35.000 € al mes por un local sin baños ni cocina: el caso que salpica a la candidata de Sumar en Las Palmas

La Fundación Respuesta Social Siglo XXI ha recibido desde 2019 al menos 12,5 millones de euros de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario, que dirige Noemí Santana (hoy cabeza de lista de la coalición Sumar por Las Palmas al Congreso) para gestionar cinco centros de menores en las islas.

La Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella contra los directores de estos cinco centros de menas y contra la citada Fundación, como presuntos autores de los delitos de malversación de fondos públicos, administración desleal y falsedad en documento mercantil, debido a las numerosas irregularidades detectadas en su gestión.

[El fiscal busca los 12 M que la candidata de Sumar dio a centros de menas: "Todo es tétrico y carcelario"]

El caso del centro de menores Acorán, en la isla de Gran Canaria, es especialmente significativo. Tres inspecciones sucesivas del Defensor del Pueblo, la Fiscalía de Menores y técnicos de la Diputación del Parlamento canario constataron que el recinto apenas reúne las condiciones mínimas de habitabilidad.

Los técnicos de la Diputación reflejaron en su informe la "inadecuación de las instalaciones para albergar a menores, graves carencias en la limpieza y el mantenimiento de las mismas, rotura de puertas y ventanas, cables de electricidad en mal estado, mal estado de los dormitorios, carencia de armarios cara guardar enseres (...) No existe sala o estancias de reunión, ni cocina o espacio habilitado como tal". Uno de los dos edificios también carecía de baños, por lo que fue necesario habilitar unos módulos externos.

Por su parte, el Defensor del Pueblo anotó en su informe que en dicho centro "no quedaba garantizado el derecho fundamental a la educación" y reseñaba "las quejas de los menores en cuanto a la cantidad y calidad de las comidas, demora en la asistencia sanitaria y carencia de ropa y calzado".

La investigación abierta por la Fiscalía de Menores permitió constatar que la Fundación Respuesta Social Siglo XXI paga 35.000 euros al mes por el alquiler de este edificio (una antigua vivienda unifamiliar) en estado de semirruina. Esto supone un sobreprecio de seis veces su valor real, ya que otros centros de las islas con instalaciones más amplias, y en mejor estado, pagan un alquiler que ronda los 5.000 euros al mes.

[Anticorrupción señala a la nº 1 de Yolanda Díaz en Las Palmas por la malversación en los centros de menas]

La Fiscalía Anticorrupción solicita al juez que investigue quién se está lucrando con este precio absolutamente desmesurado, gracias a los fondos públicos que aporta la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario que dirige Noemí Santana.

La indagación desarrollada por la Fiscalía en los últimos meses ha permitido detectar otros casos similares. En su visita al centro de menores Guiniguada, situado en Las Palmas de Gran Canaria, la fiscal decana de Menores de las Islas constató que el inmueble carece de la necesaria cédula de habitabilidad.

Cuando solicitó a los responsables del centro el contrato de alquiler del inmueble, le entregaron una copia en la que no consta ni el precio del arrendamiento ni la fianza abonada. Pese a sus posteriores requerimientos, todavía no ha logrado que le faciliten el documento auténtico.  

Como ha informado EL ESPAÑOL, la fiscal dejó constancia de sus impresiones en un informe: "La situación en la que se encuentran los menores residentes es de hacinamiento, las habitaciones son manifiestamente pequeñas, oscuras y mal ventiladas, de aspecto tétrico y carcelario (...) No alcanzamos a comprender en qué se están invirtiendo los fondos que recibe el centro para la manutención y el cuidado de los menores".

[La candidata de Sumar se excusa por el desfalco en centros de menas: "Fue una crisis humanitaria"]

La querella que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado por estos hechos enumera algunas de las irregularidades detectadas en los cinco centros de menas.

Entre otras, el "desvío de un dinero vinculado a la superior función pública de la atención integral a los menores a las cuentas personales de los directores querellados, el abusivo uso fraudulento efectuado por los directores de los centros (utilizando como medio de pago la tarjeta bancaria del centro para sufragar y satisfacer gastos personas y comidas en restaurantes), así como la facturación de gastos en conceptos, a priori, ajenos a la gestión del centro".

Todo ello ha originado, señala Anticorrupción, "una merma en la calidad de la atención integral a los menores", que se evidencia en las sucesivas actas de inspección levantadas. 

La Fiscalía señala que este desvío de fondos públicos ha sido posible debido al "grosero incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control" de la gestión económica de estos centros de menores, por parte de la Consejería de Derechos Sociales que dirige Noemí Santana que los financió con 12,5 millones de euros.

Noemí Santana es secretaria general de Podemos en Canarias, ha sido la candidata del partido morado a la presidencia del Ejecutivo autonómico en los comicios del 23-M y ahora encabeza la lista de la coalición Sumar de Yolanda Díaz al Congreso de los Diputados por Las Palmas, en las elecciones generales del 23-J.