Sánchez promueve la migración en su gira para frenar las pateras: estupor en las CCAA desbordadas

"Lo que ha provocado es perplejidad e indignación", apuntan fuentes del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso. Perplejidad por abordar la solución a un problema por el que el presidente, se supone, no iba a África. E indignación por no abordar la "emergencia migratoria" de hoy con soluciones para ahora.

Fuentes de Moncloa aseguran que, en sus reuniones bilaterales con los presidentes de Mauritania, Gambia y Senegal, el jefe del Ejecutivo español sí que ha insistido en que estos países cumplan con los acuerdos en lo tocante a devoluciones. "Hay mucho que mejorar en ese aspecto", explica el entorno del presidente, después de dos años en los que a España le cuesta cada vez más que los países de tránsito y origen acepten los retornos.

Es así, esencialmente, porque aunque más del 50% de los llegados a Canarias, por ejemplo, hayan zarpado de Mauritania, la inmensa mayoría de estos migrantes son subsaharianos o procedentes del Sahel. Huyen de guerras, terrorismo yihadista, golpes de Estado, violencia y falta de oportunidades; lo hacen cruzando el desierto mauritano, pero procedentes de Mali, Burkina, las Guineas... 

Por esta razón, el estupor se ha instalado en los gobiernos autonómicos y de la oposición al ver que el presidente hablaba de "migración regular" en Nuakchot, Banjul y Dakar, capitales de Mauritania, Gambia y Senegal, en lugar de buscar soluciones para "detener la ilegal".

"No se puede uno pasar el verano sin hacer nada, veraneando a cuatro kilómetros de donde se producen los desembarcos, y ahora plantarse en estos países a decir que España es un buen lugar de destino", lamentaba Alfonso Rueda, presidente gallego, este miércoles. "Pedimos planificación, porque claro que estamos de acuerdo en que vengan, pero con una política que no existe... esperemos que la haya".

Un ejemplo de la emergencia descontrolada es la Región de Murcia. "A diario, llegan a veces hasta una decena de personas a nado a nuestras costas", explica el Gobierno regional. ¿Cómo es posible? "Sólo se explica con barcos nodriza".

La gira africana

Sánchez ofreció en su primera intervención pública, junto al presidente mauritano, Mohamed Ould Ghazouani, hasta 250.000 puestos de trabajo para "migrantes regulares" procedentes de los países que está visitando. Y explicó que su llegada es necesaria para que la economía española siga creciendo y soportando su Estado del bienestar.

Pero otra de las declaraciones que arquean la ceja de propios y ajenos fue la pronunciada el miércoles en Dakar (Senegal), durante la última parte de la gira, cuando abordó por primera vez el tema de las devoluciones. No se refería a él desde los incidentes de Melilla. 

Migrantes irregulares llegando en un cayuco a El Hierro, en una imagen de archivo. H. Bilbao Europa Press

Si su mensaje estos días era de una "migración segura, ordenad y regular", como esgrimió en Gambia, en Senegal se salió del guion programado y abordó los retornos, precisamente una cuestión sobre la que ya hay acuerdos firmados. Dio igual.

"Es imprescindible el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Principalmente, porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos", lanzó desde Senegal, precisamente uno de los principales puntos de partida de los cayucos.

Un caso paradigmático de las llegadas es el que ocurre en las Islas Baleares. En Formentera, el 8% de los habitantes de la isla son recién llegados, este año, en barcazas. Al mismo tiempo, el boom turístico y la deslocalización laboral están cambiando el paisaje demográfico de las islas.

"Existe una España que se vacía, pero también una España que se llena", explica un colaborador de Marga Prohens. "No se puede hacer política con brocha gorda, aquí tenemos problemas de acceso a la vivienda, de falta de infraestructuras educativas, de congestión… y con unas previsiones de importantes crecimientos poblacionales en los próximos años". 

"Pero más allá de la irresponsabilidad del efecto llamada", añade un portavoz del Gobierno de Baleares, "nosotros estamos viviendo un récord de llegadas en pateras". Y es que, además de la ruta africana a las Canarias, la más mortífera de todas las que llegan a Europa, está la recuperada a las Islas Baleares.

Las tensiones con Argelia, según fuentes consultadas sobre el terreno, han convertido una vía cegada en el pasado, procedente de Marruecos en un nuevo problema.

