Las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo se acercan y algunos quieren hacer negocio con ellas. Tan importantes serán sus resultados que hay agentes que no están dispuestos a que estos marquen una situación que no les conviene ni a sus partidos ni a sus empresas. Y por ello, se producen fraudes como el que parece haber estallado en Melilla.
La ciudad autónoma situada en el norte de África ha sido noticia este mismo jueves por una peligrosa cuestión. Se trata de la posible compra de casi 10.000 votos que habrían dado lugar a un profundo fraude electoral con sobornos y robos de por medio. En estos momentos, el juzgado número 2 se encuentra investigando la existencia de una posible red de compra de votos que afectaría al voto por correo en el municipio de Melilla.
La voz de alarma se dio hace unos días, cuando las autoridades empezaron a cotejar ciertos datos que parecían muy sospechosos. Más votos por correo que nunca y asaltos a varios carteros que provocaron que desde el Gobierno de Melilla se extremaran las precauciones y la atención sobre lo que estaba sucediendo.
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Tanto es así que hasta Sabrina Moh, la delegada del gobierno de la ciudad autónoma, ha querido zanjar la polémica aumentando la seguridad hacia los carteros para evitar más asaltos. También se están siguiendo los diferentes movimientos alrededor del caso para extender las redes y dar caza a aquellos que intentan sabotear los comicios que se celebrarán en buena parte España el próximo 28 de mayo.
¿Por qué se sospecha de la existencia de una red de compra de votos?
Las autoridades dieron la voz de alerta cuando detectaron movimientos en dos direcciones muy sospechosas. El primer punto extraño de esta complicada ecuación era saber por qué había aumentado tanto el voto por correo de unas elecciones a otras. Mientras que en las de 2019 fueron unas 4.000 las personas que optaron por este sistema, este curso habían sido casi 10.000 las peticiones realizadas.
Estas cifras, en una ciudad de unos 55.000 habitantes, suponen casi un 18% del censo. Un porcentaje muy alto y que invitaba a sospechar que algo podría estar pasando. Las previsiones para este jueves 18 de mayo, cuando concluye el periodo de solicitud del voto por correo, es que estas cifras pudieran crecer hasta superar el 20%. Los números que ya se han registrado muestran que la media nacional es nueve veces menor a los índices de voto por correo registrados en los últimos días en Melilla.
El otro punto de sospecha está relacionado con los robos con violencia que se han producido. Concretamente, con los asaltos que han sufrido desde hace varios días hasta cuatro carteros del municipio. Todos los asaltos se han producido con el mismo modus operandi. Dos encapuchados se acercan con un coche sin matrícula hacia la moto de un cartero.
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Lo abordan mientras circula con documentación electoral para sustraerla. Uno agarra por la espalda al operario de Correos mientras otro se lleva la documentación para después desaparecer. Una práctica que alerta enormemente sobre la existencia de una mafia que estaría traficando con el voto por correo después de que hayan sido varios los casos que se han producido en similares circunstancias.
¿Cómo opera esta red de compra de votos?
El modo de proceder de esta red de adulteración del voto de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas parece claro. Al menos en sus primeros pasos. Todo comienza, tal y como ha adelantado la Cadena SER, por la labor de captación. Personas importantes dentro de la organización contactan con gente sin empleo, drogodependientes y demás personas en situación de vulnerabilidad económica al ser consideradas como presas fáciles. Estas solicitan su voto y rellenan un impreso sin tener necesidad después de volver a la oficina ni de presentar de nuevo su DNI para poder entregar la papeleta.
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Tras las primeras estimaciones, se cree que la inversión realizada en este tipo de operaciones podría llegar a rondar hasta el millón de euros. Por lo tanto, se trata de una trama de sobornos de gran calado. En la cúspide se encuentran las personas que han ordenado el robo de la documentación electoral y en un segundo escalón los encargados de efectuar los pagos a aquellos que trafican con su derecho a la participación en los comicios.
Aunque las autoridades no han señalado de manera oficial a ningún partido político, las primeras insinuaciones sí han apuntado hacia Coalición por Melilla, el partido del Gobierno local. Esta formación se ha mostrado en contra de endurecer las medidas de identificación de los votantes como han solicitado PP, Podemos y VOX. Una postura que ha generado todavía más sospechas.
