La Policía aboca al partido promarroquí Coalición por Melilla a refundarse tras detener a su cúpula

Las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional conectan a la cúpula del partido con varios escándalos. Según la investigación, el dinero que CpM utilizó el 28-M para comprar votos por correo proviene de otra operación criminal: el presunto amaño de contratos públicos y adjudicaciones millonarias en la anterior legislatura, mientras estaban en el poder.

De tal manera, los agentes sospechan que Coalición por Melilla se habría aprovechado de su poder en la ciudad para otorgar contratos a cambio de conseguir fondos con los que comprar la voluntad de los electores. El círculo vicioso entre ambos hechos se habría prologando durante años (la investigación lleva mucho tiempo abierta), sin conocer exactamente la fecha, dado que se encuentra bajo secreto de sumario.

El martes comenzaron los registros en siete domicilios de diputados de CpM en la calle Badajoz, la carretera de Hardú, calle Méndez Núñez o la calle Cometa; y la detención de seis personas. Todas formaron parte del anterior Gobierno de la ciudad autónoma que presidía el independiente Eduardo de Castro en coalición con el PSOE.

Según explican fuentes políticas locales a EL ESPAÑOL, "CpM ha perdido la sede por problemas económicos con el propietario, tiene embargados los pagos a sus trabajadores porque no cumplieron con la Seguridad Social, y entre los diputados no hay relación: algunos no se hablan. Ahora mismo el aparato del partido está totalmente desmontado".

[Coalición por Melilla compró votos con las mordidas por "concesión de obras", según la Policía]

Además, continúan las fuentes, "estaban a la espera de esta situación porque tenían información que apuntaba a que los iban a detener o estaban inmersos en esta investigación judicial".

La situación es tan crítica que algunas voces ya hablan de una posible refundación del partido sin la cúpula actual. Esto implicaría también apartar a su fundador, el expresidente Mustafá Aberchán, detenido este martes y situado en el epicentro de la investigación. Sobre esto, varias personas cercanas a Aberchán aseguran que "se ha presentado voluntario previa denuncia a varios medios de comunicación".

El actual líder ya fue condenado a dos años de inhabilitación y a prisión por la trama de la compra de votos el mayo pasado, durante las elecciones autonómicas.

"Si le vuelven a condenar de nuevo, aunque sea a dos meses, va a tener que pasar por prisión. CpM lo tiene bastante complejo y su electorado está muy disperso. Han obtenido cinco escaños porque, tras frenar el voto por correo que estaba previsto, el escaño costaba menos y se dispararon", detalla un político consultado en Melilla.

Junto a Aberchán han sido arrestados Dunia Almansouri, ex responsable de Hacienda; Hassan Mohatar, de Medio Ambiente; Rachid Bussian, de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes; y Yonaida Sel-lam, antigua viceconsejera de Incidencias. Según han informado a EL ESPAÑOL fuentes policiales, tras el interrogatorio se ha decretado prisión provisional sin fianza para los tres primeros, mientras que para Yonaida Sel-lam es prisión provisional con fianza. A su vez, el exconsejero Mohamed Ahmed Al-Lal fue detenido en Granada y la exconsejera Fátima Mohamed Kaddur, que se encontraba en Barcelona, ha sido citada para que comparezca como investigada el próximo jueves.

En 2023, otros diez miembros de CpM fueron también arrestados por el escándalo de la compra del voto por correo y sobrevivieron políticamente, pero nunca se sabe. Sobre todo porque la lista de delitos investigados no deja de engrosarse: organización criminal, fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos, siempre según datos de la Policía Nacional.

[Mustafá Aberchán, líder de Coalición por Melilla, detenido por amañar contratos públicos]

"Esto deja en situación complicada a CpM, pero su sustrato social es ajeno a este tipo de cosas", explica a EL ESPAÑOL el periodista melillense Alberto Benzaquén. Por supuesto, con sustrato social se refiere a los seguidores de la formación, más que a sus votantes, "que en Melilla se cotizan en Bolsa". Estos seguidores, detalla, "son mayoritariamente gente humilde, de las barriadas periféricas, que suelen estar muy lejos del ruido político".

Desde la Presidencia de la ciudad, Juan José Imbroda mantiene que "hay hechos suficientes como para que estos señores cierren la puerta, plieguen y se marchen". Según manifestó el también presidente local del PP, su formación llevaba "cuatro años" avisando a PSOE y Ciudadanos "que estaban pasando cosas raras y que había que pararlas, pero no quisieron".

Disputas en la oposición

Las detenciones han recuperado una suerte de rifirrafe entre PP y PSOE en la ciudad. Los socialistas, de hecho, planean llevar a Imbroda a los Juzgados por sus acusaciones de este martes contra Gloria Rojas, secretaria del PSOE y exvicepresidenta primera.

Imbroda puso en duda si la reciente renuncia de Rojas tuviera relación con la investigación policial a sus exsocios de gobierno. "Podríamos imaginar o no que ella supiera algo, pero responsabilidades políticas las tiene todas", afirmó.

En su defensa, los socialistas melillenses han recalcado que todas las áreas de gobierno gestionadas por el PSOE y los diputados de esta formación que tuvieron responsabilidades en el anterior mandato "está fuera de toda duda y sospecha".

Es más, desde el PSOE han recordado que ha sido precisamente la Delegación del Gobierno de Sabrina Moh la que impidió el intento de fraude del proceso electoral en Melilla en las elecciones de mayo. En aquel caso también participaron el Ministerio de Interior, junto con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, la Junta Electoral y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Moh, por su parte, no ha querido hacer declaraciones y se ha limitado a transmitir los datos policiales, sin entrar a valorar el significado de estos presuntos delitos. En conversación con EL ESPAÑOL, fuentes oficiales escudan el silencio en que "la operación está bajo secreto y acaba de producirse".

Quien se va a personar en el procedimiento penal abierto es el partido localista Somos Melilla porque según su presidente y diputado, Amín Azmani, "se está hablando de hechos muy graves que perjudican al interés general de los ciudadanos. No se puede permitir que el uso abusivo de los contratos menores se normalice en esta ciudad. Llevamos décadas con polémicas constantes y con procedimientos judiciales abiertos (...) El que meta la mano en la caja de todos lo tiene que pagar, sea del partido que sea”.