"Son cerca de 2.400 migrantes llegados de forma irregular en lo que va de año" al archipiélago balear. "A 15 de agosto ya estamos por encima del total de 2023, y todavía queda la temporada que más suelen llegar, que es ahora, finales de agosto, septiembre y principios de octubre".

La emergencia es total en Canarias, con ya cerca de 5.500 menores, y en Ceuta, donde sus centros están al 360% de capacidad. "Estamos violando los derechos de estos niños, porque ya no podemos atenderlos con dignidad, ni cumplir con los acuerdos internacionales firmados por España", apunta la consejera de Bienestar Social insular.

La titular de las competencias sobre los menas, Candelaria Delgado, señala que "este miércoles llegaron otros 379 migrantes en tres pateras a las costas Canarias. Entre ellas había menores, 59 menores no acompañados". E insiste, en conversación con este diario: "Es un drama humanitario que normalizamos, pero que requiere de políticas, medidas y recursos urgentes, que precisa de la implicación del Estado y de las instituciones europeas".

El próximo 6 de septiembre, Alberto Núñez Feijóo va a reunir a los barones autonómicos del PP que gobiernan en 12 autonomías, además de Ceuta y Melilla. "Ésa sí va a ser una conferencia de presidentes", explica una fuente de Génova, "no como la que dice Sánchez que va a convocar, pero de la que ningún Ejecutivo regional sabe nada".

En ese cónclave, que en principio estaba enfocado esencialmente al "golpe constitucional" que supone, apara el PP, el concierto catalán, los populares también pondrán en común sus preocupaciones por la crisis migratoria. "Debemos ir con mucho cuidado con los efectos de según qué políticas y mensajes", insiste un portavoz autonómico popular.

En la última reunión de la Junta Directiva Nacional, el pasado mes de julio, los líderes regionales ya pusieron en común sus datos. "Ninguna CCAA está a menos del 140% de saturación en sus recursos para atender menas", alerta un portavoz del PP. 

"Todos están dispuestos a aliviar la carga de sus compañeros de Canarias y Ceuta", añade, "pero es lo mismo que los niños estén hacinados en Lanzarote que en Cartagena... sin que el Estado asuma su parte, no votaremos la reforma de la Ley de Extranjería" que, de momento, es el único plan concreto de Moncloa para la "emergencia migratoria".

Las condiciones del Partido Popular pueden resumirse en esa sola, para sentarse a hablar con el ministro Ángel Víctor Torres. "Cuando un Gobierno autonómico sobrepase el 150% de sus recursos", explican las fuentes populares consultadas, "el Gobierno de la nación debe asumir el sobre coste".

Es decir, los alojamientos, los profesores, la atención médica, la psicosocial, la de tutela... "Es mucho lo que necesita un menor, que tiene sus derechos", apuntan desde el Ejecutivo aragonés. "Y hay que buscar a esos maestros, enfermeras, psicólogos y médicos, hay que contratarlos, no es sólo darle un techo y unas comidas al menor cada día".

"Si el Gobierno quiere el apoyo de las CCAA, que nos reúna y nos explique su política, estaremos de acuerdo muy fácilmente", concluía Rueda, "pero no se puede quedar uno quieto y luego simplemente repartir los efectos del problema que no has atendido".

Un portavoz de Ayuso lo explica desabridamente: "Nuestra capacidad de atender menas está más que superada desde hace tiempo", mientras alcaldes del PSOE, añade, rehúsan ceder espacios para abrir más.

"Pero también están saturadas cada día las instalaciones de Barajas. Y los centros de mayores que dependen del Gobierno central", añade. "En Alcalá de Henares, el centro que depende Sánchez, tiene miles de mayores abandonados, en carpas de plástico, sin ninguna atención".

Del mismo modo, la Junta de Castilla y León reclamó este miércoles al Gobierno de España una política migratoria "de Estado, que involucre a todos los agentes [...] y que se dialogue y se hable con las comunidades". "Que nos dejemos de ocurrencias y vayamos a las realidades", señala la número dos del Ejecutivo autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

"Los presidentes de las comunidades autónomas le han demandado una conferencia de presidentes, precisamente, para hablar sobre estos temas y dar soluciones como medidas en origen, ayudar a esos países precisamente a desarrollarse, control de fronteras, como se está haciendo en otros países. Implicar a la Unión Europea. Somos la frontera sur de Europa, frontera de entrada", advirtió.