Sánchez acata que se investigue el espionaje con Pegasus a 'indepes' del que su Gobierno se desvinculó

Se trata del supuesto espionaje masivo a líderes políticos, empresarios y figuras relevantes afines al secesionismo catalán —más de 60 personas— mediante el software Pegasus. Dicha trama fue destapada a través de un cuestionable informe publicado en la revista estadounidense The New Yorker.

El Gobierno español siempre ha negado estar detrás de este espionaje masivo. Sí reconoció, no obstante, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) intervino las comunicaciones de, entre otros, el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, para salvaguardar la seguridad del Estado.

Así lo confirmó la entonces directora del CNI, Paz Esteban, en mayo de 2020 ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. Los servicios de Inteligencia española utilizaron el software Pegasus para ello, al igual que hizo con otros 17 líderes secesionistas por su presunta implicación en actividades contra los intereses de la Nación.

El Gobierno recalcó que esta operación se habría realizado tal y como marca la ley. Es decir, por un periodo de tiempo concreto y tras recibir autorización del magistrado del Tribunal Supremo encargado de autorizar este tipo de operaciones del CNI.

[La Audiencia Nacional archiva la investigación de 'Pegasus' sobre el espionaje a Pedro Sánchez]

Tan sólo cinco días después de aquella comparecencia, la ministra de Defensa, Margarita Robles, destituyó a Paz Esteban como directora del CNI, tal como habían exigido Podemos y ERC.

A finales de la pasada legislatura (la número XIV), se creó una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre las llamadas cloacas del Estado. El acuerdo firmado ahora entre JxCAT y el PSOE acepta "reactivar" esta comisión, cuyas primeras comparecencias estaban previstas para junio de 2023. Pero con la convocatoria de elecciones anticipadas, anunciadas por Sánchez el pasado 29 de mayo, el calendario decayó, al ponerse fin a la XIV Legislatura.

"Hace falta una investigación exhaustiva para aclarar quién compró el programa [Pegasus] y quién ordenó utilizarlo contra el independentismo", subraya el comunicado firmado por los socialistas y los posconvergentes. El pacto también prevé que no existan vetos a las "personas que puedan aportar información".

El Parlament catalán, de mayoría independentista, también conformó una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje con Pegasus. De hecho, la Cámara autonómica citó a declarar a Pedro Sánchez como testigo. La fecha prevista era el pasado 3 de marzo. El presidente del Gobierno declinó acudir a Barcelona, al considerar que ya se había explicado suficientemente al respecto en el Congreso y el Senado.

Proceso judicial

El CatalanGate también ha tenido recorrido judicial. Varios de los líderes independentistas citados por The New Yorker presentaron querellas contra la empresa desarrolladora del software, la israelí NSO Group.

En marzo de este año, la Audiencia Provincial de Barcelona exigió al CNI información sobre el uso de tecnologías digitales para hacer seguimientos de políticos independentistas y citó a declarar a la actual jefa de la Inteligencia española, Esperanza Casteleiro, sustituta de Paz Esteban.

Paz Esteban, exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, en el Congreso de los Diputados. EFE

La Fiscalía se había opuesto a esta posibilidad. Recordó que los indicios citados por dos de los querellantes —el diputado de ERC en el Parlament Josep Maria Jové y la eurodiputada de la formación Diana Riba— tenían mera "naturaleza periodística" y que el malware ha tenido multitud de objetivos en diversos países, jefes de Estado o ministros.

De hecho, poco después de publicarse dicho informe en The New Yorker, el Gobierno de España denunció ante la Audiencia Nacional que el presidente Sánchez, la ministra de Defensa Margarita Robles y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también habían sido víctimas de un ciberataque con Pegasus que había infectado sus teléfonos móviles y robado información.

No obstante, el Juzgado Central de Instrucción número 4, el encargado de investigar este espionaje, se vio obligado a archivar la investigación después de que NSO Group desoyese su petición de información. Más allá de ciertas sospechas —que señalaban al Reino de Marruecos— poco pudo aclarar la Justicia sobre el ciberataque al presidente del Gobierno y tres de sus ministros.

Sucedió lo mismo —el archivo de otro procedimiento judicial ante la falta de colaboración de Israel— con la investigación del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona. El pasado mayo, archivó provisionalmente el caso que había abierto en 2020 después de recibir una querella del actual conseller catalán de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y del exconcejal en la Ciudad Condal Ernest Maragall, de ERC.

Ambos políticos se enteraron por los medios de comunicación de que aparecían en la lista de personas publicada por The New Yorker cuyos teléfonos habrían sido infectados por Pegasus. Por ello, presentaron una denuncia que originó la investigación judicial.

El juez envió sendas comisiones rogatorias (peticiones de información) a Israel, sede de la empresa que comercializa Pegasus, y a Irlanda, sede social de WhatsApp en Europa, ya que la infección se hizo a través de este servicio de mensajería.