Llarena amplía a Londres los datos contra Ponsatí: "Actuó para alterar el orden constitucional"

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa sobre el proceso soberanista catalán, ha remitido este viernes a las autoridades británicas un documento con información complementaria en el que precisa la intervención que le atribuye a la exconsejera catalana Clara Ponsatí, prófuga en Escocia, en el delito de sedición por el que el Tribunal Supremo ya ha condenado a otros exconsejeros de Carles Puigdemont.

La ampliación de la información se produce 48 horas después de que las autoridades policiales británicas solicitaran "urgentemente" más detalles sobre la petición de entrega de Ponsatí, que inicialmente fue calificada de "desproporcionada" en un formulario de Sirene-Reino Unido. A las pocas horas rectificaron, atribuyendo a un "error" esa calificación.

En la información adicional remitida ahora, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado del Tribunal Supremo enmarcha la conducta de Ponsatí en el plan seguido por el Gobierno de Puigdemont de "forzar y obtener la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña", imponiendo su separación del resto de España.

En ese contexto de "actuación concertada", Ponsatí firmó el decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación del 1-O "pese a conocer las resoluciones del Tribunal Constitucional que habían declarado nulo el proceso". Los miembros del Gobierno autonómico fueron advertidos de forma expresa y notificados de la suspensión del referéndum y de las consecuencias penales en caso de continuar el proceso de independencia.

El documento enumera las resoluciones del TC que desobedeció Ponsatí, que, lejos de acatar los pronunciamientos del tribunal, el 29 de septiembre de 2017 dio instrucciones como máxima responsable de la Consejería de Enseñanza para ceder el uso de los centros de enseñanza, de ella dependientes, para ser utilizados en la votación ilegal. 

Lo hizo, añade Llarena, "con pleno conocimiento" de que tanto la ley de referéndum como la llamada ley fundacional de la república catalana habían sido suspendidas por el Tribunal Constitucional el día 7 de septiembre anterior.

"Su decisión contrariaba además el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de septiembre de 2017, en el que se ordenaba a los agentes policiales que procedieran al cierre de los centros de votación e impidieran la celebración del referéndum", agrega el juez del Tribunal Supremo.

"Escalada de violencia"

Tomado de los hechos probados de la sentencia el pasado 14 de octubre por la Sala Penal contra el exvicepresidente Junqueras y varios exconsejeros colegas de Ponsatí, Llarena destaca que el 28 de septiembre de 2017 los máximos responsables de los Mossos d'Esquadra advirtieron al Gobierno de Puigdemont de que, "de celebrarse el referéndum, se preveía y era probable una escalada de violencia con brotes importantes de enfrentamientos el día 1 de octubre, como efectivamente ocurrió".

En definitiva, el instructor informa a las autoridades británicas de que Ponsatí "desobedeció las resoluciones y los requerimientos reiterados del Tribunal Constitucional, así como la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, en el ejercicio de su cargo público, realizó las acciones anteriormente descritas tendentes a celebrar el referéndum de independencia, pese a conocer la ilegalidad y la nulidad del proceso, que finalmente desembocó, tal y como se preveía, en actos violentos".

Todo ello lo hizo "con el objetivo de conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente", concluye.

Aceptada la tramitación

Tras la ampliación de la información, las autoridades británicas han comunicado a través de Sirene (sistema de comunicación policial de los países del espacio Schengen) que la OEDE (orden europea de detención y entrega) cursada por el juez Llarena contra Ponsatí será tramitada.