Día negro para las defensas: una 'analista' que no se enteró del 2OS y dos mossos que hablan de "violencia"

Un inspector y un subinspector de los Mossos d'Esquadra han confirmado este miércoles que el 20 de septiembre de 2017 ellos también vivieron la "agresividad" y la "violencia" de ciudadanos que se concentraron en torno a una vivienda de Sabadell donde la Guardia Civil practicaba un registro por orden judicial.

Los agentes de la Policía Autonómica catalana acudieron a la casa de Joan Ignasi Sànchez, asesor de la exconsejera de Gobernación, Meritxell Borrás, al conocer que se estaba reuniendo una gran cantidad de gente en protesta por la actuación de la Guardia Civil.

"Había una tensión fuerte y agresividad", dice el inspector de los Mossos, que relató que los agentes de la Guardia Civil tuvieron que pedir refuerzos de los GRS y ellos de los Arro (unidades de control de masas de la Guardia Civil y de los Mossos, respectivamente). Aun así, costó tres intentos poder sacar del inmueble al detenido y a la comisión judicial, que estuvieron tres horas retenidos sin poder salir.

"Había una parte de los concentrados con una actitud muy agresiva y violenta", ratifica un subinspector de los Mossos. Al igual que su superior y otros tres agentes de la Policía catalana, el subinspector resultó lesionado al intentar contener a la gente cuando iban a despejar el portal del inmueble.

Los mossos cayeron debido "a la resistencia de la gente. La masa nos acometió, vino hacia nosotros y tuvimos que hacer fuerza. Hubo pisotones, había gente encima de nosotros, caímos y nos hicimos daño. Daban patadas, empujones, agresiones...", relató el inspector. "Nos sentíamos muy atrapados".

"Decían 'som gent de pau' pero empujaban, daban patadas, golpes...", había descrito unos minutos antes el cabo primero de la Guardia Civil que estaba al frente del registro.

Las defensas intentaron minimizar los hechos. "Y con todo eso que ha descrito de una actitud 'muy violenta', ¿sólo tuvo una lesión en un dedo?", preguntó Jordi Pina. Aparte de ese tipo de preguntas, la bancada de los letrados protagonizó nuevos enfrentamientos con el tribunal, que suelen intensificarse cuando los testigos les resultan adversos.

Ha sido lo que ha ocurrido este miércoles con el testimonio de mossos que han empleado justo los mismos términos ("masa", "actitud violenta", "agresividad") que se han escuchado los días anteriores en boca de guardias civiles que intervinieron en registros el 20S.

Pese a la extensión de los incidentes, al carácter multitudinario de las concentraciones y la que se trató de una macrooperación judicial contra el 1-O sin precedentes, hubo alguien que no se enteró de lo que ocurría en Barcelona ese día: la neozelandesa Helena Catt, que dirigió a un equipo de expertos electorales a los que Diplocat encargó un informe de "análisis del contexto político y de lo que estaba sucediendo en Cataluña" justo en coincidencia con la votación ilegal del 1 de octubre.

La analista, que negó que su trabajo fuera una 'observación electoral' (en contra de lo que en su momento afirmó el exconsejero Raül Romeva), indicó a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal que "no sabe" lo que ocurrió el 20 de septiembre. Catt cobró 8.800 euros como honorarios por su estancia en Barcelona desde el 4 de septiembre y hasta el 6 de octubre, gastos aparte de manutención, alojamiento y viajes. Pagó Diplocat, el organismo de diplomacia pública de la Generalitat.

Las defensas habían insistido en la comparecencia de Catt, cuya declaración se cambió de fecha para que pudiera venir desde Escocia, donde reside. Les sirvió de poco, no sólo por el hecho de que una 'analista del contexto político' no se entere de los graves episodios que ocurrieron a su lado sino también porque el letrado de Cuixart, Benet Salellas, vio cortado su interrogatorio cuando se interesaba por las valoraciones de la testigo sobre la "violación de derechos humanos" que observó su equipo y que Catt reflejó en un informe. Ella no vio nada, porque, según dijo, el 1-O estuvo en su oficina.

"Esto no se pude permitir en un tribunal", dijo con firmeza el presidente, Manuel Marchena. "La valoración de si se han violado o no derechos humanos corresponde a la Sala. No convierta a la testigo en una perito", explicó.

El defensor no se dio por satisfecho y preguntó a la testigo cuál fue la actitud de las fuerzas de seguridad del Estado durante el referéndum ilegal. "No, no, señor letrado. Está suplantando el papel de este tribunal y no vamos a permitirlo".