De Carmena a Rubén Sánchez, las víctimas de Alvise: "Está ilocalizable y recurre cada denuncia"

El enunciado podría ir acompañado de fondo por la banda sonora de El Padrino. Pero no, llegó así, en seco, al teléfono de un político en el radar de Alvise Pérez. El remitente era el propio eurodiputado electo. Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, en honor al personaje de un libro del filósofo italiano del siglo XV Agostino Nifo.

Lo normal hubiera sido que tras ese mensaje intimidatorio, ¡pafff!, como por arte de magia, empezaran a circular datos personales del político en cuestión. No fue así, la amenaza comenzó y terminó en el mismo momento. Tan inquietantes resultan sus campañas difamatorias como sus advertencias, porque indican que está ahí aunque no se le vea. 

A Alvise Pérez, más que con un personaje de El Padrino, le gusta identificarse con los justicieros de V de Vendetta. O alguien mejor incluso, porque a diferencia de Guy Fawkes, él se presenta en su canal de Telegram como un héroe desenmascarado contra los corruptos. 

Lo que no resulta tan transparente es el origen de sus filtraciones, su paradero, sus financiadores… Alvise, probablemente, no sea sólo Alvise, sino muchos más. Con esa idea ha llevado a una agrupación de electores llamada Se Acabó la Fiesta (SALF), formada por ciudadanos desconocidos, al Parlamento Europeo con tres representantes.

Antes de eso se dedicó a difamar de forma indiscriminada. El blanco ideal suele moverse en el terreno de la izquierda, pero también dispara a la derecha o incluso a personas anónimas sin adscripción política.

Alvise Pérez, líder de la agrupación Se Acabó la Fiesta, en la noche electoral de las europeas. EFE

Tampoco importa el formato: los bulos pueden presentarse en forma de audios, fotografías o simples mensajes de texto. Lo importante es que se difundan por las redes en bruto, sin filtrar, porque así tendrán una apariencia más genuina para sus seguidores. Esto le ha costado una buena cantidad de demandas, aunque la mayoría las ha ido esquivando. Hablamos con algunos de quienes han acudido al juzgado para denunciar presuntas calumnias. 

José Luis Ábalos

"En realidad los denunciantes no son tantos, porque muchos prefieren no complicarse la vida; estos procesos tienen un coste y además él se pone más bravo", explica el exsecretario de Organización y ministro socialista, ahora en el Grupo Mixto tras su expulsión del PSOE.

José Luis Ábalos contabiliza hasta seis demandas por diferentes delitos contra el honor. "Va cogiendo y soltando a gente, pero yo era un fijo para él, conmigo se obsesionó", cuenta al teléfono. 

Ábalos, en el Congreso de los Diputados Efe

La primera llegó en 2018, mientras Alvise trabajaba en Valencia para Ciudadanos y poco después de que Ábalos abandonara la secretaría general del PSPV-PSOE. "Publicó unas fotos personales en las que yo salía en mi casa. Lo denuncié en los juzgados, pero la demanda terminó decayendo porque los funcionarios no lograron localizarle y notificarle el requerimiento", expone el diputado.

Esas imágenes iban acompañadas de un texto que cuestionaba la salud mental del político, que en ese momento estaba mirando una jaula de pájaros. 

La desaparición forma parte del modus operandi del activista, ya que la mayoría de denunciantes han pasado por esto. Más adelante, el Juzgado de Primera Instancia de Madrid tomó en consideración esta misma causa presentada por Ábalos y, aunque siguió sin poder localizar al acusado, decidió juzgarlo en rebeldía.

Alvise fue condenado a pagar 60.000 euros por intromisión ilegítima del derecho al honor, pero recurrió la sentencia y consiguió que la anularan al no haber recibido la notificación. 

"Él está muy bien conectado. Tiene sus abogados, pero sobre todo tiene financiadores y mucho dinero", asevera el exministro. Y esa es la gran cuestión: quién está detrás del personaje histriónico que aparece en las redes. 

La campaña electoral de Se Acabó la Fiesta se pagó con donaciones anónimas, se ha publicado la vinculación con la asociación ultraderechista Hazte Oír, pero también se especula con la participación de empresas o individuos que contactan con él para iniciar algún tipo de guerra sucia. Algo que, sin embargo, no se ha podido demostrar.

"Lo más llamativo de todo es que él se presenta como un azote contra la corrupción, pero nunca ha presentado una demanda", zanja Ábalos. 

Manuela Carmena

El caso de la exalcaldesa de Madrid es todavía más rocambolesco. Y uno de los pocos en los que la Justicia ha fallado en contra del agitador, aunque tampoco éste haya pagado por ello.

