Segundo intento fallido. Los ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete han vuelto a aplazar este martes indefinidamente cualquier decisión sobre la petición de España de reconocer al catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la UE. Los argumentos de José Manuel Albares (que ha reiterado que España asumirá los costes y ha defendido que el del catalán es un "caso único") no han convencido al resto de socios comunitarios. Pedro Sánchez sigue sin poder abonar el primer pago adelantado que le había exigido Carles Puigdemont a cambio de la investidura.
La coreografía del Consejo de Asuntos Generales celebrado este martes en Luxemburgo ha seguido casi paso por paso la misma dinámica de la anterior reunión del 19 de septiembre, en la que España presentó por primera vez su petición. La mayoría de ministros (alrededor de una docena intervinieron en el debate) han expresado su "comprensión" por la solicitud de Albares y han recordado "la importancia del multilingüismo".
Al mismo tiempo, todos ellos han reclamado un análisis de impacto completo sobre las consecuencias que tendría el reconocimiento en la UE de las lenguas cooficiales españolas, desde el punto de vista político, jurídico y también financiero, pese al compromiso de Albares de asumir los costes. Varios ministros han pedido además que se tengan en cuenta las repercusiones en el régimen lingüístico de las futuras ampliaciones de la UE a Ucrania y los Balcanes, según explican fuentes europeas.
[Albares pide a sus homólogos tratar el catalán como un "caso único" en la UE]
Aun así, Albares pone al mal tiempo buena cara. "Hoy hemos avanzado para que la propuesta española sea la propuesta de los 27. Hoy hemos logrado que la inclusión del catalán, el euskera y el gallego en el régimen lingüístico de la Unión Europea esté más cerca", ha dicho al término del debate, que apenas ha durado media hora.
"Ningún Estado se ha opuesto a seguir avanzando en esta senda que ha marcado España, que es lo más importante. Porque no olvidemos esta decisión se tiene que tomar por unanimidad y, como suelo explicar, cuando se trata de unanimidad, no importan los votos, importan los vetos y no hay veto", sostiene el ministro de Exteriores.
Sin embargo, una de las grandes novedades de la reunión es la contundente postura de Letonia en contra del reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas. Tradicionalmente, los países bálticos se encuentran entre los Estados miembros más comprensivos con las reivindicaciones de los independentistas catalanes y los propios líderes separatistas los consideran como un modelo a seguir.
"No creo que vayamos a aumentar el número de lenguas que se usan de forma oficial en la Unión Europea", ha dicho a su llegada Krisjanis Karins, que fue primer ministro de Letonia y ahora ejerce de responsable de Exteriores.
"No creo que ahora mismo este sea el tema número uno que tengamos que discutir ni nuestro principal problema. Tenemos muchos problemas sobre la mesa, tenemos la geopolítica y la posición estratégica de Europa en el futuro. Esto es a lo que creo que debemos dedicar nuestro tiempo y en lo que debemos centrarnos ahora", ha argumentado Karins.
A puerta cerrada, el representante de Lituania ha expresado preocupaciones similares, según las fuentes consultadas. Los dos países tienen importantes comunidades rusohablantes y uno de los temores expresados por la mayoría de socios es el riesgo de un efecto contagio si se reconoce el catalán como lengua oficial de la UE.
Por su parte, el ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, Anders Adlercreutz, se ha quejado de la "falta de preparación y de discusiones previas" cuando se planteó la petición de España en septiembre. La "mayoría de países" compartían entonces las "mismas dudas" de Finlandia sobre el impacto jurídico, económico y práctico del reconocimiento del catalán, asegura.
Desde la anterior reunión celebrada el 19 de septiembre, España no ha remitido a sus socios ninguna documentación adicional y la única vez que ha hablado sobre el tema con Albares fue en la reunión del Consejo de Asuntos Generales celebrada en Murcia el pasado 28 de septiembre, ha dicho Adlercreutz.
El ministro de Exteriores sostiene que España ya ha resuelto las preocupaciones que plantean el resto de socios, en particular los bálticos. En su intervención inicial, Albares ha repetido que España se hará cargo de todos los costes de la operación y ha pedido a sus homólogos tratar al catalán como un "caso único" en la UE. Sin embargo, al final no ha puesto sobre la mesa ningún informe escrito, sino que se ha limitado a realizar una presentación oral.
Con sus argumentos, el ministro de Exteriores ha tratado de responder al temor expresado por varios Estados miembros (no sólo los bálticos) de que el reconocimiento del catalán provoque un efecto contagio, es decir, que otras lenguas regionales europeas exijan el mismo estatus en la UE.
El ministro de Exteriores alega que las lenguas cooficiales españolas son "un caso único dentro de la UE", porque están reconocidas en la Constitución, se utilizan tanto en el Congreso como en el Senado y tienen acuerdos administrativos con "prácticamente todas" las instituciones europeas (salvo el Parlamento Europeo).
Albares ha hecho valer además que el el catalán "supera los 10 millones de hablantes", una cifra "muy superior a la mayoría de los idiomas que van a estar hoy representados en torno a la mesa del Consejo". Finalmente, el ministro asegura que "los Tratados de la UE también avalan nuestra propuesta", porque reflejan "el respeto de la identidad nacional de cada país" y recogen como objetivo la protección del multilingüismo.
¿Cuáles son ahora los siguientes pasos? El ministro de Exteriores se ha comprometido a presentar una nueva propuesta actualizada que tenga en cuenta las inquietudes expresadas por sus socios. Además, la presidencia española ha pedido a la Comisión informes sobre el impacto económico y práctico de la reforma. El próximo debate sobre el reconocimiento del catalán no tiene fecha.