Moncloa abrió la guerra de Doñana con la Junta mientras pedía a la UE dos años más de pozos ilegales

También el nuevo Ejecutivo de la Región de Murcia está buscando el acuerdo con el Ejecutivo central, para trabajar juntos en la recuperación del Mar Menor. El primer gesto estuvo a punto de costarle al PP la repetición electoral, al negarle a Vox la reforma de la ley del Mar Menor y la Consejería de Agricultura, sus únicas peticiones.

Son históricas las andanadas cruzadas entre Ribera y el Gobierno de Fernando López Miras, acusándose mutuamente de la responsabilidad en el deterioro de la famosa laguna salada... con la que el Gobierno central tampoco llegaba a tiempo, según reconoció en la misma negociación con Bruselas.

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Documentos internos del Ejecutivo confirmaban que sería imposible acabar con la explotación de pozos ilegales antes de acabar este año 2023. Por eso, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ya negociaba con la Comisión Europea una prórroga que, finalmente, ha logrado que sea de 18 meses.

Certezas y sospechas

Moncloa sabía que no iba a llegar a tiempo. Por eso, la adenda del Plan de Recuperación incluye el citado retraso, hasta junio de 2025 para cumplir el compromiso.

La Junta de Andalucía también lo sospechaba, ya en marzo. Por eso, el Gobierno autonómico de Moreno lanzó aquel proyecto de ley, para que los regadíos que llevan años tirando de los acuíferos -poniendo en riesgo el mayo humedal de Europa- pudieran legalizarse.

El presidente Pedro Sánchez, denuncia en Doñana la ley de regadíos de la Junta, el pasado abril. EP

Así, no sólo presionaba al Gobierno de Sánchez a hacer las inversiones hidráulicas necesarias, comprometidas a los atrás y nunca ejecutadas. También forzaba la mano de los alcaldes socialistas de Huelva a pocos meses de las elecciones municipales.

Cuando Pedro Sánchez y Teresa Ribera estaban acusando a Moreno y López Miras de "negacionistas climáticos" y de ahogar Doñana y el Mar Menor, tanto el presidente como si vicepresidenta tercera ya sabían que era precisamente la inacción desde la Administración central del Estado la que estaba poniendo en riesgo la llegada de los fondos europeos.

Documento del Plan de Recuperación original de España, aprobado por la Comisión Europea.

El componente C5.I2 del Plan de Recuperación original comprometía para antes de acabar este año 2023 la "reducción del volumen anual de agua extraída de acuíferos ubicados en Doñana, Segura-Mar Menor, Mancha Oriental" desde los 510 hectómetros cúbicos hasta los 470 al año.

Este objetivo 78, incluido en el primer documento aprobado por Bruselas en junio de 2021, no era demasiado ambicioso, pues sólo pretendía reducir en un 8% el volumen de agua extraída de los pozos ilegales.

Adenda al Plan de Recuperación, aprobada por la Comisión Europea (aún en su versión original, en inglés).

La guerra de Doñana

Después de casi dos años de hostilidades, insultos y acusaciones, la foto del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, estrechándose las manos, trasladó este martes una imagen positiva respecto a la posibilidad de llegar a acuerdos.

Ambas partes creen ahora que han ganado. La Junta, porque no ha tenido que retirar la polémica ley como condición previa a sentarse con el Gobierno de la nación; simplemente, la ha aplazado tras la reunión. Y el Ejecutivo central, porque cree que ha logrado frenar esa normativa para sacar a Doñana del foco internacional.

Realmente la norma perseguía realizar ese cambio de uso del suelo a regadíos de 700 hectáreas en el entorno de Doñana y que éstas se regaran con agua superficial. Pero para ello, era obligatorio que el Gobierno realizara las obras del trasvase, comprometidas desde 2018 y nunca acometidas.

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El plan que pondrán en marcha ambos gobeirnos ahora, una vez consulten con todos los afectados -ayuntamientos, agentes sociales de la zona, agricultores y ecologistas- está dotado con más de 350 millones de euros y será otro paralelo al que presentó la vicepresidenta en Almonte, hace casi un año. Entre ambas iniciativas, ahora habrá más de 700 millones destinados por ambas administraciones para preservar el parque... y los fondos europeos dejan de peligrar, al menos por esto.

La semana pasada se anunció el aplazamiento de la votación de la norma en el Parlamento andaluz, teóricamente para no coincidir con la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, según fuentes del partido. Y fue entonces cuando se produjo la llamada por parte del Ministerio de Transición Ecológica.

La condición que pidió la Junta, desde San Telmo, fue que se sentaran con los agricultores, circunstancia que se produjo la misma mañana del martes en la feria de Fruit Attraction, para que Ribera pudiera conocer de primera mano su postura y su problemática con los regadíos.

De ahí que el Gobierno central anunciara el lunes esta reunión y la Junta la hiciera oficial unas horas antes, cuando ya sabían que los agricultores estaban dispuestos a dialogar sobre este nuevo plan.

También ha influido que ya no hay ningún escenario electoral enfrente. En este caso, el PP ha salido favorecido de las tres citas continuadas en las urnas (autonómicas, locales y generales). Pero sobre todo, en las municipales, cuando logró hacerse con el control de la Diputación de Huelva por primera vez... quizás gracias a la estrategia de lanzar una ley de regadíos en marzo, que ahora queda aparcada.

Otra cuestión es la postura de los partidos a nivel regional. El PSOE andaluz cree que su secretario general, Juan Espadas, ha jugado un papel fundamental en esta negociación. La vicesecretaria general del PSOE andaluz, Ángeles Férriz, explicó que esa cita fue "fruto del trabajo sin alharacas y sin propaganda, que es como le gusta hacer las cosas" al líder socialista andaluz.

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Sin embargo, el PP no está de acuerdo en esta interpretación de que Espadas haya tenido ningún papel de mediador. "Ni el PSOE andaluz y ni Juan Espadas han tenido nada que ver" en el espacio de diálogo que se ha abierto entre ambas administraciones, señaló el portavoz parlamentario popular, Toni Martín, quien cree que esta norma es la "garantía" de que este problema se puede solucionar.

De hecho, Moreno manifestó a los periodistas en Huelva que la proposición de ley no se retira. "Sólo ha sido pospuesta, si no se llega a un acuerdo se aprobaría a finales de octubre". Ahora, la Junta espera que el acuerdo ponga negro sobre blanco ese plan preacordado y las inversiones para reducir el volumen de agua extraída de los acuíferos, para garantizar, también, la llegada de los fondos europeos.

Los agricultores, por su parte, han mostrado su preocupación tras el inicio de este diálogo porque "no se fían" del Gobierno cuando se aplaza la norma 24 horas antes de entrar en el orden del día, tras casi diez años de espera.

El portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Julio Díaz, ha pedido que este periodo de diálogo aporte "soluciones viables y consensuadas" para ellos, que son "los sufridores". En caso contrario, exigirán la votación en el Parlamento andaluz de la proposición.