Sánchez apura el apoyo al Presupuesto de PNV y ERC con nuevas transferencias y auxilio a Pere Aragonès

El Gobierno ve posible sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2023. De hecho, da como seguro que el día 27 de octubre superará el primer trámite, el del debate de totalidad en el Pleno del Congreso.

Necesita que el año termine con la aprobación definitiva de las cuentas, tras pasar por el Congreso y el Senado, y poder presentar como activo político el de la estabilidad, es decir, haber podido aprobar tres Presupuestos en la legislatura y poder hacer frente a las consecuencias de la inflación y la guerra de Ucrania.

El Gobierno apura la negociación para evitar que sus socios de investidura, especialmente, ERC y PNV, presenten enmiendas de totalidad a las cuentas como ya han hecho PP, Vox y Ciudadanos.

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El plazo termina este viernes; en teoría ERC y PNV aún tendrían tiempo de retirarlas antes del debate de los días 26 y 27 de octubre, pero siempre es indicativo del acuerdo que no presenten enmiendas de totalidad o devolución a las cuentas. También pueden no presentarlas y votar en contra de los Presupuestos ese día, pero supondría sumarse a enmiendas de PP, Vox o Ciudadanos.

En los últimos días se sigue la liturgia habitual, con una negociación al límite que podría concretarse en acuerdos este mismo viernes al borde del plazo de enmiendas de totalidad.

Con el PNV, la negociación se centra en el cumplimiento del calendario de traspasos pactado en febrero de 2020, pero no cumplido por el Gobierno, según el Ejecutivo vasco y el PNV.

En esa lista de transferencias se incluyen los trenes de cercanías; Meteorología; Fondo de protección a la Cinematografía; Paradores de Turismo e Inmigración.

Fuentes del Gobierno aseguran que el miércoles se remitió al Gobierno vasco una propuesta de traspaso de la cercanías, la transferencia más importante de las reclamadas ahora por el PNV.

La duda en los últimos días es que los negociadores nacionalistas exigen garantías de cumplimiento de los traspasos y explican que no les vale con compromisos. Primero porque ya se incumplieron, y segundo porque estos son los últimos Presupuestos de la legislatura y puede ser la última oportunidad de lograr que avancen los traspasos.

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Con ERC, el acuerdo es más sencillo porque se basa en asuntos políticos ajenos a la letra y los números de los Presupuestos, pero más fácil porque esta vez el Gobierno de Pere Aragonés en la Generalitat de Cataluña es mucho más dependiente del PSC, tras la salida de Junts de ese Ejecutivo de coalición.

Así se lo ha recordado pública y abiertamente estos días el PSC a ERC.

Acuerdos con ERC

Fuentes del Gobierno sí admiten que ERC necesita poder mostrar acuerdos políticos concretos, por haber optado por una vía de diálogo cuestionada en Cataluña por sectores independentistas.

Además, ERC habla de la “agenda antirrepresiva”, que incluye medidas para exculpar a los implicados en el proceso independentista de Cataluña. Por ejemplo, la modificación de los delitos de rebelión y sedición para que se aplique de forma retroactiva a algunos de los implicados.

Este jueves, la ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró que es "necesaria" la revisión del delito de sedición, aunque ha intentado  desligarlo de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, como pide ERC, informa Europa Press.

Preguntada por su opinión acerca de esta demanda de ERC, la responsable de Justicia ha señalado que España se tiene que "homologar en términos democráticos" a otros países europeos, adaptando las características de la sedición para que haya unas "penas adecuadas a las conductas que se consideran sediciosas”.

Los trabajos para esa reforma legal los concluyó el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pero fue guardado en un cajón por Pedro Sánchez. Ahora su tramitación parlamentaria, que exige varios meses de procedimiento, puede ser contraproducente para el PSOE de cara a las próximas elecciones.

ERC también exige que salga adelante el proyecto de Ley de vivienda que, a su vez, mantiene frenado el PSOE en el Congreso por falta de acuerdo con Unidas Podemos. Además, el Gobierno da por hecho el apoyo de partidos como Más País, Teruel Existe y Bildu.