Al menos 15 detenidos por yihadismo en los últimos años llegaron a España con mafias de la inmigración

Los datos proceden de los archivos del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska. Corresponden a las operaciones realizadas desde el año en el que el exjuez ocupa el cargo. Y a pesar de que no es una estadística pública, han podido ser desglosados de esta manera gracias a una pregunta parlamentaria del Partido Popular, registrada el pasado 11 de agosto en el Congreso.

La contestación del Gobierno -a la que ha tenido acceso este diario- no llegó hasta dos meses después, el 6 de octubre, una vez acabada la campaña de verano en la que la presión migratoria en Canarias aumentó gravemente respecto al año anterior.

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La solicitud oficial de información, firmada por la diputada Isabel Borrego y la portavoz popular en asuntos de Interior, Ana Vázquez, respondía a preocupación de la formación de Alberto Núñez Feijóo por que haya "una permisividad hacia la entrada de inmigrantes en España", denunciada en varias ocasiones en el Congreso.

Uno de los yihadistas detenidos en Barcelona, llegados en patera en diciembre de 2020 y, a la derecha, el autor de la masacre de Viena un mes antes. E.E.

"Actualmente, España es el coladero de la inmigración de Europa y el coladero de las mafias que trafican con seres humanos que tienen necesidades vitales y que desean llegar a España y al resto de Europa para poder sobrevivir", afirma Vázquez en conversación con este diario. "Pero al mismo tiempo, estas mafias utilizan a esos seres humanos para ser un coladero de personas relacionadas con el yihadismo".

Fuentes del departamento de Marlaska alegan, en conversación con este periódico, que la contención en las cifras generales de migrantes que reflejan las estadísticas oficiales es cierta. Y aseguran que "la colaboración con Marruecos nunca dejó de ser satisfactoria, ni en el peor de los momentos de la crisis diplomática" con el país vecino.

La óptica europea

Sin embargo, este periódico ha confirmado, en fuentes a ambos lados del Estrecho, que varios programas de cooperación entre las agencias gestoras de los programas de cooperación y los cuerpos de seguridad se mantienen encallados a causa de sucesivos obstáculos burocráticos alegados por Rabat. No sólo los bilaterales, sino los financiados y pilotados por la Unión Europea.

Es más, pocos días antes de que el PP registrara su solicitud de información, EL ESPAÑOL revelaba que Argelia había suspendido todo intercambio de información "no vital" en materia antiterrorista con España. Y cada vez más, tanto desde Madrid como desde Bruselas, el problema de la migración se mira con los prismáticos de la seguridad.

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Hace ya más de dos años que el Parlamento Europeo negocia internamente la propuesta del nuevo Pacto sobre migración y asilo, que propuso la Comisión el 23 de septiembre de 2020.

Mientras la directiva sigue empantanada, aún rige en la Unión Europea la norma de que cualquier persona llegada al continente es responsabilidad del Gobierno del primer país en que desembarca. Y el texto planteado por Bruselas no avanza porque los países frontera exigen arreglar ese punto... y el resto no acepta.

La situación crea la paradoja de que los países ricos se desentienden, y los más pobres cargan con los gastos policiales y la carga social, a modo de zona de contención. La idea que sobrevuela esa filosofía es que si el problema queda lejos, el problema es menos.

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Un planteamiento parecido al que aplica la UE en sus acuerdos con Turquía desde 2016, con los huidos de las guerras en Afganistán, Siria y el resto de Oriente Próximo.

"No son sólo yihadistas, también llegan en pateras personas relacionadas con tráfico de drogas, como hemos podido ver en otras respuestas parlamentarias", denuncia la diputada del PP. "Así que exigimos al Gobierno de España contundencia en defender las fronteras y en defender una inmigración regulada y ordenada como marca la Unión Europea".

Pero la paradoja se cierra del todo al recordar que la política que mantiene Bruselas está basada en la que ideó España en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, sellando acuerdos similares con Mauritania y Marruecos.

En ellos ha ido basando la UE, estos últimos años, sus políticas de cooperación, que ahora incluyen la componente de "seguridad en origen": dinero, equipamientos, programas de formación y patrullas conjuntas a cambio de que las pateras se queden en tierra. Y, claro, de que los migrantes no salgan.

La realidad y los populismos

Pero salen. Porque tampoco los países de la llamada "vecindad sur" pueden soportar una presión migratoria creciente. Y, de vez en cuando, o bien "se abre el grifo" -en la terminología coloquial que utiliza uno de los eurodiputados que negocia esta directiva- o bien se usa la oleada migratoria como método de presión política.

El rey Mohamed VI sabe mucho de esto. Y Argelia, desde que en marzo se enemistó con el Gobierno de Pedro Sánchez, está aprendiendo una lección que, admiten fuentes de Interior, nunca había completado.

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Las mafias lo saben. Y los Veintisiete también. Las primeras cambian sus rutas de traslado por tierra y sus 'puertos de salida' al son de los esfuerzos y de las diferentes operaciones de seguridad exterior de la UE, de la mano de la gendarmería marroquí, las fuerzas de seguridad libias, o la policía mauritana, sus contrapartes en el sur del Mediterráneo.

Los segundos, por su parte, luchan por sus intereses nacionales en el seno del Consejo… y de la propia Eurocámara. Esta materia, tan sensible para los electores, se sustrae de ideologías y grupos parlamentarios, y hace que muchos eurodiputados abandonen su condición de "representantes de todos los ciudadanos de la Unión" para regresar a la de políticos de su Estado de procedencia, defendiendo intereses nacionales.

Y es que es indudable que el interés a corto plazo -el que opera como incentivo en un representante público elegido por sufragio- es, sobre todo, evitar problemas. Más aún, teniendo en cuenta que el dosier sobre migración, asilo y refugio se entremezcla con otro de suma importancia: el de seguridad, Justicia e Interior. Y no sólo en la mente de los populismos que ganan terreno electoral, sino en la práctica real, porque los datos oficiales indican que los terroristas también llegan en patera.

A las mafias de la trata de personas tanto les da quién ocupe la cubierta, mientras esté llena y todos hayan pagado. Y al terrorismo yihadista le es igual cómo infiltrar activos en la tierra de los infieles que desean desestabilizar. Fondos hay, y si hay que pagar el pasaje, se paga.

Eso, sin entrar a analizar la vulnerabilidad económica, la desesperación que facilitan la radicalización o las amenazas. Tal como ha analizado Fernando Reinares, del Instituto Elcano, son múltiples los motivos que impulsan, en determinadas situaciones, a la conversión de un simple migrante que sube a la patera por motivos de supervivencia en "candidato a integrar células yihadistas" al ser acogido por determinados grupos, una vez que su embarcación toca tierra.

"Ya basta de buenismo", reclama Vázquez. "España es un país de acogida y debe seguir siéndolo, pero todo tiene un límite", advierte la portavoz adjunta popular a la vista de los datos oficiales del Ministerio del Interior.