Alberto Casero lo ha vuelto a hacer. Debido a un error, ha incumplido la disciplina de voto de su partido para colocarse junto a la mayoría integrada por nacionalistas, independentistas y PSOE en busca de una comisión de investigación que escrute la "policía política" del gobierno de Mariano Rajoy.

"Las enmiendas anteriores eran todas 'sí', 'sí', 'sí'... Cuando ha llegado esta votación, se ha confundido y, en lugar de apretar el 'no', ha vuelto a apretar el 'sí'. Ha sido una equivocación", detallan las fuentes del PP consultadas por este periódico.

La primera vez que Casero, exalcalde de Trujillo y diputado por Cáceres, irrumpió en los medios nacionales fue precisamente por un hecho similar. Aquella noche, en el Congreso, el Gobierno afrontaba una situación muy delicada debido a su incapacidad para aprobar la reforma laboral que tanto había promocionado en los medios de comunicación.

Su mayoría dependía de un voto, ya que los dos diputados de UPN dieron un volantazo de última hora. Cuando Sánchez daba por descontado el fracaso, supo por el marcador que un parlamentario del PP se había equivocado y había dado la victoria a la coalición PSOE-Podemos. Era Alberto Casero.

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En aquella ocasión, su error fue con el voto a distancia. Alegó enfermedad y pidió el sufragio telemático. Confirmado su "sí" en el procedimiento informático, se percató al ver el resguardo de que había errado. Lo comunicó inmediatamente a su partido, que intentó que Batet le otorgara la posibilidad de enmendar el desastre votando presencialmente en la Cámara. No se le concedió.

En un primer momento, el aparato del PP intentó convencer a la opinión pública de que no había sido un error de Casero, sino un error del sistema. Pero pronto, ante la evidencia, esa presión se fue diluyendo.

Por otro lado, Casero se encuentra a punto de ser juzgado en el Tribunal Supremo por presuntos delitos de corrupción. La Justicia ha pedido el suplicatorio al Congreso [sucede así por su condición de aforado] para poder sentarlo en el banquillo.

Los hechos investigados tienen que ver con unos contratos supuestamente irregulares que concedió durante su mandato como alcalde de Trujillo. Se le acusa de prevaricación y malversación de fondos públicos. La cuantía de estos contratos alcanza los 90.000 euros.

Casero fue acogido de buen grado por el entonces secretario general, Teodoro García Egea, que lo convirtió en un importante miembro del aparato de Génova. Tras la llegada de Feijóo, el diputado cacereño ha sido relegado a un segundo plano.