La situación vital de Alberto Casero, el diputado del Partido Popular célebre a su pesar por haber salvado la reforma laboral del Gobierno de Sánchez, está a punto de desenredarse. Pero no a su favor: el Congreso votará este jueves sobre el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para despojarle del aforamiento y juzgarle por un delito de prevaricación continuada.

El Tribunal cree que Casero, durante su etapa como alcalde de la ciudad cacereña de Trujillo (2011-2019), omitió los requisitos esenciales de la contratación pública. Se han encontrado indicios de que no respetaba los procedimientos administrativos, que no intervenían los órganos competentes, que no había publicidad y que algunas de las adjudicaciones eran a dedo.

Sin embargo, las sospechas que han llevado a esta situación nacieron justo cuando finalizó su mandato. Tras las elecciones municipales de mayo de 2019, el Ayuntamiento de Trujillo cambió de signo. Del Partido Popular de Casero, el consistorio pasó a ser gobernado por el PSOE. Ahí empezaron a encontrar cosas raras.

Según comentan fuentes municipales a EL ESPAÑOL, tras el traspaso de poderes comenzaron a llegar facturas al Ayuntamiento de distintas contrataciones realizadas durante la etapa de Alberto Casero. Pero los nuevos técnicos municipales no encontraron nada que avalase que tuvieran que abonar los supuestos servicios.

"Fueron entre 20 y 30 temas, nos bombardearon reclamando el cobro, pero no pagamos porque no encontrábamos los procedimientos administrativos que los justificasen. Al final, los tribunales dijeron que sí, que teníamos que pagar, y se armó tal revuelo en torno al asunto que a la Fiscalía se le encendió la bombilla", aseguran.

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El caso es que la situación no sorprendió. Si bien hay consenso en el municipio de que el primer mandato de Alberto Casero fue bien, durante el segundo se empezó a mostrar errático. "Cogía taxis de Cáceres a Madrid porque no tiene carné, hacía hermanamientos raros con ciudades de Sudamérica y China y se iba ahí a pasar unos días, contrató una asesoría turística que nos devolvió cinco folios de informe tras pagarles 14.000 euros…", cuentan.

Y añaden: "Nos dejó un agujero de siete millones de deuda cuando el presupuesto es de ocho". Trujillo es una ciudad de sólo 9.012 censados, según el Instituto Nacional de Estadística.

El amigo psicólogo

A pesar de la decena de contratos que se encontraron, han sido finalmente cuatro las principales líneas de investigación que han resultado sospechosas para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción II de Trujillo. La más llamativa de ellas es la contratación del psicólogo Pablo Bonilla que, según aseguran a este diario desde el entorno de Alberto Casero, es amigo personal del diputado popular.

Casero contrató a su amigo Bonilla en marzo de 2017 para dar charlas sobre violencia de género y asistir a mujeres víctimas de la misma. Según fuentes del Ayuntamiento, no hay siquiera constancia de que esa actividad se haya llevado a cabo. No hay contratos ni expedientes, tampoco informes que justifiquen la contratación ni ningún documento en el que se aprobara el gasto. Porque los 6.000 euros por ello sí que los cobró.

Más tarde, en agosto del mismo año, Casero volvió a contar con su amigo. Le pagó 18.000 euros por un contrato menor, pero los documentos tampoco aparecieron en el Ayuntamiento. En el resto de líneas de investigación, la Justicia cree que ha seguido, más o menos, el mismo modus operandi.

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Casero firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato por 25.000 euros y no se dio ningún tipo de explicación a los servicios económicos del Ayuntamiento -la excusa que se puso es que no había personal-. Además, no se aprobó previamente el acuerdo y no se publicó en el BOE.

También realizó dos pagos a la Asociación Cultural Bon Vivant en 2018, ambos por un valor de 18.000 euros cada uno. El primero se trató de la organización de un evento de premios y el segundo fue un contrato de patrocinio. En ninguno de los dos siguió los procedimientos de contratación. Las fuentes del Ayuntamiento están convencidas de que ahí se saltó la ley.

Asimismo se está investigando -por lo mismo, por no respetar los procedimientos- un contrato en 2018 con la empresa Icaro Consultores, a los que pagó 14.303 euros por la organización de un evento, y otro con Radio Interior SL, a quienes abonó 15.000 euros por la promoción de la Feria del Queso.

Probable fin de carrera

De prosperar el suplicatorio y llegar su imputación formal, este frente judicial podría suponer el fin de la carrera de Alberto Casero. El Partido Popular aún no ha tomado ninguna medida contra él, pero fuentes del partido coinciden en darlo por amortizado. Además, él no tiene intención de aferrarse al cargo. 

Casero escaló, de Cáceres a Madrid, gracias a la amistad que entabló con Pablo Casado en su etapa de Nuevas Generaciones. El exlíder del partido le confió una tarea tan relevante como sondear los apoyos que podían recabar de exdirigentes de Ciudadanos, pero la forma en la que se desarrollaron los hechos desdibujaron todo lo posible.

Primero, se equivocó en la votación de la reforma laboral, permitiendo al Gobierno de Pedro Sánchez aprobar un proyecto que, de otra forma, no habría superado la aritmética parlamentaria. Luego se desató una crisis en Génova, con el enfrentamiento con la baronesa madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y los valedores de Casero en la sede del partido desaparecieron del mapa. También se volvió a equivocar votando en el Congreso, este mismo mes de septiembre, a favor de investigar a la llamada Policía política de la era de Mariano Rajoy. 

Casero ha pasado así, concatenando errores con padrinos caídos, a convertirse en un diputado raso. Este jueves se abre la puerta a que se convierta en un diputado raso imputado, y pocos confían en que la nueva directiva capitaneada por Alberto Núñez Feijóo quiera asumir el coste político de mantenerle en el escaño.