El enfado en Moncloa es infinito y la vicepresidenta tercera llega este jueves a Bruselas dispuesta a dar una durísima batalla. España rechaza de plano la propuesta de la Comisión Europea establecer un límite de precio para todas las importaciones de gas en la UE. Teresa Ribera ha llegado a calificarla de "tomadura de pelo" por reflejar "condiciones incumplibles".
Pero sobre todo, el Gobierno de España llega cargado de razones y de aliados. Pedro Sánchez mandará a través de Ribera al Consejo Europeo de Energía, este jueves, un mensaje durísimo. "Somos ya 14 países los que estamos en contra, al menos", advierten fuentes oficiales de Transición Ecológica. "O retiran esa propuesta o dejaremos de apoyar a la Comisión en otros temas", amenaza el Gobierno español.
El Gobierno de Sánchez forzará incluso un voto por mayoría cualificada, si es necesario, para rechazar la propuesta. Para ello hacen falta el 55% de los países que representen, al menos, el 65% de la población de la UE. Y España considera que ambos umbrales están superados con los países que ya han confirmado estar de su lado.
Hay que recordar que el pasado mes de septiembre, Sánchez lideró el envío de una carta a Bruselas en la que, junto a otros 13 jefes de Estado y de Gobierno, se reclamaba una propuesta para poner un límite al precio del gas en la Unión Europea de cara al Consejo de Energía del próximo 30 de septiembre, para después elaborar una propuesta legislativa.
El escrito fue remitido por los ministros de Energía de España, Portugal, Grecia, Polonia, Italia, Malta, Rumanía, Croacia, Lituania, Eslovenia, Eslovaquia, Letonia y Bélgica. A la rebelión ahora se ha sumado también la Francia de Emmanuel Macron, según las fuentes del Gobierno español.
Tarde y mal
"La propuesta ha llegado demasiado tarde y es altamente insatisfactoria", apunta un portavoz de la vicepresidenta a este diario. La realidad es que el documento fue emitido por el colegio de comisario el martes, a sólo 48 horas de la celebración del Consejo de ministros de Energía.
Y que sus términos "sólo satisfacen" a los países que ya presentaban reticencias a la idea. Es decir, Alemania y Países Bajos, "además de algún nórdico al que el asunto le afecta menos".
De entrar en vigor tal como se ha diseñado el modelo de Ursula von der Leyen, Bruselas dejaría a España, en el medio plazo, en una posición de extrema debilidad. Y es que éste es el mecanismo que debe sustituir a la llamada "excepción ibérica". Un sistema que Moncloa vendió como un triunfo de Sánchez en el Consejo extraordinario de marzo, pero que es temporal y sólo funcionará, como mucho, hasta finales de 2023.
Si nada cambiara, España se quedaría sin el sistema que hoy le beneficia -en realidad, que le compensa por el aislamiento energético al que le han sometido sus socios y las milmillonarias inversiones realizadas durante décadas para paliarlo- y, a cambio, se vería sometida a otro muy perjudicial.
Desde su entrada en vigor, el pasado mes de junio, esa excepción ibérica ha bajado los precios de la energía en la Península. Desde una media de 270 euros el MW/h -con picos superiores a los 570 al inicio de la guerra- a niveles más cercanos a los del inicio del rally alcista: este miércoles, el precio se situó en los 150 euros el MW/h.
Así, en España y Portugal la factura de la electricidad se ha desacoplado del gas. Un mercado que está inflacionado por la invasión rusa de Ucrania, por el corte del suministro de Moscú al centro y este de Europa (Holanda y Alemania, entre ellos) y por las tensiones de nuestro país con el Gobierno de Argelia (tras el giro de Sánchez con el Sáhara y Marruecos).
Pero como la medida es sólo transitoria, el modelo propuesto por la Comisión supondría "una regresión" para España, según las fuentes consultadas en la Vicepresidencia de Ribera. Algo así como volver al momento previo al de la entrada en vigor de la medida.
"Porque el tope de precio planteado, de 275 euros el MW/h, es demasiado alto", explica un portavoz del Ministerio, "sólo superado una vez en lo más grave de la crisis". Según las fuentes gubernamentales, el documento distribuido por Bruselas es sencillamente "irrealizable".
El miedo de Bruselas
Entonces, ¿por qué la Comisión plantea un mecanismo con una visión tan miope, según España? La obsesión de Bruselas es preservar bajo cualquier circunstancia el mercado único de la energía y, al mismo tiempo, mantener la competitividad de la UE en los mercados globales.
Para lo primero, Von der Leyen precisa de un acuerdo de los Veintisiete. Para lo segundo, demuestra haber comprado las razones del Ejecutivo de Olaf Scholz, que teme que el principal competidor comunitario, es decir China, pague más y se lleve los suministros.
Las empresas intermediarias que venden el gas natural y el GNL (el licuado) a Europa podrían verse desincentivadas con un tope más bajo. Y para mantener sus beneficios, nos sacarían del mercado aprovechando la inmensa demanda de Pekín.
Pero los 15 aliados, con España a la cabeza, refutan ese argumento con otros dos: por un lado, que las reservas europeas están a tope, lo que es motivo justificado para ofrecer menos precio de pago. Y por otro, que "hay overbooking de metaneros esperando en nuestras costas", las españolas, "para descargar GNL".
Razones de Berlín y Ámsterdam
Además, a pesar de su dependencia del gas ruso de la que trata de recuperarse, Berlín juega con las cartas marcadas. En el seno de la UE ha sentado muy mal el programa de subvenciones a empresas por más de 200.000 millones de euros impulsado por Alemania.
Este plan rompe la unidad de mercado, según algunos gobiernos, aprovechando el músculo fiscal del que goza la primera economía de la Unión y pone en clara desventaja al resto de los socios comunitarios. En este escenario, las empresas alemanas podrán seguir afrontando los altísimos precios de la energía con las ayudas gubernamentales... y acabar por 'engullir' a sus competidoras del resto de la UE.
"Si no hay tope al gas, habrá inflación, pero ellos podrán sostenerse y los demás no", claman fuentes del Parlamento Europeo. La misma Ribera ha advertido del egoísmo y del riesgo de esa apuesta alemana: "No hay dinero en el mundo que lo pueda sostener", advierte la vicepresidenta tercera.
Por su parte, Ámsterdam es reacia a perder los inmensos ingresos que recibe gracias al índice de referencia TTF, una especie de mercado virtual vinculado al puerto de Rotterdam. Desde los años 70, cuando comenzó a explotarse el gas del Mar del Norte, se calcula que a los Países Bajos les ha reportado unos ingresos que rondan los 160.000 millones de euros.
Los jefes de Estado y de Gobierno le encargaron a la Comisión que, en su documento de trabajo, incluyera una propuesta de índice de referencia alternativo. Pero Bruselas no ha cumplido. Las fuentes consultadas afirman que ni España ni los otros 14 rebeldes pretenden eliminarlo, pero sí acompañarlo de otro más realista, porque el TTF, en las condiciones actuales de mercado, "fomenta la especulación".