El enésimo bloqueo de la negociación entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva casi cuatro años caducado, ha obligado a Bruselas a endurecer el tono. La Comisión Europea ha insistido este viernes en que la renovación del órgano de gobierno de los jueces debe ejecutarse "de forma prioritaria" y exige medidas para reducir la interferencia de los poderes ejecutivo y legislativo sobre el judicial.
"Es muy importante proceder con la renovación del Consejo del Poder Judicial de forma prioritaria", ha dicho la portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Anitta Hipper al ser preguntada por la ruptura de negociaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición de Alberto Núñez Feijóo. Esta exigencia de Bruselas aparece recogida "de forma clara" en el último informe sobre la situación del Estado de derecho en España publicado en julio.
"Es clave que la falta de nombramientos de miembros para el Consejo del Poder Judicial se afronte de forma prioritaria", ha insistido la portavoz.
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"Estamos en contacto con las autoridades españolas, que tienen una recomendación clara. Y una vez más, hemos subrayado la importancia de reducir la influencia del poder ejecutivo y legislativo sobre el judicial, con el fin de reforzar la independencia judicial", ha señalado Hipper.
Este mensaje fue trasladado personalmente por el comisario de Justicia, Didier Reynders, tanto al Gobierno como al Partido Popular durante la visita que realizó a España a finales de septiembre. Sin embargo, sus gestiones para tratar de mediar fracasaron y no lograron acabar con el bloqueo.
Pese a todo, el Ejecutivo comunitario todavía no quiere hablar de procedimientos de infracción contra España ni de un expediente sancionador por riesgos sistémicos al Estado de derecho.
En su informe sobre el Estado de derecho en España publicado en julio, Bruselas subraya que "el hecho de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial esté pendiente desde diciembre de 2018 sigue siendo una preocupación". Es el tercer año consecutivo que la Comisión amonesta a España por el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces.
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Pero por primera vez, Bruselas realiza una recomendación concreta a las autoridades españolas en este ámbito, cuya formulación exacta es la siguiente: "Proceder a la renovación del CGPJ con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de los jueces miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos". El Ejecutivo comunitario reclama que al menos la mitad del Consejo sea elegido por los propios jueces.
La Comisión de Ursula von der Leyen viene mostrando su inquietud sobre el bloqueo del Poder Judicial en España desde septiembre de 2020, cuando publicó su primer informe sobre la situación del Estado de derecho en la UE.
Fue el Ejecutivo comunitario el que obligó al Gobierno de Sánchez a retirar su polémica propuesta de reforma del sistema de elección del CGPJ, que rebajaba de tres quintos a mayoría absoluta el umbral para elegir a los 12 miembros procedentes de la carrera. Una reforma que según Bruselas iba en contra de las recomendaciones de la UE, que reclaman acabar con la imagen de politización del órgano de gobierno de los jueces.
Sin embargo, Bruselas ha guardado silencio sobre la otra reforma que impide al CGPJ realizar nuevos nombramientos mientras su mandato esté caducado. Tampoco se ha pronunciado sobre el cambio ad hoc que sí obliga a nombrar a los miembros que le corresponden del Tribunal Constitucional.
En todo caso, el bloqueo persistente del órgano de gobierno de los jueces en España preocupa cada vez más al Ejecutivo comunitario, que ha expresado su malestar por todos los cauces posibles. Hasta ahora, Bruselas ha evitado equiparar el caso de España con los de Hungría y Polonia, países expedientados por poner en riesgo el Estado de derecho. Pero la situación podría cambiar si no se encuentra una salida.