El primer "hecho comprobable" llegó a la sede de Waterloo, donde reside el expresident fugado Carles Puigdemont a tiempo de que el PSOE salvara un acuerdo con Junts. En la mañana de este jueves, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha entregado la solicitud por escrito para que el catalán sea lengua oficial ante el Consejo de la UE. El trámite, que supone modificar el reglamento 1/58 de la UE, se inició a la vez que los independentistas vendían su apoyo.
Esa ha sido la prueba que ha aceptado Junts como primer indicio de que Pedro Sánchez va en serio en el cumplimiento de las condiciones impuestas por los independentistas para apoyar a Francina Armengol como presidenta del Congreso.
En la noche del miércoles, las negociaciones continuaron "en secreto" entre representantes de Puigdemont y el equipo de personas encargadas por Sánchez. Y según ha informado ElNacional.cat, el principio de acuerdo estaba supeditado a que el PSOE demostrara con hechos su voluntad de cumplir alguno de los puntos acordados.
Entre las demandas de Junts estaba la reapertura de la comisión de investigación sobre las llamadas cloacas del Estado, una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils (ocurridos hace seis años exactamente, el 17-A de en 2017) y el impulso por parte del Estado a la cooficialidad del catalán (y de otras lenguas oficiales españolas) en las instituciones nacionales y europeas.
Ahora, España ha abierto la veda para que se convierta en realidad. La citada modificación del reglamento permitirá el uso y la cooficialidad del catalán, el gallego y el euskera en todas las instituciones europeas, una votación de los Veintisiete que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre.
Esta deberá saldarse con unanimidad aunque, según Albares, estas lenguas ya se usaban "en la práctica totalidad de las instituciones por acuerdos administrativos".
La prueba definitiva que exigía Puigdemont cierra el acuerdo con el PSOE y es la que ha permitido que Armengol presida el Congreso de los Diputados, y facilitará la reelección de Sánchez como presidente del Gobierno. Así lo ha anunciado el secretario general de Junts, Jordi Turull, en la reunión telemática de la Ejecutiva del partido, en la que ha informado de los acuerdos.
Aunque del comunicado oficial de Junts ha desaparecido, Turull ha hablado en esa cita de una cuarta petición que el PSOE aún no habría aceptado y que ningún cargo de los independentistas ni de los socialistas ha querido revelar. En todo caso, fuentes de segundo nivel en el entorno separatista coinciden en señalar a este periódico que sería la amnistía... un punto aceptado, eso sí, con eufemismos, en el acuerdo del PSOE con Esquerra Republicana: la "desjudicialización del conflicto político por todas las vías legales posibles".
Silencio en Exteriores
Este periódico ha podido comprobar que el único movimiento hasta la fecha realizado por el Gobierno Sánchez se produjo hace un año. Después del acuerdo sellado en la tercera (y hasta ahora última) reunión de la llamada Mesa de Diálogo, entre el Gobierno y el Govern, España envió una carta al Parlamento Europeo solicitando el uso (no la oficialidad) de las lenguas cooficiales en España.
Fuentes de la presidencia de la Eurocámara explican a este diario que "si algún grupo español lo trae, se estudiará. La decisión depende la de la Mesa, y en todo caso, sería el Estado español quien debería sufragar los gastos logísticos y de personal". Así lo explicaba un portavoz de la presidenta, Roberta Metsola. "Pero el caso es que, a día de hoy, nadie ha pedido nada".
Era una condición sine qua non para la elección de Armengol como presidenta del Congreso, que ha contado con 178 votos: los 121 del PSOE, los 31 de Sumar, los siete de ERC, los siete de Junts, los seis de Bildu, los cinco del PNV y el del BNG. Pero de momento, este acuerdo no presupone el apoyo de Junts a la investidura, que queda a expensas de una explicitación política y pública de cómo se aplicará la impunidad judicial para todos los implicados en el procés y el referéndum ilegal del 1-O.
A la espera de una confirmación del Ministerio de Exteriores, ha sido el comunicado oficial de Junts el que ha explicado el acuerdo lingüístico del PSOE con los independentistas.
Procedimiento
Según el partido de Puigdemont, Sánchez ha prometido el "reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea". La vía elegida, siempre según los separatistas, ha sido que el Gobierno español haga efectiva esta petición a la Comisión Europea por la vía de una recomendación del Consejo de la UE, para que este asunto "se incluya en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales, que tendrá lugar el 19 de septiembre".
El Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) regula el mecanismo por el que se puede modificar el régimen lingüístico de la Unión. Es el artículo 342 del TFUE el que lo explica.
Es el Consejo de la UE, el órgano que reúne a los ministros y representantes permanentes de los Estados miembros, el que debe elevar la solicitud a la Comisión: "El régimen lingüístico de las instituciones de la Unión será fijado por el Consejo mediante reglamentos, por unanimidad, sin perjuicio de las disposiciones previstas en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
El partido de Puigdemont ha dado por bueno este gesto, como el primer "hecho comprobable" de los que exigía Puigdemont este miércoles para "recupera la confianza" en Sánchez. El independentismo busca con esto blindar, entre otras cosas, el sistema de inmersión lingüística de las escuelas catalanas, y dejar sin efecto, definitivamente, el 25% de clases en castellano que exigen las sentencias del Tribunal Supremo incumplidas hasta la fecha.
Así lo expresa la nota de Junts: "En la lucha para que el catalán tenga los mecanismos y el amparo jurídico necesario, su consideración como lengua oficial de Europa es determinante. El principio de desconfianza nos ha hecho ser escrupulosos en la formación de ese compromiso".