El Senado ha aprobado este miércoles de manera definitiva la Ley de Vivienda del Gobierno. La norma, que ve la luz apenas once días antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, ha sido aprobada con 134 votos a favor, 117 en contra y una abstención.
La ley, que ya fue aprobada en el Congreso el pasado 27 de abril, queda ahora ratificada y lista para su publicación en el BOE.
Esta norma es la última de las leyes estrella del Ejecutivo antes del 28-M y probablemente sea la última gran ley antes de que acabe la legislatura. Supone diversas novedades, aunque la más conocida y polémica es que topa los precios del alquiler.
Según la nueva ley, el tope del alquiler quedaría en el 2% este 2023 y el 3% en 2025 tomando como referencia un índice nuevo basado en el IPC. Cobrarán relevancia las llamadas zonas tensionadas, que afectará no sólo a los precios del alquiler, sino también a la definición de grandes propietarios y que tendrán que ser declaradas por las comunidades autónomas.
Otra de las novedades es que crea nuevos mecanismos para que los ayuntamientos penalicen las viviendas vacías a través de recargos en el IBI. Para que esto suceda también hará falta la colaboración de las autoridades locales.
También ha sido polémica porque incluye una serie de requisitos que dificultan el desalojo de okupas, siempre que sean "personas vulnerables" y estén ocupando una vivienda de un gran tenedor. La oposición ha considerado que este tipo de medidas facilitan el fenómeno de la okupación ilegal.
Se colará en campaña
A pesar de que ha perdido parte del foco mediático que tuvo en abril, la Ley de Vivienda será un actor importante en los días que quedan de campaña electoral de cara al 28-M. Y lo será por diversos motivos. Por un lado, los dos socios del Gobierno se congratularán por la ley y se disputarán la autoría, como han estado haciendo hasta ahora.
[Calviño niega que el PSOE haya pactado con Bildu pero al menos 10 acuerdos la desmienten]
El PSOE va a sacar pecho no sólo por la norma, sino por todos los anuncios de vivienda pública y alquiler asequible que ha ido anunciando el presidente Pedro Sánchez a lo largo de la precampaña. Esa es una de las principales estrategias electorales de Moncloa y la aprobación definitiva le dará cancha de nuevo.
También será un motivo para confrontar entre territorios. En el debate que se celebró este martes entre los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid, la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ratificó en su idea de que no iba a aplicarla. Ello le servirá para marcar perfil propio y a sus adversarios para presionarla.
Y también afectará la Ley de Vivienda en uno de los principales asuntos de la campaña actualmente: los pactos entre el Gobierno y Bildu. El partido vasco ha sido fundamental para sacar esta ley adelante, tras llegar a un acuerdo con el PSOE. Tanto, que los socialistas les cedieron, y a ERC también, la puesta en escena de que se había desbloqueado la situación.