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La preocupación que existe ahora mismo en Melilla es que la afectación a sus propias elecciones podría ser total. Teniendo en cuenta que existen unos 55.000 electores en la ciudad y que se han registrado unas 10.000 peticiones de voto por correo, podría hablarse de un 20% del censo. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que las personas que ejercieron su derecho al voto en 2019 fueron solo 34.000. Por lo tanto, esa cifra supondría que un tercio de los votantes de la ciudad estarían directamente implicados en el posible fraude del voto por correo.
De momento, las informaciones que se manejan en los juzgados de Melilla apuntan a que la red de compra de votos tendría operando a unas 50 personas. Y todo arrancaría con una oferta que va desde los 50 hasta los 150 euros, junto a otras prebendas, a esas personas que atraviesan problemas personales y económicos y que se convierten en un blanco fácil a la hora de conseguir de manera rápida y oscura estos votos que van camino de provocar un fraude histórico.
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De hecho, Coalición por Melilla ya solicitó al Tribunal Contencioso-Administrativo la suspensión de las elecciones del 28 de mayo en la cuidad autónoma por un supuesto "fraude masivo". Desde la Junta Electoral son conscientes de que este sistema ha funcionado de manera nociva históricamente en la ciudad y que incluso se ha producido la llegada de personas con bolsas llenas de papeletas propias del voto por correo en las diferentes oficinas para llevar así a cabo diferentes manipulaciones. Otros, con más discreción, las entregan en oficinas de Correos de ciudades cercanas como Málaga o Almería para generar menos sospechas.
Hasta ahora, la ley permitía delegar el trámite de la entrega del voto en una persona autorizada. Sin embargo, ahora será obligatorio que cada elector tenga que entregar su sobre identificándose con su DNI o con otro tipo de documento como el pasaporte. Esta medida ha provocado que las largas colas de ciudadanos que se han podido ver en las oficinas de Correos en los últimos días para solicitar el voto por correo hayan desaparecido por completo.
¿Cuándo empezó la trama de compra de votos?
Tras las investigaciones que se han llevado a cabo, se cree que la trama se puso en marcha desde el pasado 8 de mayo, momento en el que comenzó el reparto de documentación electoral para ejercer el derecho al voto por correo. Desde entonces, y a través de los asaltos anteriormente citados, se han sustraído ya unos 43 sobres.
A partir de ese momento, la Policía y la Guardia Civil llevaron a cabo protocolos comunes para poder escoltar a los 16 funcionarios de Correos en funciones y así intentar garantizar la eficacia del voto por correo. Sin embargo, no se han producido detenciones hasta el momento. Eso sí, se ha aumentado el control en oficinas de Correos y también en el puerto y el aeropuerto de la ciudad.
Imagen de una urna electoral
Un punto importante de la polémica ha sido la activación de un complejo sistema de alerta para intentar detener a aquellos que pretendan intentar burlar las nuevas medidas de seguridad. Ya se han anulado los votos que han sido robados. Por lo tanto, si alguien acude a una oficina de Correos con alguno de ellos, será fácil detectar quién se encuentra implicado en la trama para proceder a su detención.
Por si fuera poco, los electores afectados no han perdido su derecho a voto, ya que la Oficina del Censo Electoral ha emitido ya duplicados de la documentación para seguir ejerciendo su función de sufragio de manera correcta. La sombra de posibles fraudes en el voto por correo vuelven a salpicar de lleno a Melilla, una ciudad que quedó manchada por el escándalo protagonizado por Dionisio Muñoz, secretario general del PSOE, y de Mustafa Aberchán, actual presidente de Coalición por Melilla.
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En el año 2021, el Supremo confirmó una condena de dos años de cárcel y 30 meses de inhabilitación para el integrante del PSOE y para el líder de CPM por un delito de falsedad y dos delitos electorales que consistieron en la compra de votos por correo a cambio de planes de empleo en las elecciones de 2008. Da la casualidad de que Aberchán, quien no ha perdido su cargo en el partido, finaliza esta inhabilitación en unos meses y que si se aplazaran las elecciones, podría presentarse a los nuevos comicios que se celebrarían más adelante.
Hace ya 34 años, el Tribunal Supremo obligó a repetir las elecciones legislativas de Melilla que se habían celebrado en octubre de 1989 tras quedar salpicadas de varios fraudes. El PP presentó un recurso, lo ganó y consiguió que tres parlamentarios del PSOE perdieran su escaño en lo que fue otro escándalo histórico de la ciudad autónoma. Las sombras de manipulaciones nunca desaparecen en las elecciones de Melilla.