El Gobierno impide que se voten en el Congreso ayudas a los agricultores para gasóleo y fertilizantes

El Gobierno ha vetado en el Congreso la entrada en vigor de las bonificaciones para los agricultores ante la enorme subida de los precios de producción, esencialmente del gasóleo (más de un 75% en lo que va de año) y de los fertilizantes, cuyo precio ha subido un 300% en 2022. El Ejecutivo invocó su prerrogativa para bloquear cualquier enmienda que suponga "aumento de gasto o minoración de ingresos" para las arcas públicas.

A pesar de que las citadas ayudas están contempladas en la vigente Ley 16/2021, de 14 de diciembre, de la Cadena Alimentaria, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se negó siquiera a debatir una enmienda presentada por el Partido Popular que se limitaba a pedir la "entrada en vigor" de estas bonificaciones.

La medida habría supuesto una reducción de "hasta el 35% en la factura del gasóleo, piensos y fertilizantes y un mínimo del 15% en los plásticos", según los populares.

Milagros Marcos, portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, criticó que PSOE y Unidas Podemos se refugiaran en ese mecanismo legal para "ni bonificar a los agricultores las facturas, ni tener que votar en contra". 

Según la enmienda presentada por los populares, la medida hubiera supuesto un coste de 58 millones de euros. Y es precisamente eso lo que alegó el Ejecutivo para vetarla, "pero es que están incumpliendo su propia ley", advierte la diputada popular. 

Milagros Marcos, portavoz de Agricultura del Partido Popoular en el Congreso. PP

Efectivamente, la norma sobre la Cadena Alimentaria, impulsada por el Ministerio de Luis Planas, contempla estas bonificaciones en su Disposición Adicional Primera: "El Gobierno posibilitará [...] la bonificación de hasta un 35 % y un 15 % de la factura del gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes, respectivamente, utilizados en las actividades llevadas a cabo en favor de los operadores".  

Según los últimos datos de Eurostat, la subida de los precios en los mercados internacionales —exacerbada tras el inicio de la guerra en Ucrania— ha hecho caer hasta un 70% la producción de fertilizantes en la Unión Europea. Como consecuencia, los precios se han multiplicado por cuatro en el último año. "Y el Gobierno se niega a darle al campo las ayudas que le corresponden por ley", recuerda la portavoz del PP.

Los populares denuncian que, "hasta ahora, y a pesar de los enormes costes que están teniendo que soportar los trabajadores del sector primario en esta crisis", no se ha cumplido las disposiciones legales. "Si el Gobierno que promovió la ley la incumple, ¿qué espera que hagan quienes no saben cómo cubrir esos costes?", alega Milagros Marcos.

Las asociaciones agrarias añaden que, no sólo el gasóleo ha aumentado un 75% de precio, "también los piensos han subido más de un 60% y hasta cuatro veces más la energía".

Para el PP, es llamativo el veto a estas bonificaciones, alegando que suponen un gasto de 58 millones de euros, precisamente en la semana en la que llegaban los nuevos Presupuestos Generales al Congreso, con un techo de gasto de más de 198.000 millones.

"Es inmoral"

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) denunciaba este jueves que las cuentas públicas de 2023 solamente han incrementado un 0,3% la partida destinada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), pasando de 8.845 a 8.868 millones. Es decir, únicamente 23 millones de euros más con respecto a 2022.

Según denuncia este sindicato, el sector agrario es "estratégico para la economía española", ya que representa el 10% del PIB, pero "ha quedado liquidado con tan sólo un 1,8% del total del Presupuesto destinado por Hacienda para el conjunto de los ministerios".

Un incremento que califican de "ridículo, teniendo en cuenta la gravísima situación que atraviesa el sector agrario español" y en contraste con "las considerables subidas en ministerios como Derechos Sociales, Igualdad o Cultura".

Para el PP, resulta "inmoral" el veto del Ejecutivo. La portavoz popular de Agricultura recuerda que su formación "únicamente había pedido la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, que entró en vigor el año pasado por iniciativa del Gobierno de Sánchez".

Marcos insiste en la necesidad de reducir los costes de producción, junto a la bajada de impuestos como el IVA en alimentación y el impuesto a la renta sobre las personas físicas (IRPF).

Pero sobre todo, rechaza el "incumplimiento de la ley de la Cadena Alimentaria y de la de Presupuestos", argumentando que la norma del Ministerio de Agricultura "se aprobó antes que las cuentas públicas de 2022". Es decir, que con éste, el Gobierno lleva dos ejercicios "saltándose su propia ley".

Las asociaciones agrarias ya han reclamado que el Gobierno enmiende sus propios Presupuestos de 2023 para incrementar la dotación al MAPA.

"Exigimos las ayudas directas a los sectores agrícolas y ganaderos más afectados por la crisis, al igual que una partida mayor para medidas fiscales, que fueron incluidas en la Ley de la Cadena Alimentaria", coinciden con el PP, "como son la reducción de las facturas del gasóleo agrícola, de los fertilizantes y plásticos en el IRPF, así como la implantación de la doble tarifa eléctrica para el sector".