Por primera vez en la historia, Bruselas ha realizado una auditoría completa sobre la situación del Estado de derecho en España y en todos los demás países de la UE. En su informe publicado este miércoles, el Ejecutivo comunitario identifica como principales problemas la no renovación en plazo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la limitada independencia de la Fiscalía General del Estado, la lentitud de la justicia o los ataques a la prensa.
La Comisión desestima las múltiples denuncias que ha recibido de los separatistas por las condenas a los líderes del procés o las supuestas vulneraciones de derechos en Cataluña por parte del Estado español. De hecho, su informe sólo menciona una vez la situación en Cataluña y lo hace para hacerse eco de los ataques a periodistas.
"Por lo que se refiere a Cataluña, nuestra posición es conocida: es una cuestión interna de España que debe abordarse de acuerdo con su orden constitucional. La Comisión Europea respeta plenamente el orden constitucional español, incluidas las decisiones de su sistema judicial. El informe sobre el Estado de derecho aborda cuestiones sistémicas relacionadas con el sistema judicial y otros capítulos y no casos particulares", ha explicado el comisario de Justicia, Didier Reynders, en rueda de prensa.
LA RENOVACIÓN DEL CGPJ: "La situación del Consejo General del Poder Judicial es otro problema, en particular porque sus nuevos miembros todavía no han sido nombrados", denuncia el Ejecutivo comunitario. El informe resalta que el CGPJ lleva en funciones desde diciembre de 2018 y pese a ello continúa haciendo nombramientos en la cúpula judicial. Su propio presidente interino, Carlos Lesmes, ha admitido que la actual situación es una "anomalía institucional" cuya prolongación corre el riesgo de desacreditar al CGPJ. Para el Consejo de Europa, estos acontecimientos confirman la necesidad de garantizar que el CGPJ no sea percibido como vulnerable a la politización.
LA INDEPENDENCIA DE LA FISCALÍA: "La relación entre el Fiscal General y el Ejecutivo es objeto de discusión, en particular el régimen de nombramiento y la duración del mandato del Fiscal Genera, así como el registro de las comunicaciones con el ministerio de Justicia", apunta el informe. Bruselas ve problemático que el mandato del Fiscal General termine al mismo tiempo que el del Gobierno, una coincidencia que "puede afectar a la percepción de independencia". Asimismo, reclama que todas las comunicaciones entre el ministro de Justicia y el Fiscal General se hagan públicas "con el fin de disipar cualquier impresión de interferencia política del Ejecutivo en la Fiscalía".
LA LENTITUD DE LA JUSTICIA: La duración de los procedimientos judiciales en España sigue aumentando, censura el informe. Para casos civiles y mercantiles ante el Tribunal Supremo, los plazos superan los 600 días. Además, la tasa de casos resueltos también disminuye. Como entran en el sistema más asuntos de los que se resuelven, los retrasos se acumulan. Bruselas valora que se esté preparando un nuevo Código Procesal Penal para acelerar los procedimientos, así como un proyecto de ley con medidas tecnológicas.
LOS ATAQUES A LA PRENSA: El informe se hace eco de las quejas contra la reforma del Código penal de 2015 y contra la ley de Seguridad Ciudadana por restringir la libertad de información. También recoge la denuncia de Reporteros Sin Fronteras sobre la "creciente tendencia" de las autoridades judiciales y la policía a saltarse la protección de las fuentes de los periodistas y obstruir el periodismo de investigación. Finalmente, la Comisión cita a un partido (en referencia a Vox) que deniega la acreditación a algunos medios, así como "casos en los que la seguridad de los periodistas se ha visto afectada, como ataques físicos".