El comisario de Justicia llevará el indulto a Griñán y los ERE en la agenda de su visita a España

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, estará en España desde el próximo 28 hasta el 30 de septiembre en un nuevo intento por su parte de lograr un entendimiento entre los dos grandes partidos (PSOE y PP) para la "renovación urgente" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la "inmediata reforma" de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Ambos asuntos son prácticamente el mismo para la Comisión, preocupada por las "deficiencias" detectadas en el Estado de derecho en España. Y así lo ha hecho constar Reynders en los tres informes publicados críticos con el respeto a la separación de poderes en nuestro país, documentos base del Mecanismo del Estado de derecho, del que el comisario es responsable.

Pero entre los 13 cometidos del mandato de un comisario de Justicia entra también la lucha contra la corrupción. De hecho, el mismo Reynders se comprometió explícitamente ante el Parlamento Europeo al pasar la audiencia previa a su confirmación en el cargo, en una respuesta a la Comisión LIBE: "El [nuevo] Mecanismo Europeo del Estado de derecho", implementado bajo su mandato, "también examinará la capacidad de los Estados miembros para luchar contra la corrupción".

De ahí que Reynders, a petición de esta misma Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, se haya visto impelido a incluir el posible indulto a José Antonio Griñán, impulsado desde las filas del PSOE, apoyado por expresidentes del Gobierno, y alentado desde el mismo Gobierno con declaraciones exculpatorias de la misma ministra de Justicia, Pilar Llop, y otros. 

[Entrevista - Patxi López: "Lo de Griñán no es corrupción, y decir que es malversación es estirar mucho el chicle"]

"Los condenados actuaron con conocimiento de las irregularidades y persiguiendo un fin determinado cuya ilicitud conocían", establece la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso ERE.

Los condenados por el caso de corrupción más oneroso para el erario público en democracia -casi 700 millones de euros malversados durante años- son Manuel Chaves y el citado Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía consecutivamente durante 23 años y del PSOE durante 14, y cuyo indulto ya está en instrucción por parte del Gobierno.

En la última semana, la vicepresidenta de la Comisión de LIBE Maite Pagazaurtundua envió al comisario Reynders una carta -a la que ha tenido acceso este diario- para que incluyera este asunto en las conversaciones que prevé mantener con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la propia Llop. En la misiva, Pagaza le alerta de "la preparación del indulto" de Griñán, uno de sus máximos representantes en los últimos 40 años, condenado a 6 años de cárcel por el caso ERE.

Un "evidente autoindulto"

Según sus argumentos, La carta se produce días antes del viaje del comisario a Madrid para interceder en el bloqueo del nombramiento de los cargos del CGPJ y en ella, Pagaza argumenta que "la campaña a favor del indulto se ha planificado desde el partido de Gobierno para neutralizar el efecto de la sentencia, lo que debilita el Estado de derecho y da carta libre a la futura corrupción".

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico añaden, además, que se trataría de "un evidente caso de autoindulto". Es decir, al ser el líder del partido que comanda el Gobierno el que concedería la medida de gracia a un exdirigente de alto rango de su propia formación, en un caso de corrupción.

Con una circunstancia añadida: que el propio Código Ético del PSOE prohíbe "proponer o apoyar" un indulto en estas circunstancias. Y que ese Código Ético fue promulgado bajo la dirigencia del actual secretario general del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pagazaurtundua recuerda que la sentencia concluye que los condenados usaron los fondos "como si fueran propios" y "según intereses políticos". Pero "pese a la contundencia del fallo judicial, la campaña a favor del indulto cuenta con el aval de los expresidentes socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero", así como de la sucesora de Griñán en la Junta andaluza, Susana Díaz, supone una "preparación mediática" que califica de "preparación al despotismo, la arbitrariedad y el desmán".

Más allá de que la ley que establece "reglas para el ejercicio de la gracia de indulto" sólo priva del derecho al perdón a quien no cuente con sentencia firme (no es el caso), a quien no esté a disposición del tribunal para cumplir la pena (tampoco se da) o aun reincidente (Griñán no lo es), lo cierto es que la norma no es que sea preconstitucional, es que data de 1870. Y que sus escasos 32 artículos son esencialmente procedimentales y no marcan apenas límites.

Recientemente, el propio comisario Reynders ha recordado a las autoridades españolas que -en el caso del Poder Judicial- "una ley como la vigente en España", la de 1985, "hoy no sería admisible".

[Llop elude una citación de Bruselas para responder sobre el CGPJ: ofrece comparecer más adelante]

Por eso, argumentan las fuentes jurídicas consultadas, el perdón gubernativo de un delito de malversación de fondos públicos puede entenderse como un "atentado contra la independencia judicial", pues no deja de ser una forma de enmendar las sentencias de los tribunales. O incluso un ataque a la separación de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

A este respecto, la eurodiputada liberal de Renew, en las filas de Ciudadanos, recuerda en su carta al comisario un precedente en Rumanía: en 2017, la Comisión Europea obligó a las autoridades a retirar su plan de indultos para este tipo de delitos por considerar que socavaba gravemente el Estado de Derecho.

"Es muy grave que personas de la órbita política accedan al indulto por ser compañeros de partido de los integrantes del Gobierno, y supone una violación del principio de igualdad ante la ley y el cumplimiento de las penas", remarca Pagaza.

"Guardián de los tratados"

Más aún, alega que el partido por el que fue elegida como vicepresidenta de LIBE ha planteado "una modificación de la ley para que prohíba que condenados por corrupción se beneficien de esta medida de gracia". 

Así, en el supuesto de que el condenado haya cometido algún delito relacionado con la corrupción -como cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos o apropiación indebida- no podría solicitar por sí mismo el indulto, sino que sólo podría impulsarlo el tribunal sentenciador, y en atención a las circunstancias del caso.

Entre otras modificaciones, Ciudadanos también reclama que la ley vete la medida de gracia "para condenados por delitos de rebelión y sedición". Además, que sea preceptivo el arrepentimiento por parte del condenado y se prevean razones que puedan prever que no reincidirá.

La Comisión Europea es definida como "guardiana de los tratados" de la UE. Y así, Reynders -como consta en la carta de misión de Ursula von der Leyen al comisario de Justicia- está encargado de salvaguardarlos: "El Estado de derecho es un requisito previo para los demás valores fundamentales de los derechos y la democracia [...] Las amenazas al Estado de derecho desafían la base jurídica, política y económica del funcionamiento de nuestra Unión".

Por ello, en sus encuentros con miembros del Gobierno, la agenda de Reynders deberá incluir el caso ERE y el posible indulto al expresidente socialista condenado a 6 años por malversar fondos públicos. Para evitar lo que podría verse como una injerencia política y un fallo en el control de la corrupción en España, como otros anteriores, ya denunciados por la Comisión en su informe sobre el Estado de Derecho.