El CNI investigó a Pere Aragonès por su conexión con los CDR, según la documentación del centro
Moncloa aseguró que "el bien último" por el que se investigó a Aragonès fue "preservar la pacificación de Cataluña". El mismo motivo que alega ahora para la amnistía y por el que se mantenía, entonces, la mesa de gobiernos.
16 enero, 2024 10:26El president Pere Aragonès (ERC), fue investigado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entre los años 2019 y 2020 por sus conexiones con los CDR (Comités de Defensa de la República). Así lo confesaron a este diario fuentes conocedoras del contenido de los papeles secretos del CNI que este martes ha desclasificado el Consejo de Ministros.
Esta documentación fue mostrada a un selecto grupo de parlamentarios, en mayo de 2022, durante la comparecencia de Paz Esteban, entonces directora del Centro, en la comisión de gastos reservados del Congreso, conocida como de secretos oficiales.
Fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez y de la Generalitat habían confirmado que el entonces número dos del Govern, que aún lideraba Quim Torra (Junts), formaba parte de los líderes independentistas cuyo teléfono había sido infectado por el malware Pegasus, un programa espía que da acceso total al aparato, a sus contenidos, a su cámara y a su micrófono, y supuestamente no deja huella.
Pero Moncloa nunca desveló los motivos de haber sido sometido a un pinchazo telefónico por los servicios secretos al hoy president Aragonès.
La infiltración en el teléfono móvil de Aragonès con el virus espía Pegasus, y la confesión de la entonces todavía directora del CNI, Paz Esteban, motivó su destitución. Así lo exigió el partido separatista, que entonces suponía el mayor apoyo parlamentario del PSOE, con sus 13 diputados, y que amenazaba con hacer caer la legislatura por la "pérdida total de confianza" en el Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.
Ahora, el Consejo de Ministros ha aprobado desclasificar el auto del juez dando autorización para estas pesquisas al "entonces máximo líder de ERC en libertad". Ése es otro de los compromisos adquiridos por el PSOE con Esquerra en los acuerdos para la conformación de la Mesa del Congreso, del pasado 17 de agosto, y para la investidura de Sánchez, el pasado noviembre, firmados por Oriol Junqueras y Félix Bolaños.
Los argumentos que utilizó el CNI ante el magistrado del Tribunal Supremo, y que éste consideró fundados, fueron la posible "coordinación" que estaría manteniendo en ese momento Aragonès con el movimiento independentista de los CDR, convocante de movilizaciones y sabotajes durante los días en los que se publicó la sentencia del procés.
Este periódico ya había confirmado que el nombre de Aragonès era uno de los 18 políticos, líderes y activistas cuyos autos judiciales fueron repartidos entre los 10 diputados presentes en la primera sesión de esta comisión de toda la legislatura. Pero ninguna de las personas conocedoras de lo revelado por Esteban, en su comparecencia a puerta cerrada, había querido dar cuenta del contenido de los papeles entregados a sus señorías.
Fuentes presentes en la sala aquel jueves 5 de mayo explicaron que los documentos fueron puestos a disposición de los diputados, uno por cada grupo parlamentario, incluyendo por primera vez a Bildu y a la CUP. La revisión de los documentos pudo hacerse al inicio de la sesión, que duró casi cuatro horas, pero se les dio "muy poco tiempo" para cotejarlos.
En todo caso, la confirmación de que el CNI pidió al juez permiso en ese auto para intervenir las comunicaciones de Aragonès por sus vínculos con los CDR coincidiría con el discurso de Margarita Robles, dos semanas. Entonces, en una tormentosa sesión de control en el Congreso, y a preguntas de Míriam Nogueras (Junts), advirtió de que "habría sorpresas" si se revelaba el contenido de esos autos.
Ahora, en el seno de ERC hay inquietud por las consecuencias de que se desclasifique este auto, aunque haya sido a petición suya.
En el seno de los republicanos hay una guerra soterrada entre Aragonès y el presidente del partido, Junqueras. El primero tiene en su mano un adelanto de las elecciones autonómicas -en un principio, previstas para febrero de 2025- que podría impedir al líder de la formación presentarse en las listas -o incluso liderarlas- si la Ley de Amnistía aún no ha llegado al BOE, o su aplicación se encasquilla, precisamente, por recursos judiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El entorno independentista en el Congreso alegaba entonces que no había sorpresa alguna en que Aragonès "o cualquier político soberanista haya tenido contactos con los CDR". Un colaborador del president, de hecho, confirmó que así habría sido "ya que el independentismo pacífico tiene muchos movimientos, y dentro de ellos hay mucho tipo de gente, el soberanismo es un sentimiento transversal".
No pensaron así los agentes del CNI ni el mismo magistrado Pablo Lucas, del Supremo. La entonces directora de Inteligencia del Estado esgrimió los documentos que había llevado al juez en la comisión parlamentaria.
Según estos papeles hasta entonces secretos, Aragonès fue infectado con Pegasus porque, más que contactar y pulsar opiniones, habría podido "coordinar" a los CDR desde su despacho de 'vicepresident' de la Generalitat. Por entonces, los CDR impulsaron las protestas tras las condenas a los responsables políticos del procés montando, entre otras protestas, barricadas en la AP-7, cortando el paso y la entrada desde Francia.
Aragonès pidió los papeles
Horas después de admitir Paz Esteban las pesquisas en torno a Aragonès, Moncloa se limitó a declarar que "el Gobierno ni sabe, ni puede ni debe saber a quién se ha investigado, en ningún caso". Pero el hoy president no se creyó esta versión, amenazó con cortar relaciones con el Gobierno en Madrid y reclamó que se hiciera público al tiempo que exigió dimisiones.
A los pocos días, todavía en plena tormenta por el llamado caso Pegasus, el presidente Sánchez se vio con Aragonès en Barcelona en el marco de las jornadas del Círculo de Economía. Conversaron durante 20 minutos y se emplazaron a reunirse para tratar de limar asperezas.
En 2019 y 2020, cuando el dispositivo de Aragonès fue infectado, se temía que el emergente político, que en 2021 se haría con la Presidencia de la Generalitat, pudiera desde su posición institucional estar favoreciendo en algún grado a uno de los brazos más radicales del separatismo en Cataluña.
En aquellos años, los CDR empujaban incluso a ERC a no tender la mano al PSOE. En plena negociación de la investidura de Sánchez, presionaron con pintadas reclamando la autodeterminación como "derecho" irrenunciable y llamando a los republicanos "botiflers".
Los CDR, junto al autodenominado Tsunami Democràtic, fueron responsables de las acciones violentas más graves en los últimos años en Cataluña y de constantes llamadas a la desobediencia, con la quema de fotografías de Felipe VI como una de sus manifestaciones más recurrentes.
Fuentes gubernamentales terminaron asegurando a este periódico que "el bien último" por el que se investigó a Aragonès fue "preservar la pacificación de Cataluña", el mismo motivo, alegan, por el que se mantiene una mesa de negociación con el Govern desde el inicio de la legislatura.