En un intento final de vencer sus reticencias, el Gobierno de Pedro Sánchez ha comunicado a sus socios europeos que asumirá todos los costes que genere el reconocimiento del catalán, el vasco y el euskera como lenguas oficiales de la UE. Pero ni siquiera esta oferta de última hora ha servido para convencer al resto de Estados miembros, que se niegan a aprobar la petición española en la reunión de ministros de Asuntos Europeos del próximo 19 de septiembre, según han informado a EL ESPAÑOL fuentes europeas.
La fecha es importante para Sánchez porque es el primer "hecho comprobable" que le exigió Carles Puigdemont como precio a cambio de dar su apoyo a Francina Armengol como presidenta del Congreso. Un pacto que ahora podría naufragar por el no del resto de socios de la UE, que piden de forma unánime más tiempo.
La petición de Sánchez de incluir el catalán, el euskera y el gallego en el reglamento lingüístico de la UE se ha discutido este viernes a nivel de embajadores de los 27, que son los que preparan la reunión del próximo martes. Es allí donde España ha comunicado al resto de socios que asumirá todos los costes de la propuesta, a diferencia de lo que ocurre con el resto de lenguas oficiales, que son sufragadas por el presupuesto comunitario.
Es la primera vez que España ofrece hacerse cargo de la factura del catalán en la UE desde que registró su petición en Bruselas el pasado 17 de agosto. El alto coste de reconocer las lenguas cooficiales españolas es uno de los principales argumentos que habían esgrimido los Estados miembros para rechazar la petición española. Hasta ahora, el ministerio de Exteriores replicaba que el precio de las traducciones se está reduciendo de forma acelerada gracias a los avances tecnológicos. Ni en la reunión de este viernes ni en los últimos días se ha mencionado ninguna cifra.
Durante la reunión de este viernes, el representante español ha apelado además al artículo 55.2 del Tratado de la Unión Europea, que ya menciona el catalán, el euskera y el gallego. Además, ha recordado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya solicitó en 2005 su reconocimiento como lenguas oficiales. No consiguió su objetivo, pero sí firmó acuerdos administrativos con todas las instituciones europeas (salvo la Eurocámara) para que estas lenguas pudieran usarse en algunos contextos limitados.
En aquel momento, el Gobierno de Zapatero también se ofreció a cubrir todos los costes, que según sus cálculos ascenderían a 1,5 millones de euros al año.
Tras la exposición inicial de España, un total de 14 Estados miembros han pedido la palabra. Todas las intervenciones han seguido una línea similar. En primer lugar, el resto de socios han expresado "comprensión" por la petición de Madrid y apoyo al multilingüismo y a que los ciudadanos se puedan comunicar con la UE en su propia lengua para sentirla más cercana.
Los intérpretes en plena acción durante una sesión de la Eurocámara
Al mismo tiempo, los demás Estados miembros han dejado claro que no están preparados para tomar una decisión el martes 19 de septiembre. Todos han dicho que necesitan más tiempo para examinar en detalle las implicaciones de la petición española, tanto los aspectos legales como el impacto presupuestario y administrativo. Algunos representantes han expresado además su inquietud por un posible "efecto dominó" en otras lenguas regionales que tampoco están reconocidas en la UE.
"Alrededor de 14 Estados miembros han intervenido para señalar que hay muchas preguntas sin respuesta en relación con las implicaciones políticas, jurídicas, financieras y prácticas de esta decisión. Por ello, la mayoría de los Estados miembros consideran que el martes es demasiado pronto para tomar una decisión. El representante español dijo al final del debate que había tomado nota de las objeciones planteadas y los transmitiría a Madrid", explica a este periódico un diplomático europeo.
El siguiente paso será ya la reunión de ministros de Asuntos Europeos del próximo martes. Aunque el representante habitual de España es el secretario de Estado Pascual Navarro, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tiene previsto asistir de forma extraordinaria para trasladar personalmente al resto de socios la "importancia política" que tiene este expediente para España. Pero salvo un vuelco inesperado, el reconocimiento del catalán no se aprobará en la fecha que exigía Puigdemont.
El coste total de la prestación de servicios de traducción e interpretación en las instituciones de la UE es de alrededor de 1.000 millones de euros al año, lo que representa menos del 1% del presupuesto de la UE o poco más de 2 euros por ciudadano, según los cálculos de Bruselas. Sólo en la Comisión Europea, que tiene a unos 2.000 traductores en plantilla, los costes totales de traducción ascienden a 349 millones de euros al año.