Entra en vigor el decreto energético con cinco CCAA jugando a la contra que suman 22 millones

Este miércoles, 10 de agosto, han entrado en vigor las controvertidas medidas del plan de ahorro energético del Gobierno de España. La norma no ha gustado a varias regiones y, aun así, habrá de cumplirse en toda España, incluidas las cinco comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que están en contra y suman 22 millones de ciudadanos.

Los gobiernos de Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León acatarán el decreto, aunque lo rechazaron en la reunión mantenida el lunes con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Es verdad que no todas las autonomías con gobiernos del PP son igual de beligerantes en este asunto. Este martes, Juanma Moreno discrepaba de Isabel Díaz Ayuso al subrayar que Andalucía priorizará el ahorro energético y que la Junta quiere tomarse tres meses antes de decidir si recurre la normativa del Gobierno al Tribunal Constitucional. 

Ni siquiera el recurso madrileño ante el Tribunal Constitucional librará a los 64.000 comercios, 30.000 bares y miles de metros cuadrados de edificios públicos que tiene la región de cumplir con la normativa.

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Bajando el conflicto a la calle, el principal cambio lo vivirán las empresas, comercios, tiendas y Administraciones públicas que deben regular el aire acondicionado y apagar su iluminación pasadas las 22.00 horas.

Concretamente, las medidas que están vigentes desde esta medianoche establecen que el aire acondicionado no pueda ser inferior a los 27 grados y la calefacción, en invierno, superior a los 19 grados. Además, la humedad relativa debe mantenerse entre el 30% y el 70%.

Respecto a la iluminación externa de los edificios, se deberán apagar los escaparates y el alumbrado de los organismos públicos a partir de las 22.00 horas.

El plan no le gusta a ninguna de las autonomías del PP, que pidieron retrasarlo y acordar las medidas reuniendo a todos los sectores implicados, pero tampoco a las afines al Gobierno. Las regiones gobernadas por sus socios en el Congreso de los Diputados (País Vasco y Cataluña) han exigido retrasar su puesta en marcha y estudiar más flexibilidad.

PSOE

Incluso algunas comunidades lideradas por los socialistas han aceptado las medidas con la boca pequeña. Aseguran que pondrán en marcha el proyecto por "responsabilidad", pero no se muestran plenamente convencidos.

Lo aprobado tendrá vigor hasta noviembre de 2023 y las limitaciones irán aumentándose conforme pasen los meses. Por el momento, ya se conoce que a finales de septiembre los comercios deberán de tener un cierre automático de puertas.

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Las regiones que se han posicionado a la contra acatarán las órdenes que emanan de la Moncloa, otra cosa es que lo hagan a golpe de multa. Y eso que el Real Decreto Ley contempla sanciones conforme a lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE).

Según este apartado, que remite a la Ley de Industria de 1992, las multas podrán alcanzar los 60.000 euros para las infracciones leves, con un máximo de seis millones para las graves y de 100 millones de euros para las "muy graves".

El Gobierno ha asegurado que, en todo momento, las multas que se prevén son las de carácter leve. Para incurrir en las graves o muy graves deberían referir algún tipo de daño a "personas, flora, fauna…".

El principal miedo lo tienen los comerciantes, como ha denunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Poner cierres automáticos repercute una inversión que se hace especialmente difícil para los comercios más pequeños. Para ellos, Ribera ha asegurado que habrá diversas excepciones y "ayudas".

Por ejemplo, aquellos centros que no puedan cumplir los límites de temperatura por condiciones laborales o especificidades del sector, quedarán excluidos. Esto también se aplica a los centros educativos (universidades, colegios, guarderías), centros sanitarios, peluquerías, gimnasios y medios de transporte.