Tras el final de la presidencia española del Consejo de la UE, el reconocimiento del catalán como lengua oficial -uno de los pagos adelantados que exigió Carles Puigdemont a Pedro Sánchez a cambio de su apoyo- desaparece de la agenda europea.
Los ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete celebran su primera reunión del año el próximo 29 de enero, ya bajo presidencia belga, y en la agenda (que se ha publicado este viernes) no figura la petición del Gobierno de Sánchez de incluir el catalán, el gallego y el euskera en el reglamento del régimen lingüístico de la UE.
Es la primera vez en cinco meses (desde septiembre de 2023) que el reconocimiento del catalán no se incluye en el orden del día del encuentro mensual del Consejo de Asuntos Generales. Durante la presidencia española, el Gobierno de Sánchez forzó que este asunto se abordara hasta en cuatro reuniones para dar satisfacción a Puigdemont, pese a que estaba claro que no había posibilidades de acuerdo ni de avances reseñables.
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Este abuso de las prerrogativas de la presidencia a la hora de fijar la agenda provocó sorpresa y disgusto entre el resto de socios, que criticaban fuera de micro que se trataba de un "proyecto particular" y no de interés europeo. Desde el 1 de enero, Sánchez ha perdido el poder de decidir el orden del día, que corresponde ahora a Bélgica.
En la última reunión de diciembre, la presidencia belga se comprometió a seguir trabajando sobre la solicitud española, prestando especial atención a los distintos análisis de las implicaciones jurídicas, políticas y prácticas solicitados por los Estados miembros.
El hecho de que la oficialidad del catalán no se haya incluido en la agenda del Consejo de Asuntos Generales del 29 de enero significa que esta cuestión sigue sin estar madura para llegar a un acuerdo. Los trabajos continuarán bajo el radar a nivel técnico, ya que es muy complicado alcanzar la unanimidad necesaria para cambiar el reglamento.
El Consejo está ahora a la espera de que España presente "una propuesta alternativa que sea compatible con los Tratados", acompañada de análisis de impacto administrativos, legales y financieros, "tal y como ha pedido la vasta mayoría de Estados miembros", según han explicado a EL ESPAÑOL fuentes de la presidencia belga.
"La presidencia analizará todos estos documentos a nivel técnico cuando estén disponible. Los análisis de impacto completos tardarán ciertamente algún tiempo en publicarse. Por lo tanto, en esta fase el expediente quedará a nivel técnico", señalan las fuentes consultadas.
Desde el principio del debate en septiembre, la mayoría de Estados miembros se han mostrado muy reticentes al reconocimiento del catalán por las repercusiones políticas, jurídicas, económicas y prácticas que tendría. En particular, muchos Gobiernos temen un 'efecto contagio', es decir, que otras lenguas regionales europeas exijan el mismo estatus en la UE.
En cuanto al aspecto financiero, la Comisión Europea realizó una primera evaluación de impacto que cifraba en 132 millones de euros al año el reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas. El Gobierno de Sánchez se ha comprometido a sufragarlo con fondos nacionales, a diferencia de lo que ocurre con el resto de lenguas oficiales, que corren a cargo del presupuesto comunitario. Pero ni siquiera así ha logrado convencer al resto de socios.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, restaba importancia en diciembre a la falta de acuerdo y explicaba que a Irlanda le costó "dos años" lograr que la UE reconociera el gaélico como lengua oficial. Albares participó de forma extraordinaria en dos de los Consejos de Asuntos Generales en presdiencia española, aunque la representanción normal la ostenta el secretario de Estado para la UE, para defender sin éxito el reconocimiento del catalán.