"Ocurrió durante la pandemia, cuando de pronto me encuentro en Twitter una foto de un lugar que se suponía que era mi casa, con una camioneta de una empresa de salud, donde se decía que yo estaba enferma de Covid y me habían traído un respirador artificial. Yo no conocía de nada a aquel individuo, pero era una cosa tan absurda que le contesté, porque pensé que era un error. Entonces me respondió algo de que yo daba libertades a los presos etarras y ya me dejó noqueada", recuerda. 

Manuela Carmena en su etapa como alcaldesa de Madrid Efe

Era marzo de 2020 y Manuela Carmena se había retirado de la política tras perder la Alcaldía el año anterior, pero tampoco eso era un problema para iniciar una campaña de este tipo en redes.

"Presenté una demanda contra la intimidad y el honor, que dio muchas vueltas, porque no estaba claro dónde residía; y una vez que se supo, nunca estaba en casa. Hasta que un día un funcionario lo encontró, él rechazó coger la demanda, pero el juzgado ya pudo iniciar el proceso", recuerda.

Alvise fue condenado a pagar 5.000 euros a Carmena, pero apeló y el recurso aún está pendiente de resolución.

El influencer también tuvo que borrar los tuits y, tiempo después, por casos como éste, su cuenta de Twitter fue suspendida. Desde entonces se ha volcado en Telegram o Youtube, donde cuenta con una comunidad de unos 800.000 seguidores entre ambas redes, un número muy similar al de los votos conseguidos por SALF.

"Me gustaría entender el fenómeno, aunque imagino que él piensa que si hay otros que han conseguido llegar hasta ahí, como Milei, por qué él no", reflexiona la exalcaldesa. 

Francisco Martínez

En los casos anteriores se trata de demandas, con procedimientos mucho más sencillos y en los que no influye el aforamiento que protegerá ahora a Alvise Pérez como eurodiputado.

No obstante, la acción de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con el PP entre 2013 y 2016, es de otra naturaleza, tiene un carácter penal. Se trata de una querella contra Alvise.

El político estaba siendo investigado en el caso Kitchen como número dos del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, cuando Alvise Pérez volcó en su canal de Telegram más de una veintena de archivos que procedían del móvil de Martínez, en los que había todo tipo de información personal que nada tenía que ver con la trama en la que indagaba un juez de la Audiencia Nacional.

Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad Europa Press

"En un primer momento, me dijeron que este hombre estaba difundiendo en su canal de Telegram conversaciones de Villarejo con otras personas. Entre ellas, conmigo. Ya habían salido publicadas de forma parcial, pero él las saca de manera íntegra. Y aunque yo, como jurista [es licenciado en Derecho], creo que hay un delito de revelación de secretos, decido en ese momento no hacer nada. Después, claro, me arrepentí", explica el exsecretario de Estado a EL ESPAÑOL. 

Pero Pérez acabaría publicando, íntegramente, chats de Martínez con varias personas, que procedían de un volcado de su teléfono móvil ordenado por el juez que investigaba el caso Kitchen.

Tras varios titubeos, el instructor Manuel García-Castellón decidió que las conversaciones de carácter privado quedarían fuera de la causa. "Pero el mismo día que el juez aparta esa información, aparece todo ese contenido, con detalles personales y familiares en el canal de Telegram de Alvise", recuerda Martínez en conversación con este diario.

"Lo publicó diciendo que él iba a acabar con la corrupción, pero los borró en 24 horas, probablemente porque alguien le aconsejó hacerlo. Y en ese tiempo comenzaron a llegarme mensajes de gente amenazándome", prosigue el exsecretario de Estado de Seguridad. 

Martínez, entonces sí, se querelló contra Alvise. Primero, ante la Audiencia Nacional, en el mismo Juzgado que investigaba el caso Kitchen. García-Castellón la derivó a un juzgado de Plaza de Castilla. Concretamente, recayó en el Juzgado de Instrucción núero 51 de Madrid. Pero dichas diligencias contra Alvise, ahora, tendrán que ser remitidas directamente al Supremo debido al aforamiento del eurodiputado electo.

"Yo no creo que se haya presentado a las elecciones sólo para protegerse, sino porque probablemente se crea ese papel que él mismo ha alimentado. Lo que sí es evidente es que debe tener muy buenas conexiones con gente vinculada a estos casos porque, si no, no tendría acceso a toda esta información", sostiene el expolítico del PP.

