Puigdemont exige al PSOE el indulto de Laura Borràs ante la imposibilidad de que entre en la amnistía

Laura Borràs no acepta quedarse fuera del "alivio penal" que Pedro Sánchez va a intercambiar por los siete síes que necesita para su investidura. Y se da la circunstancia de que ella es la presidenta de Junts.

Sin el perdón de la condena a cuatro años y medio de cárcel e inhabilitación que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por prevaricación y falsedad, no habrá acuerdo. Y como el PSOE ve imposible incluirla en la amnistía, Junts exige que el nuevo Gobierno de Sánchez —que sólo será posible con los siete votos de los diputados de Puigdemont— la indulte.

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"Borràs se queda fuera, pero hay otras fórmulas, como el indulto, que es en lo que se está trabajando ahora", apunta una fuente de la dirección del partido.

Borràs está pendiente de ingresar en prisión y cumple, además, 13 años de inhabilitación por haber fraccionado contratos para adjudicarlos a dedo al informático Isaías Herrero, amigo suyo, cuando ella dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.

Éste no es el único detalle pendiente en la negociación, tal y como informa este miércoles EL ESPAÑOL. El PSOE está irritado porque Junts está "reabriendo carpetas" que los socialistas ya daban por cerradas. Sin embargo, el arreglo del caso Borràs es una condición sine qua non para el expresident, más allá de que finalmente termine apareciendo por escrito en el pacto.

El 'lawfare'

Porque ése es otro problema que se presenta en la negociación. Junts considera la condena de Borràs como un ejemplo más de lawfare, es decir, de persecución judicial por motivos políticos. También lo cree así en los casos de Josep Lluís Alay, Gonzalo Boye y Miquel Buch. 

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Alay fue jefe de Gabinete de Puigdemont en Bruselas y está vinculado a las conexiones rusas del procés en el llamado caso Volhov.

Boye es el abogado personal tanto de Alay como del expresident prófugo, está procesado por blanqueo de dinero de la red del narco Sito Miñanco, otro de sus clientes, y forma parte de las negociaciones sobre la amnistía.

Junts también aprecia lawfare en el caso de Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de cárcel por contratar a un mosso para escoltar a Puigdemont en su fuga a Bélgica. 

El PSOE está sufriendo un enorme desgaste político en una negociación que se acerca a la fecha límite: el 27 de noviembre. Para los socialistas resulta inaceptable amnistiar un delito de prevaricación como el de Laura Borràs, en nada relacionado con el procés. Técnicamente sería muy difícil de articular. 

El secretario general del PSOE, Santos Cerdán, este martes en el hotel en el que se aloja en Bruselas Juan Sanhermelando

Fuentes del PSOE recuerdan que el borrador de la norma se ha elaborado con "mucha finura" para que pueda pasar todos los filtros, incluido el del Tribunal Constitucional, donde es seguro que acabe siendo examinada tras los recursos anunciados.

Por eso, el equipo de Santos Cerdán, que sigue en Bruselas a la espera de negociar con Puigdemont, busca fórmulas que satisfagan a Junts, porque el caso Borràs no debe quedar reflejado explícitamente en el acuerdo.

En todo caso, para Junts eso es lo de menos, según indican las fuentes consultadas. Y se remiten, además, a que "en la misma sentencia, la Sala de lo Penal del TSJC ya solicitaba un indulto parcial de la pena de prisión" para Borràs, que los jueces consideraban "desproporcionada".

El TSJC consideró que el castigo que les marcaba el Código Penal —una condena no menor de cuatro años y medio de cárcel— era "desproporcionada y excesiva". Ahora bien, el indulto es una prerrogativa del Gobierno.

Atasco negociador

Según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, las negociaciones entre PSOE y Junts se cuecen "a fuego lento" y ya a media tarde de este martes se daba por seguro que no habría manera de cerrarlas antes de volver a suspenderlas hasta el día siguiente.

Carles Puigdemont, eurodiputado y expresident catalán huido de la Justicia, carga su coche en Bruselas. EP

Fuentes de la negociación confirmaban a este diario que en los últimos "documentos intercambiados" el nombre que se quedaba "fuera del perímetro de la amnistía" era el de Borràs, que fue el "escollo" de la semana pasada, cuando todo parecía atado.

El bloqueo del pasado jueves reventó la firma de Félix Bolaños con Jordi Turull, y el ministro de la Presidencia en funciones hubo de escenificar, en un hotel cerca de la sede de ERC, un pacto con el partido de Oriol Junqueras. El "enfado" en Waterloo fue tan significativo que seis días después la investidura para reelegir a Sánchez sigue sin fecha. Y en Moncloa se masca el nerviosismo.

"Fue el PSOE el que dijo que quería investidura en octubre, y nosotros no dijimos nada", apunta este negociador del lado de Puigdemont. "Podrían haber tenido el acuerdo el primer día, porque el president dejó claro ya el 5 de septiembre, en su conferencia de Bruselas, las condiciones para dar los votos de Junts a quien los quisiera", añade. ¿Y hay algún cambio? "Seguimos pidiendo exactamente lo mismo", responde.

A saber: amnistía, reconocimiento nacional de Cataluña, referéndum de autodeterminación, y financiación justa. Todo ello, con Puigdemont como interlocutor válido, "ya reconocido en la foto del lunes 30 de octubre en su despacho", junto a Cerdán e Iratxe García. Se suma a este listado de exigencias la legitimación del procés.