El desacuerdo de Sumar y Podemos abre una batalla por subvenciones, espacios gratuitos y debates en TV

Incluso podría estar en juego la presencia de Yolanda Díaz en los debates electorales -incluidos los de TV, que suscitan una mayor atención-, dependiendo de la fórmula jurídica que elija para presentar a Sumar a esos comicios. Y, por supuesto, afectará al reparto de los fondos públicos que se logran en función de los votos conseguidos una vez celebradas las elecciones, por lo que está en juego también la supervivencia económica de Podemos y de los partidos que apoyan a Sumar.

Si la discrepancia actual se mantuviera, habría un conflicto que tendría que dirimir en su momento la Junta Electoral Central y para el que será fundamental la fórmula jurídica con la que concurra Sumar.

[Yolanda Díaz presenta la candidatura de Sumar sin Podemos: "Estamos cansadas de tutelas"]

La ley Orgánica de Régimen Electoral establece cuatro formas de concurrir a las elecciones: como partidos, como federaciones de partidos, como coaliciones o como agrupaciones de electores.

Hasta el momento, Yolanda Díaz no ha aclarado de qué forma se constituirá Sumar, pero ha dado a entender que no estará formado por partidos. Suele repetir que “esto no va de partidos políticos” y el pasado mes de septiembre señaló que en Sumar "puede haber dirigentes de otros partidos, cabe todo el mundo, gentes de todas partes", pero "la inscripción en Sumar es individual" y no de ningún "partido en bloque".

Este lunes señalaba en El País: "Las fórmulas jurídicas no me interesan demasiado. Será la que garantice que nos presentemos a las elecciones. La ley española nos permite hablar de tres mecanismos: partido, coalición o agrupación de electores. Va a ser una herramienta muy ligera, un lugar de encuentro dirigido hacia el futuro y la esperanza. Los partidos que se incorporen tienen que estar, pero no tienen que ser el alma de Sumar. El alma son las personas".

Es decir, da a entender que sería una agrupación de electores, pero esa fórmula tiene inconvenientes, como por ejemplo que no tendría derecho a recibir el anticipo de la subvención electoral y tampoco podría acceder a los espacios de publicidad electoral que corresponderían a Unidas Podemos en función de su resultado en las últimas generales, las de noviembre de 2019.

Incluso si Sumar fuera como coalición de partidos y Podemos concurriera por su parte, esas subvenciones y esos espacios electorales estarían en disputa porque ambos deberían invocar que son continuidad de la coalición Unidas Podemos que se presentó en 2019.

Unidas Podemos recibe subvenciones que reparten Podemos e Izquierda Unida de manera proporcional. Por ejemplo, en la liquidación de hace un año de los gastos de seguridad que cubre el Estado, Podemos recibió 47.207 euros e Izquierda Unida recibió 16.2035; es decir, existe un criterio de proporcionalidad que se mantendría.

En el caso de que Sumar fuera una coalición, estaría formada por IU, Más País, Compromís y otros 12 partidos, aunque Yolanda Díaz siempre ha rechazado esta opción que pide Podemos.

La ley electoral prevé que “el Estado concederá adelantos de las subvenciones mencionadas a los partidos, federaciones y coaliciones que las hubieran obtenido en las últimas elecciones a las Cortes Generales, al Parlamento Europeo o, en su caso, en las últimas elecciones municipales, y no se hubiesen visto privadas de las mismas con posterioridad de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior”.

Es decir, Sumar no lo recibiría si fuera agrupación de electores, pero Podemos sí porque fue a las elecciones de 2019. Tampoco lo recibirían los partidos que puedan integrarse en Sumar.

Algo parecido ocurre con los espacios gratuitos en los medios públicos de comunicación, que se reparten en función de criterios de proporcionalidad según los resultados anteriores.

“La distribución de espacios gratuitos para propaganda electoral se hace atendiendo al número total de votos que obtuvo cada partido, federación o coalición en las anteriores elecciones equivalentes”, señala la ley.

Prevé “diez minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que no concurrieron o no obtuvieron representación en las anteriores elecciones equivalentes”, y entre 30 y 45 minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que obtuvieron representación en las anteriores elecciones.