Rubén Sánchez

Otro de sus blancos considera que todo se trata, sencillamente, de un negocio. El secretario general de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, opina que Alvise "se ha dedicado durante años a difundir bulos en los ambientes de ultraderecha y de esa forma ha conseguido ganar muchos seguidores, porque las cosas que publica son muy escandalosas". "Más seguidores significa más dinero en forma de donaciones y ahora todo eso se ha traducido en votos", señala. 

En 2020, durante el estado de alarma, Facua presentó tres denuncias contra el influencer por haber iniciado una campaña de venta de banderas y símbolos contra Pedro Sánchez en la que quedaban al descubierto todos los datos personales de los compradores.

"La página era tan, tan cutre que se filtraron un montón de datos confidenciales de sus propios clientes. Pero él le dio la vuelta y dijo que yo le había hackeado sus ordenadores. Montó una campaña de difamación contra mí y terminé presentando una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor", asegura el portavoz de la organización de consumidores. 

Rubén Sánchez, secretario general de Facua Facua

Rubén Sánchez se considera "activista" en sus perfiles de redes sociales y está vinculado a la izquierda. Recientemente también interpuso otra demanda por injurias y calumnias contra Vito Quiles, que trabaja como asesor de prensa para Alvise Pérez, lo que motivó la orden de un juzgado de Sevilla de averiguar el paradero de Quiles por no haberse presentado a comparecer.

Como Alvise, su consejero de comunicación esquiva estos procedimientos tratando de no ser localizado. "Son expertos en darles la vuelta al asunto y presentarse como víctimas", defiende Rubén Sánchez. 

Salvador Blanco

En todos los ejemplos anteriores y en algunos otros podría haber una motivación política. El secretario general del PSC, Salvador Illa, denunció la publicación de una foto falsa con una prueba PCR positiva poco después de haber dejado el cargo como ministro de Sanidad y a pocos días de celebrarse las elecciones catalanas de 2021 en las que él era candidato.

También el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, denunció al agitador por vincularle con presuntos tratos de favor por parte de empresarios, aunque en este caso las demandas fueron desestimadas. 

La presentadora de La Sexta Ana Pastor fue al juzgado después de que Alvise afirmara que la compañía de verificación Newtral, propiedad de la periodista, estaba conectada con el PSOE.

Incluso Ainhoa Sánchez, hija del presidente Pedro Sánchez, lo demandó por publicar fotos privadas, poco después de haber cumplido la mayoría de edad. En casi todos los casos el contenido sólo duró unas horas en la red.

Salvador Blanco Nieto Redes sociales

Pero de todos estos episodios el más incomprensible es el de Salvador Blanco Nieto, literalmente un hombre que pasaba por allí.

Cuando hace unos meses unos narcos asesinaron a dos guardias civiles en aguas de Barbate, Alvise Pérez publicó una foto sacada del perfil de Facebook de este hombre, con su nombre y apellidos, afirmando que era uno de los detenidos y que se jactaba de la muerte de los agentes.

"De repente un día me levanto y veo que me están acusando de esto. Yo no entendía nada, pero empecé a recibir amenazas de muerte de todo tipo, contra mí, mi mujer y mi familia, hasta que me bloquearon la cuenta", rememora.

"No tenía ni idea de quién era este individuo, después borró el mensaje y dijo que finalmente yo no estaba entre los detenidos, pero mantenía la sospecha contra mí. Y a día de hoy, todavía hay gente que me sigue amenazando e insultando por la calle", añade. 

Salvador no quiere revelar el lugar en el que vive para no complicar más las cosas. Tiene una dependencia de grado 2 del 70% y un trastorno esquizoafectivo, por lo que no puede trabajar ni goza de demasiados recursos.

Acudió a la Guardia Civil, pero allí le dijeron que su demanda no prosperaría sin un acto previo de conciliación, y una abogada se hizo cargo de su causa, de forma gratuita. Iniciaron una campaña de crowdfunding por la que consiguieron una suma muy escasa de dinero, aunque sigue necesitando fondos para seguir adelante con el caso. 

"Yo no sé nada de este hombre, ni conozco sus motivaciones ni nada de nada. Sólo sé que ni siquiera se ha disculpado conmigo y me ha hecho mucho daño", denuncia Salvador.

Así funciona la máquina de fabricar embustes de Alvise Pérez y estos son sólo algunos de los damnificados, quienes lo han denunciado. En sus archivos hay otras decenas de nombres que prefirieron aguantar el chaparrón y esperar a que pasara la tormenta antes que contratar a un abogado y convertirse en enemigos oficiales de los cientos de miles de seguidores que secundan al instigador en la red.