El Senado dice que la Mesa del Congreso no tiene autoridad para rehusar su acción contra la amnistía

Según el escrito, al que ha tenido acceso este diario, la Mesa no es órgano con autoridad legal para responder al Pleno del Senado. Y no lo es porque no tiene la "competencia legislativa", que está residenciada en la Cámara en su conjunto. 

El Senado considera que tramitar la Ley de Amnistía es su "obligación", pero que, al mismo tiempo, le "usurpa" una de sus competencias constitucionales, la "que se le atribuye en los artículos 167 y 168 de la Constitución, que es la que tiene en materia de reforma de la Constitución".

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Y esto es así porque, a la vista de los informes de los letrados de la Cámara, así como de otros -cita expresamente el dictamen de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso- "la norma requeriría de una reforma constitucional" para poderse tramitar legalmente.

Es decir, que simplemente tramitarla estaría suponiendo una "reforma encubierta" de la Carta Magna, para la que el Senado no podría estar ejerciendo sus competencias.

"Se queda aquí"

El escrito de disconformidad de la Cámara presidida por el popular Pedro Rollán, de 19 páginas, ya ha sido remitido a la Mesa del Congreso. En él se desmontan, una por una, las diez consideraciones con las que la Mesa presidida por la socialista Francina Armengol rechazó el conflicto de competencias.

El Senado reclamaba que el Pleno del Congreso hubiera retirado la ley de su tramitación legislativa. O en caso de no hacerlo, subsidiariamente, a la Mesa que anulara su calificación.

"Pero nos ha respondido la Mesa, obviando el trámite del debate y la votación en Pleno del congreso", explican las fuentes consultadas, "sin ser el órgano con competencias para hacerlo".

Ahora, fuentes del entorno de Rollán dan por hecho que "el Congreso no hará nada, y esto se quedará aquí". Pero la mayoría absoluta del Senado, que ostenta el PP, "quería dejar claro mediante escrito formal" que el asunto no se ha resuelto. "Aunque ya no da tiempo a nada, porque la tramitación legislativa sigue su curso".

De hecho, está en sus últimos estadíos. Y, como anticipaba Carles Puigdemont en su mitin de presentación de candidatura (en Elna, Francia) "el calendario encaja". Y la ley estará en vigor a tiempo de que él pueda presentarse en España -"en Cataluña", corrigen fuentes de su entorno- para la sesión de investidura.

30 de mayo, y al BOE

La proposición de Ley de Amnistía ya está en su trámite final. La norma será rechazada el 14 de mayo por el Pleno del Senado, pero el Congreso levantará el veto el día 30, según confirman fuentes de la Cámara Baja, para que se publique de inmediato en el BOE y entre en vigor al día siguiente.

Así, en la primera semana de junio, el líder de Junts ya podría cruzar la frontera, según su propia intención. "No esperaremos a que los jueces cumplan con sus obligaciones", explicó el mismo hace un par de semanas a este diario.

"La ley les da dos meses para hacer decaer todas las causas, y levantar todas las medidas cautelares, pero aunque no lo hayan hecho, iré al Parlament".

Según la ley electoral catalana, la Cámara debe constituirse un mes después de las elecciones, es decir, el miércoles 12 de junio. Si para entonces ya está claro quién la presidirá, es posible que estén negociadas también las mayorías de investidura. Y si el expresident fugado puede volver a ser lo primero, dejará de ser lo segundo.

"Y si me detienen, la cosa tendrá poco recorrido", explicó este mismo martes en uno de sus mítines de campaña.

De momento, queda un trámite para que todo eso ocurra: que el Senado emita su dictamen, cosa que hará la comisión conjunta constitucional y de Justicia, este jueves 9 de mayo, tras estudiar el último dictamen del letrado asignado a esta proposición de ley orgánica, Eugenio de Santos.

"Que quede constancia"

Pero, paralelamente a la tramitación legislativa "obligada", el conflicto de competencias presentado por el Senado habrá muerto ya, tras ser "desdeñado y ninguneado", según fuentes de la Cámara de segunda lectura, por el órgano de gobierno del Congreso.

Las fuentes explican que la Cámara Baja ha forzado tanto las formas como el fondo en su respuesta. Por un lado, "no tiene competencias para hacer lo que ha hecho". Y por otro, "los argumentos que esgrimieron son todos incorrectos o forzados". Pero el resultado está claro: "Esto ya no llegará al Constitucional, aunque quedará constancia como precedente".

La Mesa del Senado, en la que el PP tiene mayoría, manifiesta en ese escrito su disconformidad con la respuesta del Congreso al conflicto de atribuciones entre ambas Cámaras por la Ley de Amnistía. La Mesa del Congreso, donde tienen mayoría PSOE y Sumar, rechazó el requerimiento hace tres semanas por "improcedente".

Las fuentes de la Cámara Alta dan por terminado el recorrido de su iniciativa "por realismo", aunque el PP mantiene abierta la posibilidad de elevar este conflicto al Tribunal Constitucional, ahora o cuando esté aprobada definitivamente la norma.

Ésta era la primera ocasión en la que se suscitaba este conflicto institucional en democracia, y los populares eran conscientes de la tensión constitucional que provocaban con la iniciativa.

Pero esgrimían que "la gravedad del contenido" de la ley, "que supone una reforma encubierta de la Constitución", y lo "inadecuado" de las formas, "por la vía de urgencia, dividiendo el país y evitando los informes de los órganos consultivos", exigían esta respuesta.

El Congreso, por su parte, esgrimió en su respuesta que la Cámara Baja ha ejercido sus atribuciones "en los términos constitucional y reglamentariamente establecidos". Y que, a su juicio, "bajo la apariencia de la defensa de sus atribuciones, el Senado no puede intentar subvertir las legítimamente ejercidas por el Congreso en el marco del procedimiento legislativo".

Según el órgano controlado por los partidos del Gobierno y sus socios independentistas -beneficiarios de la ley-, el planteamiento del conflicto por parte de la Cámara Alta suponía "un artificio para evitar cumplir su obligación constitucional y suplantar al Congreso".

Toda esa argumentación es desmontada por el Senado en su "escrito de disconformidad".

Porque defiende que la Cámara Alta "nunca ha discutido que la Mesa del Congreso pueda ejercer la competencia de calificación y admisión atribuida por su Reglamento". Sin embargo, sentencia que "con esa admisión, se está iniciando la tramitación de una iniciativa sobre amnistía sin antes haberse reformado la Constitución en el sentido de apoderar a las Cortes Generales" de esa facultad.

Es más, la Mesa del Senado asegura que "no debe entrar en este juego con que el Congreso pretende confundir acerca de la finalidad del conflicto, trayendo aquí unas consideraciones del todo ajenas al mismo y que la Cámara Baja no está ni siquiera en disposición de conocer, ni de anticipar, pues el escrito mediante el que se formalice el conflicto ante el Tribunal aún no ha sido presentado".