Es decir, Podemos tendría mucho más tiempo de propaganda en los medios públicos, salvo que Sumar fuera como coalición y lograra que la Junta Electoral entendiera que son continuidad de los partidos que la componen y que lograron representación.

La ley limita enormemente la capacidad de las agrupaciones de electores: “Las agrupaciones de electores que se federen para realizar propaganda en los medios de titularidad pública tendrán derecho a diez minutos de emisión”. Es decir, si Sumar fuera agrupación de electores tendría sólo derecho a 10 minutos en esos espacios gratuitos.

Respecto a los debates, también puede ser un escollo notable y tendría que decidir la Junta Electoral Central y hay jurisprudencia contradictoria.

Por ejemplo, Íñigo Errejón no pudo participar en los debates de noviembre de 2019 porque Más País se presentaba por primera vez y no se le podía aplicar criterio de proporcionalidad alguno.

En marzo de 2019, la Junta Electoral frenó la participación de Vox porque nunca había tenido representación en generales y, además, estableció que el partido de Santiago Abascal “tampoco reúne la condición de grupo político significativo, puesto que, conforme al punto 2.3 del apartado cuarto, dicha condición debe reconocerse a aquellas formaciones políticas concurrentes a las elecciones de que se trate que, pese a no haberse presentado a las anteriores elecciones equivalentes o no haber obtenido representación en ella, con posterioridad, en recientes procesos electorales y en el ámbito territorial del medio de difusión, hayan obtenido un número de votos igual o superior al 5% de los votos válidos emitidos”.

Lo importante de esa resolución es que se refería a un medio privado como Atresmedia y no sólo a las televisiones públicas.

Sin embargo, en junio de 2022, en la campaña de las elecciones andaluzas, la Junta Electoral de Andalucía rechazó el recurso que presentó Por Andalucía y que pedía que se vetara la presencia de Teresa Rodríguez en los debates electorales, porque era la primera vez que se presentaba su candidatura como Adelante Andalucía. Eso sí, a Teresa Rodríguez se le denegó el anticipo de las subvenciones electorales.

En el caso de Sumar, si fuera como agrupación de electores, tendría más difícil que la Junta Electoral le aplicara algún criterio de proporcionalidad, puesto que nunca ha concurrido a elección alguna.

Si se presentara como coalición, necesitaría que se le aplicara la proporcionalidad de los resultados de los partidos que lo formarían. Sin embargo, Podemos también podría reclamar esa proporcionalidad como parte mayoritaria de la coalición Unidas Podemos, que logró 32 escaños en 2019.

El partido de Ione Belarra e Irene Montero siempre ha exigido que la fórmula sea la de coalición. Además, el hecho de que Sumar y Podemos vayan por separado y la forma jurídica de la plataforma de Yolanda Díaz tendrían también repercusión en el reparto del dinero público al que tiene derecho cada candidatura.

El Estado, según la ley electoral, financia los gastos declarados y justificados de cada candidatura hasta un límite y luego otras cantidades en función de los resultados. Concretamente, son 21.167,64 por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado; 0,81 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura al Congreso, uno de cuyos miembros al menos, hubiera obtenido escaño de Diputado; 0,32 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada candidato que hubiera obtenido escaño de Senador y una subvención “de los gastos electorales originados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral; se abonarán 0,18 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que haya presentado lista al Congreso de los Diputados y al Senado, siempre que la candidatura de referencia hubiera obtenido el número de Diputados o Senadores o de votos preciso para constituir un Grupo Parlamentario en una u otra Cámara”.

Todas esas cantidades deberían ser repartidas de forma proporcional entre los partidos que formaran una hipotética coalición, fórmula que prefiere Podemos, exigiendo además tener mucho mayor peso que el resto de partidos. De esa forma tendría muchos más ingresos, que tendrían continuidad en las cantidades que periódicamente paga el Estado a los partidos.

Si Podemos se diluye en Sumar como coalición no proporcional o si se presenta como agrupación de electores, los morados perderían gran parte de esos ingresos. También los demás partidos que apoyan a Yolanda Díaz tendrían problemas económicos si se diluyen en Sumar.

Podemos ya teme que malos resultados en las municipales autonómicas y municipales del 28 de mayo, tal y como apuntan las encuestas, puedan afectar notablemente a su economía.