Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez perdió en diciembre el poder de fijar el orden del día que le otorgaba la Presidencia española de la UE, el reconocimiento del catalán como lengua oficial -un "pago adelantado" exigido por Carles Puigdemont a cambio de su apoyo- había desaparecido por completo de la agenda europea.
Entre septiembre y diciembre, bajo presidencia española, la cuestión de las lenguas cooficiales se abordó en cinco reuniones consecutivas del Consejo de Asuntos Generales. Un activismo de Sánchez que no se tradujo en el resultado que reclamaba el líder de Junts, puesto que la mayoría de los países se oponen a la oficialidad del catalán por su impacto político, jurídico, económico y práctico. Desde la llegada de Bélgica a la Presidencia en enero, este asunto se había esfumado totalmente del radar comunitario.
Justo en vísperas de la decisiva votación de este jueves en la Comisión de Justicia sobre la Ley de Amnistía (que fue tumbada por el partido de Puigdemont el 30 de enero), el Gobierno de Sánchez ha lanzado una nueva ofensiva en Bruselas para reactivar el debate sobre el catalán, pese a que no se ha producido ningún avance significativo que la justifique, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes diplomáticas.
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Para empezar, el embajador permanente ante la UE, Marcos Alonso, ha anunciado este mismo miércoles al resto de sus socios europeos que en el Consejo de Asuntos Generales del próximo 19 de marzo presentará una "nota de información" sobre el trabajo de los últimos meses sobre las lenguas cooficiales.
La delegación española no ha querido dar ningún detalle sobre el contenido de la nota. Otras fuentes explican a este periódico que en las últimas semanas no ha habido ningún avance sobre este asunto, que ni siquiera se ha discutido a nivel técnico de grupo de trabajo.
No obstante, esta iniciativa del Gobierno de Sánchez obliga a incluir el catalán de nuevo en la agenda del Consejo de Asuntos Generales del 19 de marzo, tras estar ausente en enero y febrero. Pero se añadirá al epígrafe de "puntos varios", que normalmente se despachan sin siquiera debate. Cualquier modificación del reglamento de régimen lingüístico de la UE exige la unanimidad de los 27 Estados miembros.
En paralelo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, envió el viernes pasado una nueva carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la que le reclama la firma de un acuerdo administrativo que permita usar el catalán en los plenos de la Eurocámara. El equipo de la presidenta confirma que ha recibido la carta, pero duda de que la petición española se discuta ya en la reunión de la Mesa de marzo: probablemente se retrasará a abril.
Albares ya envió una petición similar a Metsola en septiembre de 2022, como parte de los compromisos de la mesa de diálogo entre el Gobierno de Sánchez y la Generalitat de Pere Aragonès. Pero la solicitud nunca llegó a prosperar por la oposición del Partido Popular Europeo.
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La reforma del reglamento de régimen lingüístico parecía la alternativa escogida por Sánchez con el fin de obligar a la Eurocámara. Sin embargo, en los últimos días Albares ha reactivado al mismo tiempo todos los frentes para el reconocimiento del catalán.
Desde el principio del debate en septiembre, la mayoría de Estados miembros se han mostrado reticentes al reconocimiento del catalán por las repercusiones políticas, jurídicas, económicas y prácticas que tendría. En particular, muchos Gobiernos temen un efecto contagio, es decir, que otras lenguas regionales europeas exijan el mismo estatus en la UE.
En cuanto al aspecto financiero, la Comisión Europea realizó una primera evaluación de impacto que cifraba en 132 millones de euros al año el reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas.
El Gobierno de Sánchez se ha comprometido a sufragarlo con fondos nacionales, a diferencia de lo que ocurre con el resto de lenguas oficiales, que corren a cargo del presupuesto comunitario. Pero ni siquiera así ha logrado convencer al resto de socios.