un decreto aprobando la contratación de ese estudio de valoración por el importe mencionado.

"Dicho decreto falta a la verdad en el elemento esencial del documento, cual es el propio objeto del mismo, pues ya habían sido emitidos tanto el informe como la factura", señala la magistrada instructora.

Durante el mandato de Puigdemont como alcalde se pagaron 1,7 millones de euros del total del contrato firmado con los herederos del artista. Hasta 2018 habían salido de las arcas municipales para adquirir la colección un total de 3,9 millones.

Y volver

A partir de ahora, el Supremo incorporará a las actuaciones la acreditación del fuero de Puigdemont como eurodiputado y remitirá la exposición razonada a informe del fiscal para que se pronuncie sobre la admisión o no de la exposición razonada.

En el caso de que la Sala Penal decida abrir una nueva causa a Puigdemont, prófugo de la Justicia española en Bélgica desde el otoño desde 2017, habrá que cursar el suplicatorio al Parlamento Europeo para que levante la inmunidad del encausado.

Una eventual euroorden no tendría esta vez los problemas con los que se ha encontrado el instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, al intentar la entrega de Puigdemont para ser juzgado por su intervención en la secesión unilateral de Cataluña. Las tres imputaciones actuales -prevaricación, fraude y falsedad- son incardinables en la categoría de delitos de corrupción y las dos últimos tienen penas superiores a tres años de prisión. Se consideran por ello 'delitos de catálogo', esto es, exentos del control de la doble tipificación de los hechos por parte del país que reciba la euroorden para la entrega de Puigdemont. Su tramitación, por tanto, no debería presentar dificultades.