Temor a que Ábalos no se limite a dejar la disciplina de voto: "Se ve traicionado y reventará al Gobierno"

Desde que el pasado mes de febrero estallara el llamado caso Koldo, José Luis Ábalos pasó al ostracismo para quienes fueron, durante muchos años sus compañeros, casi todos sus subordinados, y unos pocos sus superiores.

Por orden de Pedro Sánchez, fue expulsado del Grupo Parlamentario Socialista y relegado al Mixto. Además, el mismo líder instó a Santos Cerdán, sucesor de Ábalos como secretario de Organización, a abrirle un expediente disciplinario, con suspensión de militancia por no renunciar a su escaño, que debería acabar con la retirada del carnet.

Desde entonces, el exministro ha seguido actuando en el Congreso como si siguiese siendo el diputado 121 del PSOE. En este tiempo, Ábalos siempre ha votado de manera "seguidista" con lo que quería su partido, pero ahora puede poner en riesgo, incluso, el proyecto clave de Sánchez en los próximos meses, el del concierto catalán.

Aunque fuese verdad lo que dice ERC, que "Junts nunca votará contra el cupo catalán, porque el independentismo lo reclama desde hace una década", la división en Sumar, donde IU, Compromís y Chunta se oponen al plan, puede convertir su voto en clave.

Antes o después, reconoce Moncloa, la Cámara Baja deberá sacar adelante una la reforma clave, la de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Y ésta precisa de 176 votos afirmativos... es decir, 56 más de los que tiene el Partido Socialista.

Aun así, ya en febrero, el entorno de Ábalos advirtió a este diario de cuán "decepcionado" se sentía con el PSOE. "Sigue pagando la cuota, porque si no la expulsión es automática, pero ni siquiera le permiten recurrir la apertura de expediente", explicaban estas fuentes.

Lo formal y lo real

El motivo formal de la congelación del proceso era que el partido no le ha remitido hasta la fecha la documentación necesaria para poder presentar sus alegaciones. El motivo de fondo, entiende ahora su entorno, es que en Moncloa y en Ferraz se le da por amortizado.

"Habrá pieza separada sobre Ábalos en el juzgado por las comisiones ilegales de la compra de mascarillas en el Ministerio", asume un miembro del Consejo de Ministros. Y eso obligaba a una operación de cortafuegos, que pudo sustanciarse la semana pasada, con la auditoría publicada por el actual ministro del ramo, Óscar Puente.

La sensación en el entorno de Ábalos es que el motivo real es que se le quiere hacer pagar a él personalmente por las posibles irregularidades presuntamente cometidas. Más allá de que haya un ministro actual, Ángel Víctor Torres, cuyo gobierno canario pudo cometer tropelías similares; o una presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuyo gobierno balear hizo tres cuartos de lo mismo.

Ábalos sigue defendiendo que su actuación fue correcta y que "el único objetivo" de los contratos celebrados fue el de "proteger la salud" de los españoles, en general, y de los trabajadores que dependían de su Ministerio, en particular.

Concretamente, sobre la corrección en sólo 38 minutos de un pedido de 4 a 8 millones de mascarillas, dejando pasar ofertas mejores y sometiéndose a las exigencias de Soluciones de Gestión SL, la empresa matriz de la trama, él alega que, como ministro, firmó lo que sus asesores le ponían "por delante".

Y que habría firmado por 12 o 16 millones de unidades si ésa hubiese sido la condición del proveedor. Porque en aquel día 20 de marzo de 2020, menos de una semana después de la declaración del primer estado de alarma, había "escasez total" de estos productos en el mercado español.

"Sed de venganza"

"Ahora tiene sed de venganza", apunta una dirigente del partido. "Le conozco y no creo que vaya a esperar a salvar lo suyo, va a reventar el Gobierno".

Lo cierto es que, en el caso de Ábalos, llueve sobre mojado. Ya fue depurado sólo un año después de la pandemia, en julio de 2021, por Sánchez. Tras haber sido citado varias veces por el presidente para evaluar las opciones de la crisis de Gobierno que preparaba para darle un impulso al Ejecutivo después del fin de la alarma por la Covid, Sánchez prescindió de su ministro de Transportes y le hizo dimitir de la Secretaría de Organización.

Se acercaba, además, el congreso del partido en Valencia, en el que un PSOE triunfal, pretendía recuperar señas socialdemócratas, para terminar de laminar a Podemos desde el poder, ocupando, de nuevo, un espacio más centrado. Sánchez no le dio explicaciones, "ni yo las pedí", confesó Ábalos en una entrevista con este periódico, poco después.

Pero entonces, su entorno ya advertía de que el político valenciano mantenía un poderoso núcleo de fieles en su federación territorial. Las encuestas anunciaban que Ximo Puig estaba cerca de perder la Generalitat Valenciana a manos del PP de Carlos Mazón, como finalmente ocurrió, y el lobby abalista se mostraba empoderado.

Quizá por eso, Ferraz lo mantuvo en el ostracismo pero nadie en el PSOE se atrevió a dejarlo fuera de las listas el 23-J, e incluso él mismo hizo campaña para la victoria de su jefe.

"No hablamos desde hace mucho", confesaba entonces sobre Sánchez. "Pero igual que no pregunté por qué me dio tantas responsabilidades, no haré nada que lo pueda perjudicar", añadía, asegurando con vehemencia que seguía creyendo en el proyecto y que "el mayor riesgo" para España era que volviera "la derecha de la mano de la ultraderecha".

Lo cierto, es que su asiento en el Congreso, en una esquina del gallinero socialista, era temporal. Se le prometió un puesto de salida en las elecciones europeas del pasado mes de junio. En pago a los servicios prestados, se le daba una patada hacia arriba, a Bruselas, donde el cargo está mucho mejor remunerado que en Madrid.

Pero el plan se truncó al estallar el caso Koldo. El PSOE trató de que todo acabara en el exasesor del ministro, alegando que el aizkolari navarro había "dejado de ser militante". Pero las sucesivas revelaciones alcanzaron al exministro, y mientras otros exdirigentes socialistas advierten de "sabe cosas" él, por ahora, se limita a amenazar con su voto, clave en el Congreso.