El Estatuto valenciano permite exigir el mismo trato que Cataluña, lo que partiría del todo el sistema

Se trata de la disposición adicional segunda del Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana. A ella podría acogerse el presidente Carlos Mazón (PP) para exigir ahora el mismo trato que Cataluña. En caso de llegar a producirse, dinamitaría definitivamente el sistema de financiación autonómica.

Ni que decir tiene que Mazón tiene en absoluto los anhelos nacionalistas de ERC. También está por ver si la controvertida cláusula, jamás empleada hasta la fecha, podría ejercer realmente como la aspiradora legislativa como la que fue concebida.

Pero la mera posibilidad de esa reclamación, contemplada negro sobre blanco en el Estatuto valenciano, da buena cuenta del peligroso sendero en el que se adentra Pedro Sánchez al conceder el llamado "concierto económico solidario" a los independentistas catalanes a cambio de que invistan a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña.

La mencionada "cláusula Camps" establece en su primer punto que "cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas, será de aplicación a la Comunitat Valenciana, considerándose ampliadas en esos mismos términos sus competencias".

"La Comunitat Valenciana velará por que el nivel de autogobierno establecido en el presente Estatuto sea actualizado en términos de igualdad con las demás Comunidades Autónomas", agrega el segundo punto.

Y, "a este efecto" -concluye el tercero- "cualquier ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas que no estén asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas a la Comunitat Valenciana con anterioridad obligará, en su caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las correspondientes iniciativas para dicha actualización".

El golpe para las arcas públicas de esa hipotética equiparación sería enorme, porque el denominado "concierto" que se pretende conceder a Cataluña fija un tope en la aportación solidaria para el resto de autonomías de menor renta per cápita.

Pedro Sánchez y Salvador Illa. Efe

Cataluña es la segunda autonomía española por volumen de producto interior bruto (PIB), con una cifra similar a la de Madrid. La Comunitat Valenciana es la cuarta, por detrás de Andalucía. Y, pese a tratarse de una región con una renta per cápita por debajo de la media, es de las que sí aporta a las consideradas comunidades pobres. Si lograra un tope a su solidaridad como el de Cataluña, el bocado a las arcas sería inasumible.

Las fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL coinciden en que la llamada "cláusula Camps" permite a la Comunitat Valenciana exigir un trato como el catalán por lo dispuesto en el tercer punto, que establece que podrá acogerse a "cualquier ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas que no estén asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido atribuidas".

No obstante, discrepan sobre que pudiera acabar logrando el mismo trato de favor, porque en el primer punto de la disposición adicional segunda del Estatuto valenciano habla de incorporar competencias que se hayan brindado "con carácter general y en el ámbito nacional", y las que va a lograr Cataluña responden a una cesión singular, no general.

Como poco, si la Generalitat Valenciana quisiera dar la batalla, llevaría al Estado a un litigio que agravaría la crisis territorial ya generada por la cesión del concierto a Cataluña.

"Golpe de Estado fiscal"

El Gobierno valenciano parece, al menos por ahora, lejos de pedir una equiparación. Este martes, la portavoz y consellera de Economía y Hacienda, Ruth Merino, calificó de "golpe de Estado fiscal" el concierto económico para Cataluña.

En declaraciones posteriores, el presidente valenciano insistió en la misma idea. "La Comunitat Valenciana ni va a estar callada ni se puede permitir el lujo de estar callada ante un golpe de Estado fiscal, que es tanto como un golpe de Estado de hecho, a la igualdad de los españoles", dijo.

Según Mazón, "el socialismo se ha convertido en un fondo buitre con sede en Barcelona". "Lo que está haciendo es que todos tengamos muchos más problemas al final de la corrida para poder financiar nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales, porque de eso va la financiación", añadió.

Ruth Merino, por su parte, acusó a Sánchez de "hacer añicos todo lo conseguido en la democracia". Dijo que ha traído "la quiebra total de los principios de igualdad y solidaridad" y anunció, como también refrendó Mazón, una ofensiva legal por parte de la Generalitat Valenciana cuando se materialice el acuerdo. Consistirá en un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La dirigente valenciana considera "impresentable" que el concierto lleve el apellido de "solidario". "Es precisamente lo contrario", defendió, al considerar que la realidad es que una de las comunidades ricas dejará de aportar a la caja común.