El informe encargado por Pere Aragonès a nueve expertos para definir las condiciones de un referéndum de independencia menciona hasta en 37 ocasiones la necesidad de que Cataluña reciba un tratamiento diferenciado dentro de España (quebrando así la igualdad de derechos de todos los españoles).
Lo hace apoyándose en tres grandes argumentos, que se superponen: la naturaleza de Cataluña como "nacionalidad" reconocida en la Constitución (frente a lo que son simples "regiones"), el actual sistema autonómico que equipara al modelo federal, y la consideración de los catalanes como una "minoría" política, que requiere ser protegida para evitar que sufra la "tiranía de la mayoría" dentro de España.
El Govern que preside Pere Aragonés analizará el lunes este documento, tras reunirse con sus autores, para fijar la posición de ERC y Junts en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez.
Los expertos convocados por Aragonès justifican el derecho a la autodeterminación alegando que los catalanes constituyen una "minoría" con una "identidad" nacional, política y cultural propia, dentro de España. Y advierten al respecto: "Una mayoría no puede simplemente imponer su criterio para abusar de las minorías existentes entre la ciudadanía, bajo el riesgo de establecer una tiranía de la mayoría".
Respetar el pluralismo territorial, indican al respecto, "exige respetar la diversidad cultural, lingüística y nacional, y también la diversidad política cuando ésta tiene una dimensión territorial".
Los autores del informe se refieren en 24 ocasiones a Cataluña como un "subestado", es decir, una nación que todavía no ha culminado sus aspiraciones de convertirse en un Estado propio. Y plantean los posibles instrumentos jurídicos para conseguirlo.
Según los expertos de la Generalitat, estas aspiraciones se ven amparadas por la distinción que los padres de la Constitución de 1978 establecieron entre las "nacionalidades" y las simples "regiones", lo que abre la puerta a otorgar un tratamiento "asimétrico" a los distintos territorios.
[Pedro Sánchez llama al inhabilitado Junqueras y le pide "apoyo" para una "legislatura estable"]
Esta "asimetría" supone la posibilidad de otorgar mayores competencias de autogobierno a las "nacionalidades", pero también distintos derechos políticos para sus ciudadanos respecto al resto de los españoles.
Al respecto, el dictamen menciona el preámbulo del Estatut de Autonomía de Cataluña, que establece: "El Parlament de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido a Cataluña como una nación de una forma ampliamente mayoritaria. La Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como una nacionalidad".
En su sentencia de junio de 2010, el Tribunal Constitucional no eliminó esta referencia por considerar que el preámbulo de una ley sólo tiene un carácter descriptivo, sin valor jurídico.
"En contextos plurinacionales o federales", señala el informe, "el principio de democracia incluye también dar voz a la ciudadanía del territorio subestatal para que exprese sus preferencias sobre la organización territorial", dicen los expertos para justificar la celebración de un referéndum de independencia.
La "desmembración" de la URSS
Entre otros precedentes, menciona "los procesos de desmembración de la Unión Soviética y Yugoslavia" (con la celebración de referéndums en Letonia, Lituania, Macedonia y Croacia en 1991) y el Acuerdo de Edimburgo de 2012 entre los gobiernos británico y escocés, que facilitó la celebración de un referéndum de independencia en 2014, en el que ganó el "no" con el 55,3% de los votos.
Como ha informado EL ESPAÑOL, el documento establece hasta cinco escenarios distintos para resolver el "conflicto político" de Cataluña mediante la celebración de un referéndum.
Las posibilidades planteadas incluyen también un pacto entre los "representantes legítimos" de las dos partes "en conflicto", es decir, los gobiernos y/o los parlamentos de España y de Cataluña. O incluso las "asambleas ciudadanas", las "encuestas deliberativas" o los "jurados populares", que podrían ayudar a legitimar el proceso como herramientas "complementarias".
Respecto a la celebración de una consulta de independencia, los expertos de Pere Aragonés advierten que "si no hay un acuerdo previo a la expresión democrática en cuestión, la parte que se perciba como perdedora tenderá a resistirse a admitir el procedimiento y el resultado".
[Los 10 puntos básicos de una Ley de Claridad para la independencia de Cataluña]
Por tanto, añaden, "sería más conveniente llegar a un acuerdo previo que fuera solemnizado, con el fin de que las partes acepten unas reglas del juego y estas no se reescriban sobre la marcha".
Los expertos de la Generalitat desaconsejan de este modo la vía unilateral y apuestan por una fórmula similar a la Ley de Claridad aprobada por el Parlamento de Canadá en 2000, para resolver las aspiraciones independentistas de la región de Quebec.
Esta norma hizo inviable la secesión de Quebec. Por un lado, establecía que la independencia requiere una mayoría reforzada para salir adelante en referéndum. Incluso en este supuesto, la secesión precisaría una reforma de la Constitución, que debería ser ratificada luego por cada una de las provincias de Canadá.
El informe encargado por la Generalitat ha sido rubricado por el llamado Consejo Académico para el Acuerdo de Claridad, integrado por nueve expertos y profesores universitarios: Marc Sanjaume Calvet y Josep Lluís Martí (ambos de la Universidad Pompeu Fabra), Mar Aguilera Vaqués (Universidad de Barcelona), Eva Anduiza Perea (Universidad Autónoma de Barcelona), Marco Aparicio Wilhelmi (Universidad de Gerona), Astrid Barrio López (Universidad de Valencia), Pau Bossacoma Busquets (Universitat Oberta de Catalunya), Elisenda Casañas Adam (Universitat de Edimburgo) y Lesley-Ann Daniels (del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals).