Anticorrupción señala a la nº 1 de Yolanda Díaz en Las Palmas por malversación en los centros de menas

Anticorrupción interpuso el pasado 25 mayo una querella contra los directores de cinco centros de menores inmigrantes no acompañados (menas) de Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote, como autores de los presuntos delitos de malversación, administración desleal y falsedad en documento mercantil.

La querella también se dirige contra la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que gestiona estos centros de menores gracias a los 12,5 millones de euros que ha recibido desde 2020 de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno Canario, que dirige Noemí Santana, miembro de Podemos y hoy candidata de la plataforma de Yolanda Díaz a las elecciones generales.

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Según la denuncia, los directores de los cinco centros de menores se habrían lucrado al desviar en su propio beneficio decenas de miles de euros de los fondos públicos abonados por el Gobierno canario, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres.

Esta malversación de fondos públicos ha sido posible, señala la querella de la Fiscalía Anticorrupción, por el "deficiente, opaco y poco riguroso control" de las partidas presupuestarias asignadas por el departamento que dirige Noemí Santana.

En distintos apartados de su querella, la Fiscalía pone el énfasis en el "grosero incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control" de la gestión económica de estos centros de menores, por parte de la Consejería de Derechos Sociales que dirige Noemí Santana.

Sólo así fue posible, argumenta el Ministerio Público, que los directores de los centros de menores ejecutaran "innumerables y cuantiosas disposiciones de dinero en efectivo, traspasos a sus cuentas personales, pagos personales (como un tratamiento de belleza personal) con cargo a la tarjeta bancaria de los centros (...) y el apoderamiento de las cantidades dinerarias sufragadas por las Administraciones públicas de Canarias".

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La directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, Iratxe Serrano (también miembro de Podemos) adjudicó a partir de 2019 a la citada Fundación por el procedimiento de emergencia los sucesivos contratos para gestionar estos centros de menores.

Pero ya en noviembre de 2021 la Intervención de la Consejería de Derechos Sociales advirtió que estos contratos habían sido aprobados "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". El resultado ha sido un completo descontrol de los millonarios fondos públicos abonados.

La citada Fundación Respuesta Social Siglo XXI, con sede en Madrid, ni siquiera está dada de alta en el Registro de Fundaciones, por lo que sus fondos nunca han sido fiscalizados. Ahora lo ha hecho la UDEF. 

La Fiscalía Anticorrupción cita en su querella innumerables ejemplos del desvío de estos fondos públicos, que la Fundación transfería a cuentas gestionadas directamente por el director de cada centro de menores. 

Un tratamiento de belleza

En algunos casos, utilizaban la tarjeta asignada a esta cuenta bancaria para sus gastos personales. Por ejemplo, en la compra de alcohol, tabaco, un tratamiento personal de belleza (1.500 euros) o incluso en la adquisición de un fármaco contra la disfunción eréctil. Anticorrupción recalca en su informe que, en ninguno de estos casos, se trata de productos destinados a los menores internados en los centros.

La investigación desarrollada por la UDEF también pone en evidencia el gasto desmedido en alquiler de coches o en gasolina. En tan sólo siete meses (desde junio a diciembre de 2021), la dirección del centro de menores Acoran, en la isla de Gran Canaria, justificó un gasto de 20.288 euros en gasolina.

Anticorrupción destaca que esta cifra equivale a un gasto de 3.385 euros al mes en gasolina o a un trayecto de 1.200 kilómetros diarios. En algunas ocasiones se llegaron a justificar hasta 12 repostajes de gasolina en un solo día, ocultando la matrícula del vehículo. Algo incomprensible, señala la fiscalía, cuando los 110 menores internos en el centro se trasladan en guagua o van a la escuela caminando. 

A la UDEF también le llamó la atención que el centro de menas La Santa, en Lanzarote, declarara en un solo año compras por valor de 206.330 euros a una pequeña frutería de Arrecife, en productos de alimentación, limpieza e higiene. El establecimiento está regentado por el hermano del subdirector del centro de menores, señala el informe.

Los niños, en guagua

Los pagos a esta pequeña tienda suman 199.801 euros en dos años y medio. La UDEF pudo comprobar que, cada vez que el centro de menores hacía una compra a esta pequeña frutería, el establecimiento hacía luego una transferencia a uno de los querellados (por importes que suman más de 17.000 euros en el período investigado).

El mismo centro de menores La Santa, de Lanzarote, declaró un gasto de 77.312 euros en coches de alquiler, todos contratados al mismo concesionario, entre 2019 y 2021. Una cantidad "abrumadoramente excesiva e incoherente", destaca la Fiscalía Anticorrupción. Más aún, cuando el citado centro tiene una flota propia de seis vehículos, y los menores internos se desplazan en guagua, es decir, en transporte público.