Más del 72% contra el concierto catalán y a favor de investigar a Begoña Gómez y a José Luis Ábalos

Ahora, más del 72% de los españoles se posiciona en contra de la "financiación singular" catalana y a favor de que estas investigaciones sigan su curso. Creen que puede haber indicios de delito. Sobre la cuarta cuestión, la de la crisis migratoria, los datos hablan de que sólo el 26% de españoles respalda el plan de Sánchez para traer 250.000 inmigrantes más al año.

Así lo refleja la segunda parte del barómetro de SocioMétrica que hoy publica EL ESPAÑOL, realizado a lo largo de esta semana, desgranado por diferentes opciones políticas de los votantes. Como dato, los bloques ideológicos de izquierda y derecha se mantienen constantes, opuestos en todas las preguntas, salvo en lo referente a al exministro Ábalos, quien ya no pertenece a ningún partido.

En lo que respecta al antiguo titular de la cartera de Transportes, actual diputado del Grupo Mixto en el Congreso, un 81,8% de los españoles cree que "hay motivos" para que se le investigue por su papel en la compra de mascarillas y su relación con la trama Koldo. Para que eso se produzca, el juez Ismael Moreno deberá pedírselo al Tribunal Supremo, único órgano facultado para imputar a un aforado.

Lo sorprendente de este dato es que un 53,9% de los votantes socialistas han dado la espalda al que fue durante cuatro años secretario de Organización del PSOE, suspendido de militancia desde el mes de febrero. De hecho, los simpatizantes de Podemos (44,4%) son los que menos claro tienen que haya motivos para investigarle.

'Caso Begoña'

Del mismo modo, otra mayoría de españoles (72,7%) cree que otra investigación judicial, la de Begoña Gómez, debe continuar hasta final. En este caso, ya sí, la izquierda se encuentra dividida, y buena parte de los votantes del PSOE (35,4%), Sumar (41,6%) y Podemos (47,6%) rechazan que el caso continúe en los juzgados.

En la derecha, por su parte, el apoyo a la investigación es arrollador: el 96% de simpatizantes del PP, el 99,6% de Vox y el 100% de Se Acabó la Fiesta (SALF) son partidarios de que los tribunales lleguen hasta el final. 

Esta semana el juez Juan Carlos Peinado ha empezado a sospechar que el número de alumnos que la esposa de Pedro Sánchez decía tener en su máster —uno de los objetos de la investigación— no se correspondía con la realidad. Tal y como desveló EL ESPAÑOL, Gómez plasmó en una memoria que contaba con 248 estudiantes, pero uno de los testigos interrogados (un profesor) aseguró que no pasaban de 15.

A raíz de este hallazgo, la confianza de los españoles en ella ha decrecido. Un 68,6% de ellos cree que su conducta no ha sido adecuada, por tratarse de la mujer del presidente del Gobierno; pero no sólo eso, sino que un 60,9% va más allá y directamente cree que hay indicios de delito.

De nuevo, estas dos preguntas presentan una división entre los votantes. Por lo general, la izquierda defiende la inocencia de Gómez, pero alrededor de un cuarto de sus votantes (28% en el caso del PSOE) matiza que su actitud no ha sido correcta. Esto se refiere a varias actitudes reprobables, que no necesariamente ilegales, en las que utilizó su estatus como mujer del presidente del Gobierno de forma inadecuada.

Algunas de ellas: pedir dinero para el África Center; implicarse en la Organización Mundial del Turismo; buscar dirigir la cátedra de TSC de la Complutense y saltarse sus normas de contratación; pedir a Reale y la Fundación La Caixa que patrocinaran el máster y a otras empresas que le suministraran alumnos; o firmar las dos "cartas de recomendación" en favor de su amigo Carlos Barrabés.

La filosofía que mencionan en privado desde el Gobierno es que, por mucho que se puedan criticar estas actitudes, ninguna es constitutiva de delito. Por tanto, y siguiendo esta lógica, el juez Peinado estaría prevaricando y buscando un "fin extraprocesal". Así lo indica la querella de la Abogacía del Estado, en representación de Pedro Sánchez, ampliada esta misma semana.

Asimismo, un 64,8% de españoles, incluido un 23,9% de votantes del PSOE, cree que el titular del Juzgado 41 de Plaza Castilla "está actuando correctamente" durante la investigación. Como ocurría en el caso de Ábalos, los simpatizantes de Podemos son los que más (95%) desconfían de la Justicia, y aseguran que se está cometiendo "una persecución política" contra la mujer del presidente.

Concierto catalán

Para que la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat saliera adelante, ERC puso como precio un golpe en el tablero: que el 100% de los impuestos estatales sean gestionados directamente en Cataluña. Dicho de otra forma, implantar una especie de cupo como el que ya existe sólo en el País Vasco y Navarra para tener soberanía fiscal plena y romper el régimen general de financiación.

Esa salida de la segunda comunidad que más aporta a la caja común después de Madrid será perjudicial para el resto de las autonomías en opinión del 66,6% de los encuestados, incluido un 38,8% de simpatizantes del mismo PSOE que firmó el pacto. De hecho, el porcentaje de socialistas críticos supera al de votantes de Sumar (31,3%) y Podemos (30,2%).

En cualquier caso, la opinión general es que el resto de comunidades autónomas tendrán "menos recursos como consecuencia de este pacto". Los más críticos son los simpatizantes de los tres partidos de la derecha: PP (86,2%), Vox (87,8%) y SALF (97,1%).

El acuerdo, aunque firmado, no está garantizado, ya que para cambiar el régimen fiscal de una comunidad autónoma es necesario reformar la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Y para eso hace una falta una mayoría absoluta en el Congreso que, al menos en un futuro próximo, no está garantizada entre los socios del Gobierno.

De hecho, ni siquiera dentro del mismo PSOE las tienen todas consigo y varios líderes territoriales ya se han manifestado en contra del concierto, aunque ellos no son quienes controlan la voluntad de los diputados. A pesar de todo, un 56,8% de los encuestados considera que los parlamentarios socialistas críticos con la reforma deberían votar en conciencia y rechazarla, debido al pequeño margen de error que existe en el actual Congreso.