Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española desde la fallida declaración de independencia de octubre de 2017, con la inmunidad parlamentaria recién retirada por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y pendiente de que el juez Pablo Llarena decida sobre una nueva euroorden contra él por malversación, fija desde Bruselas sus líneas rojas para la investidura de Pedro Sánchez. Y lo hace amenazando con que "no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad".
El expresidente catalán ha exigido al presidente del Gobierno en funciones una ley de amnistía y garantías de un referéndum de independencia como condiciones previas para apoyar su investidura. Puigdemont reclama además que la Fiscalía y la Abogacía del Estado abandonen la vía judicial contra los hechos delictivos del procés, el reconocimiento de Cataluña como nación, así como un "mecanismo de mediación y verificación" para garantizar que se cumplen los acuerdos.
Puigdemont está dispuesto a negociar con Sánchez con el objetivo de alcanzar un "acuerdo histórico" sobre Cataluña, que, según ha dicho, está pendiente desde 1714, año en el que sitúa la "abolición de las instituciones y constituciones catalanas". Pero también ha dejado claro que ahora mismo "no existen las condiciones para llegar a este gran acuerdo".
"España tiene hoy un dilema de resolución compleja. O repite elecciones (...) o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos", ha señalado.
El expresidente catalán ha planteado sus condiciones para la investidura de Sánchez en una conferencia de alrededor de 30 minutos, pronunciada íntegramente en catalán, en un hotel del barrio europeo de Bruselas. El presidente del Gobierno en funciones necesita de forma imperativa el voto afirmativo de los siete diputados de JxCAT para poder seguir en el cargo. Una dependencia que ha permitido a Puigdemont recuperar el protagonismo tras muchos meses apartado del foco mediático.
En la abarrotada sala, con capacidad para 150 personas, se encontraba buena parte de la cúpula de JxCAT (con su presidenta, Laura Borràs, y su secretario general, Jordi Turull, al frente). También han viajado a Bruselas delegaciones del resto de partidos independentistas catalanes: Esquerra Republicana de Catalunya (liderada por la portavoz de las negociaciones de investidura, Teresa Jordà) y la CUP (encabezada por el diputado Carles Riera). La expectación mediática era máxima.
Puigdemont ha planteado toda una serie de condiciones que deben cumplirse incluso antes de empezar a hablar, con el fin de crear confianza entre las partes. La principal es "el abandono completo y efectivo de la via judicial contra el independentismo". Por su parte, el referéndum de independencia formaría parte de la carpeta de la negociación central para la investidura.
"El abandono de la represión al independentismo democrático es una exigencia ética y debe ser un abandono permanente. Eso está al alcance del Parlamento español, a través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Pero también es responsabilidad del Gobierno en funciones, a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado", ha reclamado el expresidente catalán.
Entre las condiciones previas a la negociación, Puigdemont ha resaltado además "la creación de un mecanismo de mediación y de verificación que aporte las garantías del cumplimiento y seguimiento de los acuerdos". "La total falta de confianza entre las partes hace que este mecanismo sea imprescindible y que tenga que operar desde el inicio de las negociaciones", ha señalado.
El resto de exigencias previas son "el reconocimiento y respeto a la legitimidad democrática del independentismo", la identificación de los "elementos del conflicto", o que se establezcan como únicos límites a la negociación "los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos (individuales y colectivos) y a libertades fundamentales". Es decir, que no se fije la Constitución como límite.
"Son condiciones previas que deben poder cumplirse antes de que se agote el plazo legal para evitar nuevas elecciones, y que si se producen, nos comprometen y nos obligan a trabajar por un compromiso histórico que resuelva el conflicto en la próxima legislatura. Sólo depende de la voluntad política", sostiene el expresidente catalán.
En todo caso, Puigdemont ha dejado claro que ni la ley de amnistía ni un aumento de las inversiones en Cataluña "resolverán el problema de fondo". "No hay una receta autonomía para resolver los problemas de Cataluña", ha insistido el líder de JxCAT. A su juicio, la única solución es "el reconocimiento nacional de Cataluña y por tanto de su derecho a la autodeterminación".
"Sólo un referéndum acordado con el Estado español podría sustituir el mandato político del 1 de Octubre (fecha del referéndum ilegal de 2017). No existen impedimentos constitucionales para organizar y celebrar este referéndum, sólo hay que recordar el artículo 92 de la Constitución. Lo que hay es una falta de voluntad política para asumirlo, porque si se quiere, se puede", sostiene el expresidente catalán.
Puigdemont hace pública su hoja de ruta un día después de recibir la visita en Bruselas de la vicepresidenta segunda en funciones. Yolanda Díaz le dio al expresidente catalán la foto que buscaba para rehabilitar su imagen de prófugo. Los dos acordaron en el Parlamento Europeo "explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político".
"Es la combiación de estas dos grandes carpetas y el progreso simultáneo en ambas lo que determinará la viabilidad y el éxito de una negociación. Una negociación que ahora mismo no está, pero que se espera", ha concluido.
Moncloa se ha querido desvincular totalmente de la visita de Díaz y sostiene que viajó a Bruselas en su calidad de líder de Sumar. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado el encuentro de "anomalía democrática" y "desautorización de la justicia" y ha reclamado a Pedro Sánchez que cese a la vicepresidenta.