Cs pregunta por los 30M de fondos UE que el Gobierno da para "gasto corriente de sindicatos y patronal"

El uso de los fondos europeos para "financiar gasto corriente destinado a sindicatos y patronal" ha llegado al Congreso de los Diputados. La noticia, revelada en exclusiva por EL ESPAÑOL, de que 30,65 millones de euros de los fondos Next Generation EU se han adjudicado a UGT, CEOE y Cepyme para financiar partidas de "gasto corriente", antes pagadas con los Presupuestos Generales, ha llevado al grupo parlamentario de Ciudadanos presente una batería de preguntas al Gobierno.

Los liberales exigen al Ejecutivo que justifique "la utilización de fondos Next Generation EU para financiar gasto corriente destinado a sindicatos y patronal". El Ejecutivo deberá contestar por escrito, principalmente, a la siguiente cuestión:"¿Por qué el Gobierno ha autorizado una financiación de gasto corriente para patronal y sindicatos a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia?"

Tal como revelaba este diario en su edición de este martes, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó, en el Consejo de Ministros del pasado 20 de diciembre, una partida de 30,6 millones de euros en subvenciones a patronales y sindicatos para "la digitalización del sector productivo".

La partida sale de una propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, pero los fondos no salen de su presupuesto, como en años anteriores, sino de la de dinero europeo adscrita al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Así lo recoge el Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, que enmarca este acuerdo del Gobierno en lo dispuesto por el "ambicioso Plan Estratégico de Formación Profesional, iniciado desde el cuarto trimestre de 2018". Es decir, antes de la pandemia y -evidentemente- de la creación de los fondos europeos de ayuda a las economías más castigadas por la Covid. 

Y así lo pudo comprobar este periódico, comparando este decreto con el que, en el año 2020, concedía estas mismas subvenciones a CEOE, Cepyme y UGT. Entonces, el Real Decreto 1104/2020, de 15 de diciembre, no sólo elegía a los mismos "interlocutores sociales" como destinatarios de las ayudas. También les concedía exactamente las mismas cantidades, en lo que refleja un claro corta y pega.

Por eso, la segunda pregunta de Cs busca saber "qué medidas está tomando el Gobierno para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse y pongan en cuestión la adecuación de nuestro país a las directrices de uso del reglamento que dio origen a Next Generation EU".

Para los liberales, es una "desgracia" que el Gobierno esté demostrando "que está dispuesto a malgastar la oportunidad histórica" que suponen los fondos de Recuperación "para poder transformar nuestro tejido productivo y prepararlo para el futuro, haciéndolo más competitivo".

Las preguntas parlamentarias, a las que ha tenido acceso este diario, están firmadas por María Muñoz, portavoz económica de Ciudadanos en la Cámara Baja. Según la exposición de motivos, el Gobierno Sánchez "destina fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a fines que no están en línea ni con el reglamento europeo que dio origen al paquete Next Generation EU ni tampoco con ese objetivo último de adicionalidad". 

"Ahorrar recursos propios"

El último ejemplo es el del decreto que desveló este periódico. Comparándolo con otro, aprobado en diciembre de 2020, la única diferencia entre ambos es la fuente de financiación y la "compatibilidad" -este año, sí- con subvenciones procedentes de fondos de la UE.

En el de hace dos años, publicado antes de la aprobación por parte de Bruselas del Plan de Recuperación, quedaba claro no sólo que el dinero para los "interlocutores sociales" procedía de los Presupuestos Generales, sino que no era compatible con financiación europea. 

Según la diputada liberal Muñoz, "los fondos europeos de recuperación no pueden utilizarse para ahorrarse de las cuentas públicas el gasto destinado a Patronal y Sindicatos".

Por eso, el escrito ya registrado en el Congreso -con fecha de este mismo martes a las 16.58 horas- sostiene que "el supuesto objetivo de mejorar la digitalización del sector productivo", efectivamente, "es uno de los ámbitos que sí son financiables por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia".

Pero lo cierto es que "estas subvenciones vienen dándose desde hace varios años, siendo una partida recurrente a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. "Por tanto, el Gobierno estaría intentando ahorrarse esa partida de sus propios recursos utilizando dinero del paquete Next Generation EU para sufragar gasto corriente, algo no permitido por las directrices de esos fondos".

Para los liberales, nos encontramos ante "un caso claro en el que el Gobierno ha decidido simplemente reemplazar sus propios fondos con otros recursos con cargo a fondos europeos y poder así destinarlos a un destino diferente". Es decir, que no se estarían utilizando los fondos europeos de forma que se garantice "el necesario valor añadido marcado por la Unión Europea".

Funcionarios "bajo presión"

También se hace eco Ciudadanos de las quejas de los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública encargados de la gestión de los fondos.

Tal como denunció EL ESPAÑOL, algunos de los trabajadores públicos adscritos a este programa han expresado que se "utilizan los fondos europeos como si fuese una hucha para todo", reconociendo incluso "presiones de los responsables políticos para sacar adelante expedientes dudosos", como el de los siete millones de euros para alquilar dos plantas de un edificio de oficinas de lujo para la misma oficina de los fondos UE denunciado por este periódico.

A todo ello se suma, además, que el Gobierno está sustituyendo a varios de los trabajadores que han estado a cargo de la gestión de fondos europeos hasta ahora por otros profesionales "sin experiencia en gestión ni en tramitación de este tipo de líneas de financiación".

Por eso, las tres últimas preguntas de Ciudadanos al Ejecutivo de coalición se refieren a la situación de los funcionarios interinos que dan los vistos buenos a los expedientes: "¿Existen presiones por parte del Gobierno a funcionarios o personal laboral a cargo de la tramitación de fondos europeos para que aprueben expedientes de dudoso encaje en esas directrices?".

En caso afirmativo, los liberales reclaman saber "qué ha hecho el Gobierno para que esas presiones cesen y se sancione a los responsables de ejercerlas". Y en caso negativo, la cuestión es evidente: "¿Por qué funcionarios y personal laboral al servicio del Gobierno denunciarían la existencia de dichas presiones?".